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30/11/16

Conflictos de intereses presidenciales y periodísticos

¿Es lícito que un Presidente-empresario compre para sí una firma pesquera de un país con que mantiene un diferendo limítrofe marítimo e interesada potencialmente en la zona en litigio? Y a los encargados de perseguirlo informativamente, ¿es permisible hacer de voceros de quienes auspician sus programas periodísticos? La respuesta de los involucrados (y de sus adherentes y auditores) parece ser: Sí, se puede.

La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente del Ministerio Público se hizo cargo de una querella sobre negociación incompatible y uso de información privilegiada en contra del ex Presidente y millonario empresario Sebastián Piñera. El libelo fue presentado por el diputado comunista Hugo Gutiérrez luego que investigaciones periodísticas revelaran que durante la pasada administración de Piñera (2010-2014), y en plena tramitación de un litigio sobre límites marítimos con Perú en la Corte Internacional de La Haya, la empresa matriz de éste adquiriera acciones de una firma pesquera peruana con potenciales, pero directos intereses en la zona en conflicto. La ley sobre fideicomiso ciego a la que el mandatario se sometió previamente no incluía sus inversiones en el extranjero.

El proceso jurídico significó finalmente una pérdida de territorio marítimo para Chile.

Invoca el querellante los artículos 240 del Código Penal, que sanciona al empleado público que se involucrare en operaciones personales relacionadas con el desempeño de su cargo, así como el artículo 247 bis de dicha norma y la Ley de Mercado de Valores, que castigan el uso de información secreta y privilegiada, respectivamente, en beneficio propio o de un tercero. Aunque el ex gobernante y posible postulante a un segundo período aseguró que desconocía dicho negocio, se quejó de “campaña sucia” y actitudes “miserables”, y reafirmó su dedicación y compromiso en defensa de “los superiores intereses de Chile y los chilenos”, lo concreto es que la compra y la oportunidad de la misma fueron confirmadas por diversas fuentes, los administradores del adquirente son su propia familia y una reciente encuesta señaló que el 59 por ciento de los consultados no le creía que desconociera el asunto y sólo el 48 por ciento coincidió con él en cuanto a la calidad de su defensa.

Si un Presidente está plenamente imbuido de las responsabilidades de su alto cargo y defiende cabalmente los intereses de su patria, como ha reiterado, y que, paralelamente, es ya multimillonario, ¿qué necesidad tenía de obtener acciones de una empresa peruana en medio de una controversia limítrofe con un país con el que, además, existe una rivalidad histórica y una guerra en el siglo XIX?

Junto con eso, hubo otro lamentable espectáculo en esta particularmente delicada materia. El jefe del equipo chileno en la actual demanda de Bolivia por salida soberana al mar, José Miguel Insulza (PS), uno de los que objetó la combinación política-negocios piñerista, renunció para presentarse como precandidato a Presidente en 2017, después de varios meses en que su ambición electoral trascendió mucho más que la misión superior que le fue encomendada.

Periodistas-publicistas

Con mucho menos o nada de ventilación pública, pese a que sus protagonistas, paradojalmente, no pueden ser ya más públicos aunque pertenezcan al sector privado, se arrastra una controversia que involucra a quienes, entre otras funciones, deben perseguir informativamente conflictos como el aludido. En los últimos diez años, se ha consolidado la práctica simultánea del periodismo y la publicidad, en la que un profesional que conduce un programa informativo en una radioemisora de frecuencia modulada se encarga, además de leer –y, algunas veces, también comentar- los anuncios comerciales de los auspiciadores de su espacio. El Código de Etica Profesional del Colegio de Periodistas de Chile prohíbe literalmente dicha práctica, entendiendo que esa doble y paralela función es una fuente de confusión y desinformación para la audiencia.

Apoyados en que la colegiatura gremial no es legalmente obligatoria, algunos “rostros” periodísticos de la televisión, cuyo conocimiento público y credibilidad televisiva –que no es necesariamente la misma que la periodística- sedujeron a los estrategas publicitarios, comenzaron a aparecer paralelamente como íconos de grandes tiendas comerciales, para beneplácito de las finanzas mediáticas y la conveniencia comercial. La radio FM, aparentemente menos expuesta que la televisión, y sus horarios peak matinales y vespertinos fueron los preferidos. El propio ex presidente del Colegio, ex conductor de radio y televisión, y actual precandidato presidencial, Alejandro Guillier, se incorporó entonces a la corriente.

Hoy, dicho papel se ha generalizado, especialmente en las numerosas emisoras pertenecientes a grupos económicos nacionales y transnacionales. Se exceptúan estaciones universitarias estatales y radio Biobío, una empresa familiar que se declara “verdaderamente independiente”, según su eslogan principal.

Si un periodista y conductor de noticias conoce perfectamente sus deberes profesionales, entre los que la independiencia es uno de los más importantes, ¿qué obligación siente de ser vocero de las firmas comerciales auspiciadoras del programa que conduce? El caso de los “rostros” televisivos es más patético, ya que, además, acatando directrices editoriales, contribuyen a censurar ciertas noticias que afectan a algún auspiciador, especialmente protestas laborales en las grandes empresas.

El Colegio de Periodistas actúa en esto sobre la base de denuncias ante su Tribunal de Etica, pero… ¿quién, por muy consistentes que fuesen sus argumentos, osaría acusar pública y formalmente a consagrados profesionales de la información, comprometiendo también a irrefutables medios de comunicación y prósperos consorcios comerciales? En 2006, la entidad emitió un dictamen ético reiterando tajantemente la prohibición respectiva, pero la versión actualizada de su Código de Etica Profesional (2015) es menos rotunda y se limita a mantener el deber de diferenciar el mensaje periodístico del publicitario (artículo decimonoveno).

¿Y la independencia?

Así como el querellante tendrá que probar judicialmente que Piñera no actuó como debía en defensa de los intereses de Chile ante la reclamación peruana, y aunque persista la duda sobre su supuesta ignorancia respecto de negocios propios vinculados con la soberanía nacional, un riguroso auditor tendría también que probar que un periodista incumple su deber profesional al involucrarse personalmente con quienes financian su programa, aunque vale aquí que se pregunte por qué es despojado de su derecho a la independencia de quien le informa.

Debería esperarse que la ciudadanía, o la opinión pública, evaluara y juzgara con estrictez el resultado de tal proceder, pero difícilmente tendrá parámetros adecuados mientras la ética, inserta en una política individualista y desprovista de ideas y en una economía mercantil, esté convertida en un concepto dúctil y maleable. Así, Piñera, de lograr su segundo mandato, podría seguirse enriqueciendo “sin saberlo” y muchos periodistas, dando cuenta de las crisis de determinadas empresas mientras destacan las maravillas de las que “hacen posible” su tarea.

Julio Frank S.

Foto: Sebastián Piñera, Gobierno de Chile, Wikimedia.org