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3/6/18

¿A qué ciudadanía le hablan?

Marchas y marchas contra abusos y discriminaciones e instituciones fundamentales azotadas por crisis no parecen remecer a la sociedad chilena. La propia población, orientada al consumo, una engañosa prosperidad y ciertos derechos individuales, lo ha hecho posible, postergando sus aspiraciones comunes superiores y dejando su autoridad sobre lo bueno y lo malo al manejo de una “clase” política pragmática, compacta y tributaria de grandes potencias transnacionales.

A mí nadie me hace callar… ¡Estamos en democracia!”.

La rotunda sentencia podría revelar un acendrado sentido cívico recuperado en Chile tras la dictadura y predominante hoy en este aparentemente estable país. Lo raro fue que su anónimo autor estaba en un salón de lectura de la Biblioteca Nacional y sólo se le había sugerido bajar el alto volumen de su diálogo privado.  

En otra oportunidad, un transeúnte que leía los titulares de un periódico en un quiosco destacaba el alza del precio del petróleo, pero cuando otro le indicó uno que se refería a un escándalo político, dio rápidamente media vuelta y se alejó sin responder. 

Que en la población chilena impere hoy una sensación extraña y recelosa de democracia no era el deseo, pretensión o aspiración que la mayoría antidictadura –incluyendo políticos- manifestara 30 años atrás para restaurar lo que aún se considera el sistema ideal de gobierno. 

Ocurre que después de casi tres décadas de política cupular, organizaciones de la base social desmovilizadas por aquélla, administración estatal atada de manos especialmente en economía y cultura, insólitas granjerías a los negocios multinacionales y compromisos prioritarios con el exterior, a la ciudadanía del siglo XXI le ha quedado meridianamente claro a qué tiene que adherir, qué derechos puede ejercer y qué debe tolerar para poder sobrevivir y relativamente prosperar en un país así reconstruido. Tiene, según esto, que coincidir en que la política es exclusivamente para los políticos; que éstos deben actuar necesariamente bajo la hegemonía globalizadora de las grandes potencias y que la economía, por lo tanto, ha de tratar con privilegios a los grandes capitales foráneos; y que dentro de la variedad de derechos que una democracia auténtica asegura sólo los individuales, aquellos que no disienten o impugnan la institucionalidad y el poder ya en vigor –y que son llamados por éstos, sin embargo, “ciudadanos”- pueden ser aceptables y susceptibles al menos de estudio. 

Las tan alabadas movilizaciones sociales de los últimos años así lo confirman.

Movilizaciones a medias 

Ha habido demandas estudiantiles por una administración educacional que evite la devoción por el lucro; de jubilados y activos exigiendo su dinero en pensiones dignas a un sistema previsional que lo utiliza para enriquecer a sus administradores; de profesores por una carrera docente acorde con el sentido de la educación; de mujeres que sólo ahora reaccionan contra la discriminación y la violencia de género; de trabajadores que luchan por tener un empleo estable, sueldos decentes y no ser humillantemente despedidos; de pobladores amenazados por la contaminación ambiental proveniente de grandes negocios; de promotores de la diversidad sexual esgrimiendo derechos ya consagrados en otros países. Todas ellas, no obstante, han respirado por su propia herida y demandado soluciones puntuales, sectoriales. Y tales han sido también las respuestas y tramitaciones burocráticas recibidas. 

Una salida directa, nacional y de mayor permanencia no ha estado en sus planes. Algunos lo intentaron a través de una larga y esforzada campaña que proponía convocar a una asamblea constituyente que permitiera eliminar el origen común de las inequidades denunciadas –la Constitución pinochetista-, pero el movimiento terminó distorsionado y desechado por los conductores del país, descalificado por el gremio empresarial y apocado por sus dominantes medios de comunicación, todos, con una presunta e interesada ignorancia, adjudicando lo propuesto sólo a naciones en el caos. La soberanía popular, el primero de los derechos democráticos, no está entre lo practicado y enseñado en el país. 

Bastó, una vez más, la simple administración de las instituciones modeladas por la dictadura –Tribunal Constitucional y Congreso largamente binominal incluidos- para sofocar y desalentar las grandes manifestaciones de descontento popular, por gigantescas y persistentes que ellas fuesen, y devolver a la opinión pública a su rutinario y poco trascendente debate sobre política de elite y eslóganes, ficción farandulesca y fútbol-espectáculo, lleno de posverdades y lugares comunes, reproducido estratégicamente por los consorcios mediáticos y conducido en buena parte por periodistas anunciadores de ofertas comerciales. Las reivindicaciones y críticas de fondo han quedado para el mundo virtual de las así denominadas “redes sociales”. 

Más consumo, más temor 

La población, en general, ha observado con cierta distancia los sucesivos y escandalosos casos de corrupción detectados en los últimos años en el país, que han desprestigiado principalmente la política, empresas y grupos económicos de primera línea, la policía uniformada, el Ejército y la Iglesia Católica. En los políticos en ejercicio, a su vez, ha predominado la única respuesta para la cual parecen realmente capacitados: más leyes, más normas que subsanen las ya vulneradas y así sucesivamente (con especial atención a las que les protegen de la competencia de los independientes). 

Aun así, comparado con la magnitud de las corruptelas y calamidades desatadas en otros países, Chile podría creerse un edén si no fuera por un “terrorismo” casero, asentado y extendido que le ofrece un cable a tierra: la delincuencia común. Hace algunos días, un joven irrumpió en un hogar para robar, se encontró con una pareja mayor y su hijo enfermo, en cama, y ultimó fríamente a la mujer que se le opuso. Otro delito muy temido es el llamado “portonazo”, asalto perpetrado cuando el conductor de un vehículo se detiene y baja frente al portón de su casa. 

Presionada la ciudadanía hacia la búsqueda del sustento diario y el éxito económico cada vez más dependientes del comercio sin control y el consumismo, desconfiada respecto del ejercicio del “arte de gobernar” y con un temor cotidiano a un enemigo desconocido como la delicuencia, la “clase” dirigente chilena siente afianzado un papel casi mesiánico generado en la práctica por el voto popular. Y tal concesión no proviene solamente de la base.

Fiscalización “respetuosa” 

El Ministerio Público chileno pudo llegar hasta los principales líderes nacionales de los últimos diez años -Michelle Bachelet y el actual Presidente, Sebastián Piñera- en su investigación sobre casos de financiamiento ilegal de las campañas, pero un predicamento fiscalizador particularmente “respetuoso” hacia imputados de alto rango político les ha favorecido a priori. En su cuenta pública, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, sostuvo abiertamente que los fiscales debían estar conscientes de que sus decisiones podían “impactar” el funcionamiento de instituciones como el Congreso Nacional y alterar así los quórum de votaciones legislativas y la representación popular misma de sus miembros. 

“Mientras los parlamentarios están desaforados, las personas no están representadas y eso altera la democracia”, agregó más tarde en una entrevista radial. 

Los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena renunciaron a la institución en enero pasado luego que fueran marginados de la investigación de los casos Penta y SQM, que atraviesan de lado a lado la política local. Gajardo explicó que había “antecedentes claros” para seguir ascendiendo en las pesquisas hasta llegar a la ex Presidenta Bachelet y el actual Presidente Piñera, explicando que el jefe administrativo de la pasada campaña de Bachelet, Giorgio Martelli, ya fue condenado por tales hechos y en el caso de Piñera “su administrador electoral está formalizado por estos hechos por montos bastante semejantes, más de 300 millones de pesos (unos 407 mil euros)”, dijo. 

Sólo en diputados del nuevo Frente Amplio -de una izquierda fuera del sistema hasta algunos meses atrás- se percibió alguna reacción, aunque su anuncio sobre una posible solicitud de destitución del Fiscal Nacional sonó tímido… 

Tras el monopolio 

A salvo hasta ahora de acciones judiciales que podrían ponerla en aprietos como a algunos de sus pares sudamericanos, la “clase” política chilena, aquella unida por una coincidencia ideológica no disimulada entre los herederos de la derecha pinochetista y de la izquierda demo-izquierdista “renovada”, parece especialmente expectante ante la crisis desatada en la Iglesia Católica por los casos de pedofilia. Debilitados la autoridad y los dogmas de la mayor institución occidental en materia de espiritualidad y moralidad, tiene una promisoria oportunidad de alcanzar otra apetecida y decisiva meta: el monopolio terrenal sobre el bien y el mal. 

Dado tanto éxito y poder, no resulta imprudente para un chileno de a pie mantenerse a una distancia respetable de su dirigencia política, escucharle de soslayo y dejarle gobernar con cierta libertad, recibir de buena gana los beneficios que le concede como sujeto económico y salir a exigir sus derechos sólo cuando el apremio personal resulte insoportable. 

Es otro tipo de ciudadano, aunque sea sólo de nombre… 

Julio Frank S.