La Convención
Constitucional está presentando normas para su propuesta de nueva Constitución y
el Pleno las está aprobando por la supramayoría exigida: dos tercios. Impotente,
la minoría de derecha se apoya ahora en su poder mediático para arremeter sin
miramientos contra el primer órgano constituyente elegido en forma democrática.
Batiendo la resistida supramayoría de dos tercios impuesta por los autores de la Constitución aún vigente, la Convención Constitucional ha ido cumpliendo las diversas etapas de su mandato y ahora se encuentra en la fase crucial, la de aprobación, rechazo, re-deliberación, nueva presentación y aprobación por el Pleno del articulado aspirante a su propuesta final, que será sometida al plebiscito de salida el 4 de septiembre próximo.
Superando numerosas dificultades, internas y externas, el órgano redactor de una nueva Constitución ha aprobado normas que apuntan a un estado regional realmente descentralizado y el reconocimiento constitucional de la autonomía de las naciones originarias. Están pendientes un conjunto de derechos humanos, sociales y culturales acordes con el siglo XXI, una economía adecuadamente respetuosa de la naturaleza, un sistema político más participativo y, en definitiva, un estado social de derecho.
Pero la minoría conservadora-neoliberal, que ha visto cómo casi todas sus propuestas, indicaciones e intentos de negociación se han perdido inapelablemente en las votaciones, se niega a aceptar el veredicto mayoritario. Representante de una elite que ha diseñado la institucionalidad de este país a través de la historia y orientado su curso político, económico y cultural, le ha resultado chocante quedar marginada de lo que siempre ha sentido como obra suya. Ve con alarma, por ejemplo, cómo su particular noción de libertad es postergada por un concepto de derechos que estima erróneo y lesivo. Con algunas de sus preocupaciones coinciden antiguos socios concertacionistas.
El quid del asunto, sin embargo, es un apego no siempre reconocido al pasado reciente: un golpe de estado contra un gobierno socialista, una dictadura militar y una Constitución de corte autoritario. Hasta hace poco tiempo, el sector insistía en que los problemas sociales no dependian de normas constitucionales, pero ahora, en un escenario adverso, está exigiendo diálogo y una “casa de todos”, algo que, oportunamente invocado, pudo haber evitado la crisis. Así también pudo haber sucedido con una política editorial de sus medios afines menos economicista y más sociocultural.
La derecha, pese a todo, está lejos de una derrota definitoria. Aunque aislado en la Convención, su ideario acompaña al mensaje mediático diario, permanente y extendido, y sin competencia durante los últimos treinta años, que la paciente audiencia ha estado escuchando, observando o leyendo sobre todo en los últimos meses. Se trata de una batería comunicacional intencionadamente contraria al proceso y al trabajo constituyentes, muchas veces sin la veracidad deseable, lo que ha dejado en segundo plano la relación formal y estricta acerca de los hechos en curso.
El único medio diario “disidente” comparte el fondo del cuadro selecto.
Una relación muy sucinta
Los embates fueron presentidos el mismo noviembre de 2019, cuando el acuerdo político-partidista que llamó a un proceso constituyente decidió, entre otras condicionantes, mantener el alto quorum de dos tercios para la aprobación de las normas (N° 6) -resuelto finalmente por el órgano mediante su ratificación- y fijar un estrecho plazo de nueve meses prorrogables a doce (N° 11), lo que ha obligado a los convencionales a jornadas diurnas y nocturnas (algo “inhumano”, como lo reconoció el director de uno de los medios radiales opositores).
La interminable seguidilla fue preanunciada por el gobierno de Piñera, que no dispuso a tiempo la implementación técnica de las salas de sesiones en el edificio del Congreso Nacional en Santiago para la instalación de los convencionales.
Enseguida, abrió el fuego mediático una antojadiza versión periodística del primer acuerdo alcanzado por el Pleno.
De ahí en adelante, reproducción de falsedades en general, presiones, recursos no previstos, encuestas proyectadas prematuramente, escándalos supuestos, descalificaciones que han llegado a insultos y otras acometidas de diverso calibre (sin contar amenazas de autor desconocido).
Resulta evidente también la diaria exclusión de micrófonos y pantallas prominentes de muchos constituyentes de mayoría -los más indicados para adentrar en las normas propuestas, discutidas y aprobadas- en favor de voceros críticos y determinados analistas.
Se ha propalado insistentemente noticias alarmistas sobre normas sólo parcialmente aprobadas o bien rechazadas, en tanto el Comité de Etica de la Convención ha amonestado a algunos constituyentes de minoría por desinformar.
Las últimas semanas se han centrado en presiones de la “clase” política, debido a la propuesta preliminar de reemplazar el Senado por una cámara territorial, un Senado que tuvo miembros designados, incluyendo al propio Pinochet como vitalicio, y que ha sido baluarte contra reformas estructurales a la actual Constitución (firmada por el Presidente Lagos en 2005).
Como complemento, saturación deliberada en redes sociales, puntualmente Twitter, con destemplados mensajes políticos en el mismo sentido.
Otra encuesta
Un sondeo de Datavoz (marzo de 2022) reveló que el 58 por ciento de los consultados admitió haber conocido informaciones falsas sobre el proceso constituyente y que, en definitiva, el 30 por ciento las había compartido. En su sección titulada “Desórdenes informativos”, inquirió, además:
“Los grandes medios de comunicación desprestigian intencionalmente el trabajo de la Convención”.
El 52,6 por ciento respondió que esa afirmación era “definitiva o probablemente verdadera”.
La Convención requiere, en consecuencia, desatar el nudo que le ha impedido una adecuada comunicación mediática con el electorado que la eligió y la ciudadanía en general, En carencia de propaganda -el Estado ha preferido sistemáticamente a los medios concentrados-, no se notó desde el comienzo un intento de compensarlo de alguna manera. Ahora, su campaña comunicacional en preparación tendrá que ir contra el tiempo, a menos de tres meses del cumplimiento del plazo y ya encima el inevitable impacto masivo de un poder fáctico sin miramientos como el que enfrenta.
Si ha tenido que salvar obstáculos desde el minuto uno, lo tendrá que seguir haciendo hasta que el partido termine. En todo caso, puede ya adelantar que, tras su primer impulso al pluralismo y al derecho a la comunicación social, ha abierto la puerta a la posibilidad eventual que el sistema mediático tradicional chileno vuelva a transmitir reflejos más finos, profundos, diversos y veraces de la realidad del país y sus habitantes.
Julio Frank S.
Diversas fuentes
Recorte: Extracto de “Desórdenes
informativos”, Encuesta Datavoz, marzo de 2022. laneta.cl
