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6/10/17

La ley no es intocable; la democracia, sí


Si la legislación, obra de políticos y juristas, ignora los derechos ciudadanos originarios está atentando contra la democracia, que es obra de todos. Aunque muchos de los afectados lo permitan de buena o mala gana, como en Chile, muchos otros se resisten, como en Cataluña.

Algunos expertos en derecho internacional, consultados sobre el reciente referendo independentista en Cataluña, han reiterado que hay sólo dos escenarios para el ejercicio de un derecho humano fundamental como la autodeterminación de los pueblos: uno, en colonias y dominios y en pueblos aborígenes o grupos étnicos; otro, en países y regiones o provincias, pactado políticamente, como el caso de Escocia, en el Reino Unido, y Quebec, en Canadá.

Según dicho precepto, los catalanes y su separatismo no tendrían cabida en ellos, menos aún mediante un procedimiento como el desarrollado el domingo 1 de octubre, esto es, una autoconvocatoria a votaciones que infringió, deliberada y flagrantemente, la Constitución y las leyes nacionales que les rigen.

Asimismo, diversos expertos constitucionalistas, coincidiendo con políticos de distintas tendencias, han reiterado que, al no estar contemplada la asamblea constituyente en la institucionalidad chilena vigente, las reivindicaciones, propuestas y gestiones en tal sentido no tendrían destino alguno en este país.

La Constitución, las leyes y el derecho nacional e internacional son obra, sin embargo, precisamente de políticos y expertos, que suelen transferir discrecionalmente el poder originario y ser particularmente inflexibles cuando sienten que alguna propuesta o acontecimiento ajenos a ellos amenazan lo obrado. Ocurrió en el caso catalán, donde incluso se trató de impedir por la fuerza la manifestación cívica popular; ocurre también en Chile, donde la demanda política y social por una nueva Constitución, que derogue la autoritaria de Pinochet, ha terminado en una mera consulta popular no vinculante, de bajo perfil y controlada por el gobierno.

Con y sin violencia

Líderes políticos y mediáticos han opinado fríamente aquí sobre el referendo de Cataluña, dudando generalmente de su efectividad, sugiriendo diálogo, callando estratégicamente o vaticinando un distante futuro para esa comunidad autonómica. Pocos han condicionado su opinión a la brutalidad gubernamental contra ciudadanos que ejercían pacíficamente un derecho o se han conmovido con el masivo ejemplo de voluntad democrática dado por éstos, como ha sido frecuente, en cambio, ante la crisis venezolana.

Líderes políticos y mediáticos analizan también fríamente el opaco presente local, denuncian un estancamiento general, sugieren más y más acuerdos cupulares y esquivan o morigeran denuncias de corrupción, aunque ninguno haya iniciado o persistido en reformas de fondo, en el cambio de las bases impuestas por la dictadura y reformadas a medias por los civiles sucesores.

Cuando ciudadanos de a pie son desmembrados por explosiones o arrollados por camiones terroristas, reciben la compasión y el aliento de sus conductores políticos; cuando intentan aportar su propia iniciativa cívica, reciben condenación y también violencia. Cuando acuden a las urnas para elegirles, son “la fiesta de democracia”; cuando proponen, subsidiando la pasividad partidista, vías concretas para sacudirse de leyes autoritarias, sufren indiferencia o desdén.

Ha tenido que ser un movimiento social el que se instalara en las calles chilenas –coincidiendo con la fecha del referendo catalán- para permitir la opinión ciudadana abierta, esta vez sobre uno de los pilares sacrosantos de la institucionalidad todavía en vigor: el sistema mercantil de seguridad social. Han tenido que ser grupos radicalizados y agresivos los que reivindiquen, con visibilidad y repercusión, los derechos ancestrales postergados de los pueblos naturales de la Araucanía.

No es la legalidad

La conclusión de las cúpulas políticas ha sido similar: ante materias de especial trascendencia, ni catalanes han actuado razonablemente ni chilenos comunes serían capaces de hacerlo.

La democracia, para esa “clase” dirigente, no nace del pueblo o la ciudadanía, como indican los manuales de educación cívica, sino de ella misma. Desde el momento en que gobernantes y legisladores son elegidos, les corresponde, según tal parecer, no sólo asumir en plenitud el papel que sus electores les han encargado representar, sino también preservar indefinidamente ese sistema, dado la intrínseca incapacidad colectiva que atribuyen a sus representados para ejercer un régimen de democracia directa. Aun así, tal prejuicio no sería descabellado si las normas legales generadas interpretaran adecuadamente a los gobernados, pero dicha aspiración se ha desvanecido rápidamente ante la valla de arrogancia, terquedad y cinismo de sus representantes, sostenida por resabios dictatoriales, principios acomodaticios, actuaciones legalistas e indolencia ante la corrupción.

No es la legalidad, en definitiva, lo que impide que lo manifestado por una mayoría catalana el domingo 1 pueda concretarse, como tampoco que pueda realizarse en Chile una asamblea constituyente. Es el legalismo, artilugio al que los conductores nacionales recurren para mantener en marcha el estricto marco político e institucional que han tenido que afinar para satisfacer los minoritarios, aunque apremiantes y decisivos intereses económicos transnacionales, que han convertido particularmente a Chile en una de sus plazas más leales. Junto con disponer dadivosos incentivos para la inversión extranjera y facilitar, además, la invasión foránea a las expresiones culturales autóctonas, se han ocupado de la marginación de ideas, sentimientos e intenciones que tengan algún carácter nacionalista o “populista”, haciendo suya una ideología economicista y globalizadora que sólo busca la estabilidad y el crecimiento de los mercados y de la cultura de consumo.

Hacia todo eso han tenido que apuntar sus leyes en las últimas décadas. Eso ha sido la democracia para ellos. De ahí su escozor ante manifestaciones populares que puedan ponerlo en aprietos, volver el poder constituyente hacia sus detentores originales e indicar un nuevo camino para la sociedad del siglo XXI. Por eso temen a votaciones populares vinculantes que no sean las que ellos convocan.

Sus llamados a la unidad nacional resultan así falaces y patéticos.

Por fortuna, no son las leyes lo intocable, sino la democracia. Y aunque haya muchos ciudadanos a quienes el ejercicio auténticamente democrático tiene sin cuidado, muchos otros todavía lo consideran parte indispensable de la vida humana plena.

Julio Frank S.