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2/11/15

Esto no es un proceso constituyente

La Presidenta Bachelet elude un proceso impulsado pero no dirigido por el gobierno, con delegados electos libre y especialmente, representativos de toda la sociedad y deliberantes en forma autónoma. 

La propuesta sobre el procedimiento para llegar a una nueva Constitución anunciado hace algunas semanas por la Presidenta Michelle Bachelet no es un auténtico proceso constituyente, sino sólo un plan gubernamental. 

La gobernante ha anunciado una campaña de educación cívica elaborada por el gobierno, un proceso de reuniones y consultas vecinales no vinculantes, un proyecto de reforma constitucional para ser aprobado por los dos tercios de un Congreso binominal y cuestionado, y un proyecto de nueva Constitución redactado también por el gobierno y dejado a discreción de parlamentarios designados previamente por los partidos políticos. 

Al tiempo que no se sale un centímetro del marco institucional proveniente de la dictadura y acata incluso sus reglas más duras, habla de la necesidad de incorporar derechos sociales fundamentales y de facilitar una participación ciudadana efectiva; mientras asegura un proceso lejano a las experiencias venezolana, boliviana o ecuatoriana –consistentes, por paradoja, en una asamblea constituyente- y evita aparecer como un caudillo populista, delega finalmente su compromiso político en un Parlamento pinochetistamente institucional. 

Las etapas 

El plan partirá por una campaña de educación cívica de la que se desconoce aún su formato, medios de difusión y, sobre todo, el lineamiento de su contenido. Particularmente importante es cómo se identificará y tratará preceptos democráticos esenciales, como la soberanía popular y su máxima expresión, la Asamblea Constituyente, ambos minimizados y hasta denostados incluso por ex Presidentes de la República de la alianza gubernamental. 

Acto seguido, a partir de marzo próximo, el Ministerio Secretaría General de Gobierno organizará y coordinará una serie de consultas, diálogos, debates y cabildos a nivel comunal, regional y finalmente nacional, de la que sólo se conoce hasta ahora que no será vinculante; es decir, el gobierno, probablemente a través de una comisión de expertos, se reservará el “derecho” de incorporar, modificar o rechazar discrecionalmente los aportes ciudadanos. ¿Qué ocurriría si la mayoría de los convocados coincide, vulnerando dogmas económicos imperantes, en que los recursos básicos del país, llámense cobre, agua, mar territorial u otros, deben volver a manos del Estado para que beneficien a todos los chilenos? ¿Y si exige lo mismo respecto de los fondos previsionales de los trabajadores? 

A continuación, Bachelet, acudiendo a un Congreso elegido mediante un mecanismo binominal creado en dictadura y con varios integrantes comprometidos por investigaciones judiciales sobre financiamiento ilegal de la política, enviará un proyecto de reforma constitucional para que sea aprobado por los dos tercios de los parlamentaros en ejercicio, proponiendo motu proprio el quórum más alto de los ya prohibitivos establecidos por la Constitución de Pinochet para las reformas de fondo. 

Sería este Parlamento el llamado a decidir sobre el procedimiento por el cual su sucesor –elegido esta vez mediante un sistema semiproporcional- tramitaría a partir de 2018 el proyecto bacheletista de nueva Constitución: si una comisión bicameral de senadores y diputados, una convención de parlamentarios y ciudadanos, una Asamblea Constituyente o un plebiscito que delegue tal pronunciamiento en la ciudadanía. En una “clase” política donde lo republicano se centra en ella misma y la ciudadanía sólo tiene un papel de elector, no hace falta analizar mucho para suponer cuál mecanismo constituyente le conviene más. 

El desafío 

Así y todo, en la decisión de Bachelet de llevar adelante un proceso de nueva Constitución se observa mucho de autoimposición y desafío personal. ¿Estaríamos en esta instancia si ella se hubiera limitado a prometer sólo reformas puntuales? Lamentablemente, su buena intención se diluye en medio del sistema político que ella misma ha contribuido –y poderosamente- a consolidar: una democracia elitista e indiferente a la soberanía popular, que logra el contraproducente efecto de hacer inmutable e irreversible la herencia dictatorial. 

Lo verdaderamente trascendente y novedoso de todo esto, así como se prevé, será la reacción y actitud que en definitiva adoptará la población ante esta propuesta gubernamental, la más importante, sin duda, desde el término de la dictadura en 1990. 

¿Qué esperar? En este momento, un proyecto de reforma constitucional que faculta al Presidente para llamar a plebiscito, en trámite en la Cámara de Diputados, y una propuesta de Asamblea Constituyente presentada por los presidentes de las comisiones de Constitución de ambas cámaras. 

De la magnitud de la respuesta ciudadana, positiva o negativa, dependerá que la convocatoria presidencial a un proceso destinado a promulgar una nueva Constitución Política del Estado se transforme en un verdadero proceso constituyente, impulsado pero no dirigido por el gobierno, con delegados electos libre y especialmente, representativos de toda la sociedad y deliberantes en forma autónoma; o bien, como ha sucedido últimamente con los comicios generales, que los convocados se resten mayoritariamente, dejen la propuesta constitucional a su suerte y permitan que sus conductores políticos sigan interpretando en forma unilateral cuáles son los intereses y aspiraciones de los chilenos y actuando en consecuencia.

Julio Frank S.