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5/9/12

EL PROYECTO QUE ESTABLECE LA CUARTA URNA

La Constitución de 1980 no refleja el común sentir ciudadano y no responde a los requerimientos del tiempo presente, por cuanto, a través de su normativa, se ha definido un modelo determinado de sociedad, en los ámbitos políticos, económicos y sociales, que no representa a la ciudadanía”.

“El cambio de la actual Constitución por una nueva no se puede realizar a través del procedimiento establecido en ella. Dichos mecanismos, además de ser extremadamente complejos y de suponer un largo proceso, son, por esto y por sus quórum, ajenos a cualquier ordenamiento constitucional democrático, toda vez que producen el efecto de petrificar las normas”.

“El tercer domingo del mes de noviembre del año 2013, junto con las elecciones presidenciales y parlamentarias, se efectuará un plebiscito a fin de que los electores manifiesten su aprobación o rechazo de la convocatoria a una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución Política”.

Una “Asamblea Constituyente que tenga como función exclusiva y específica elaborar un nuevo texto constitucional dotado de una clara e indiscutida legitimidad de origen, así como de contenidos democráticos en todos los ámbitos de su regulación”.

“Aprobada así la proposición de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución Política, el Presidente de la República convocará a la elección de la misma dentro de un plazo de doscientos cuarenta días (ocho meses), debiendo realizarse ésta dentro del plazo de noventa días desde la convocatoria”.

“A los 150 días de efectuada la Proclamación de aprobación del Tribunal Calificador de Elecciones el Presidente de la República, enviará al Congreso un Proyecto de Ley que establezca el mecanismo por el cual se elegirán los delegados a la Asamblea Constituyente, el que deberá asegurar la debida representación de la diversidad del país”.

(Negritas: J.F.S.)

El lunes 3 de septiembre fue presentado en el Senado de la República, en Santiago, el proyecto de ley de reforma constitucional elaborado por organizaciones sociales que establece la instalación de una cuarta urna en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2013, con el fin de que la ciudadanía pueda expresar su aprobación o rechazo a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución Política de Chile.

Este es su texto completo:


Proyecto de reforma constitucional que establece una cuarta urna plebiscitaria durante las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias para que la ciudadanía se pronuncie por el cambio de la Constitución a través de una Asamblea Constituyente.

Honorable Senado:

El actual texto de la Constitución Política de la República y su capítulo XV contiene las normas que regulan la reforma de la Constitución, sin definir ningún procedimiento destinado a permitir o acordar la sustitución de la Constitución por otra. Si se analiza la normativa contemplada en los artículos 127 a 129 del cuerpo legal mencionado, se observa que en ellas sólo se prescribe la forma mediante la cual el Parlamento de Chile puede reformar la Constitución, vale decir, variar parcialmente el contenido de los preceptos de ésta.

Sin embargo, como ha sostenido la doctrina sobre la materia, el cambio de la actual Constitución por una nueva no se puede realizar a través del procedimiento establecido en ella. Dichos mecanismos, además de ser extremadamente complejos y de suponer un largo proceso, son, por esto y por sus quórum, ajenos a cualquier ordenamiento constitucional democrático, toda vez que producen el efecto de petrificar las normas, permitiendo que una minoría exigua ejerza un veto ilegítimo sobre la voluntad política de la mayoría ciudadana.

En esta situación sostenemos que el único camino legítimo de superación de la condición o dificultad señalada es el ejercicio del poder constituyente originario por su exclusivo titular: la ciudadanía.

Tal como señala el Constitucionalista Humberto Nogueira Alcalá el poder constituyente originario es siempre un poder que reside en el pueblo como titular, sin que nunca pueda ser enajenado del mismo, el que, en cualquier momento, tiene el derecho de cambiar la Constitución si estima que ello es indispensable, siendo un poder extra-ordinem respecto de la Constitución anterior, el cual se fundamenta en la idea de derecho vigente en la sociedad en ese momento histórico y en los límites de oportunidad que posibiliten la legitimación de su obra por el cuerpo político de la sociedad, sin perjuicio de los límites impuestos por el derecho internacional en sus diversas fuentes: Principio de Ius Cogens, Derecho Consuetudinario y Derecho Convencional Internacional’.

Por lo expresado es evidente que la Constitución actual debe ser reformada para que esto sea posible, abriendo espacio a la solución democrática por excelencia, que importa el ejercicio del poder constituyente originario, a través de una Asamblea Constituyente, que es la única forma de restablecer la potestad a su titular, la ciudadanía.

Chile, en la actualidad, es el único país latinoamericano que, habiendo sufrido la interrupción de su historia constitucional y democrática por intervención de las FF.AA. en un momento de su desarrollo, continúa rigiendo su organización como Estado, por normas constitucionales nacidas de ese régimen, y por tanto ilegítimas en su origen. Esta ilegitimidad, así como la de sus contenidos básicos, no ha sido superada, no obstante las reformas efectuadas, pues ellas no han sido suficientes para cambiar el carácter particular del Estado que la actual Constitución establece, manteniendo lo sustantivo del sistema político y del orden económico-social asociado a él. Por el contrario, todos los países latinoamericanos que sufrieron iguales circunstancias, así como antes España, han cambiado su orden constitucional, por la vía de que el pueblo soberano ejerza su potestad constituyente originaria, provocando todos los beneficios que ese proceso democrático real aporta a sus realidades como naciones.

Sostenemos que, como consecuencia de diversas circunstancias sociales, morales, jurídicas, económicas e institucionales se ha formado una opinión pública consistente, en el sentido que conviene a los altos intereses del país que el pueblo soberano, proceda a elegir una Asamblea Constituyente que tenga como función exclusiva y específica elaborar un nuevo texto constitucional dotado de una clara e indiscutida legitimidad de origen, así como de contenidos democráticos en todos los ámbitos de su regulación.

A las consideraciones precedentes, que constituyen, por si solas, causal bastante para convocar a la elección de una Asamblea Constituyente, debe agregarse que el cuerpo aludido del año 1980, no refleja el común sentir ciudadano y no responde a los requerimientos del tiempo presente, por cuanto, a través de su normativa, se ha definido un modelo determinado de sociedad, en los ámbitos políticos, económicos y sociales, que no representa a la ciudadanía. Lo anterior se encuentra reflejado en la falta de representatividad y adhesión de que adolecen actualmente los poderes instituidos.

El artículo 26, en su inciso primero, del texto vigente de la Constitución de 1980, dispone: El Presidente de la República será elegido en votación directa y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. La elección se efectuará conjuntamente con la de parlamentarios, en la forma que determine la Ley Orgánica Constitucional respectiva, el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones’.

De acuerdo con estas normas, en armonía con lo establecido en el artículo 174 de la Ley 18.700, el tercer domingo del mes de noviembre del año 2013 tendrán lugar en el país, elecciones Presidenciales y parlamentarias.

Por los fundamentos expresados, sometemos a la consideración del Senado el siguiente Proyecto de Reforma, con la finalidad que el año 2013, junto con la elección de Presidente de la República y parlamentaria, se efectúe un plebiscito, agregando una cuarta urna al efecto –tercera en los distritos que no elijan senadores- con el propósito que los electores –el poder constituyente originario-, se pronuncien aceptando o rechazando la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución.

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Artículo único: Agrégase como disposición vigésima segunda transitoria a la Constitución Política de la República de Chile la siguiente:

Vigésima Segunda. El tercer domingo del mes de noviembre del año 2013, junto con las elecciones presidenciales y parlamentarias, se efectuará un plebiscito a fin de que los electores manifiesten su aprobación o rechazo de la convocatoria a una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución Política. Para tal objeto, en todas las mesas receptoras de sufragios existirá una urna al efecto, en la cual los electores depositarán la cédula del plebiscito señalado. La cédula tendrá al centro, la siguiente oración: Plebiscito Asamblea Constituyente para Nueva Constitución; debajo de ésta habrá dos líneas horizontales, una al lado de otra. En la parte inferior de la primera línea, se imprimirá la palabra apruebo, y en la parte inferior de la segunda línea, se imprimirá la palabra ‘rechazo’, a objeto que cada ciudadano manifieste su preferencia.-

El Tribunal Calificador de Elecciones proclamará aprobada la proposición de convocar a una Asamblea Constituyente siempre que la opción apruebo haya obtenido el mayor número de votos. Para estos efectos, los votos en blanco y nulos se considerarán como no emitidos.

Aprobada así la proposición de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución Política, el Presidente de la República convocará a la elección de la misma dentro de un plazo de doscientos cuarenta días, debiendo realizarse ésta dentro del plazo de noventa días desde la convocatoria.

A los 150 días de efectuada la Proclamación de aprobación del Tribunal Calificador de Elecciones, el Presidente de la República enviará al Congreso un Proyecto de Ley que establezca el mecanismo por el cual se elegirán los delegados a la Asamblea Constituyente, el que deberá asegurar la debida representación de la diversidad del país.

La Asamblea Constituyente será independiente en sus deliberaciones de todo otro órgano legal o constitucional de la República, y definirá sus procedimientos de deliberación en forma autónoma de toda otra autoridad. No podrá dictar leyes, remover autoridades ni abocarse en forma alguna a otro tema que la elaboración de un Proyecto de Nueva Constitución Política de la República, para lo que tendrá un plazo de 180 días desde su instalación, el que podrá ser prorrogado por decisión fundada de la mayoría absoluta de sus miembros. El texto constitucional emanado de sus debates será sometido a Plebiscito para su aprobación o rechazo.

En el caso que la ciudadanía apruebe la proposición que presente la Asamblea Constituyente, el Tribunal Calificador de Elecciones comunicará al Presidente de la República dicha aprobación, el cual deberá promulgarla dentro del plazo de diez días contados desde dicha comunicación. Su publicación se hará en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio.

Senador José Antonio Gómez
Senador Guido Girardi
Senador Alejandro Navarro
Senador Jaime Quintana 
Senador Fulvio Rossi”.

Imagen: CHT

Foto: Esteban Maturana, dirigente social de la Salud; senadores Girardi y Gómez; Gustavo Ruz, coordinador del Comité de Iniciativa por una Asamblea Constituyente; senador Quintana y diputado Rodrigo González. senadorgomez.cl

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