22 de junio de 2022

Otro hito constituyente: Paridad de género


La Convención propone una participación democrática e institucional paritaria, derechos sexuales y reproductivos, educación no sexista y vida libre de violencia de género, entre otras normas.

Todos los órganos colegiados del Estado, los órganos autónomos constitucionales y los órganos superiores y directivos de la Administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que, al menos, el cincuenta por ciento de sus integrantes sean mujeres”.

Esa es una de las normas sobre democracia paritaria contenidas en la propuesta de nueva Constitución, la que admite una larga historia de postergación y discriminación de género y recoge una centenaria lucha feminista por conquistar y equiparar derechos individuales y colectivos en la sociedad chilena.

La Constitución de 1980 establece sólo la igualdad ante la ley, sumada a una reforma constitucional específica para la generación de la Convención Constitucional, que tiene por eso una composición paritaria que proviene, igual que los escaños reservados a pueblos originarios, de un acuerdo parlamentario de fines de 2019 en el marco de la revuelta social.

La paridad de género es una de las principales aspiraciones concretadas en normas permanentes por el órgano redactor. “En Chile, la democracia es inclusiva y paritaria”, declara, por lo que el Estado reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva –es decir, con igualdad de trato y oportunidades- reconociéndola como principio y condición mínimos para el ejercicio pleno de la democracia y la ciudadanía.

La paridad y la perspectiva de género regirían en los nuevos órganos legislativos -Congreso de Diputadas y Diputados y Cámara de las Regiones-, como también en los concejos municipales, Consejo de la Justicia, órganos autónomos, entidades territoriales, organizaciones políticas, y policías y fuerzas armadas.

El Estado deberá garantizar, además, el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones; así también, los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo (aborto) -votados en contra por convencionales de derecha-, cuyo ejercicio deberá ser regulado por el legislador. Establece también garantías para las mujeres embarazadas y madres de lactantes en el sistema penitenciario.

La educación, en tanto, tendría carácter no sexista e incluye el derecho a la llamada Educación Sexual Integral (también votada en contra por la derecha). Se establece, asimismo, el derecho de todas las personas a los cuidados desde el nacimiento hasta la muerte, con enfoque de derechos humanos, género y autonomía personal, y a cargo de un nuevo ente estatal denominado Sistema Nacional de Cuidados.

Presentación personal

La comisión de Armonización ha terminado un ajuste general del texto constituyente y lo someterá al Pleno de la Convención durante la próxima semana, antes de la entrega del documento definitivo al Presidente de la República el próximo 4 de julio. En consecuencia, por tratarse todavía de un borrador –aunque con una reducción significativa del número de artículos-, se presenta aquí una selección, reordenamiento y subtitulado personales del documento original.

Democracia paritaria

Estado. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico.

Se constituye como una república solidaria. Su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza.

Democracia paritaria. El Estado reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía.

La Constitución asegura la igualdad sustantiva de género, obligándose a garantizar el mismo trato y condiciones para las mujeres, niñas y diversidades y disidencias sexogenéricas ante todos los órganos estatales y espacios de organización de la sociedad civil.

Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación, las instituciones, los marcos normativos y la prestación de servicios, con el fin de alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad. Con ese objetivo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los Sistemas de Justicia, así como los órganos de la Administración del Estado y los órganos autónomos, deberán incorporar el enfoque de género en su diseño institucional y en el ejercicio de sus funciones.

Todos los órganos colegiados del Estado, los órganos autónomos constitucionales y los órganos superiores y directivos de la Administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que, al menos, el cincuenta por ciento de sus integrantes sean mujeres.

El Estado promoverá la integración paritaria en sus instituciones y en todos los espacios públicos y privados.

La política fiscal y el diseño de los presupuestos públicos se adecuarán al cumplimiento de un enfoque transversal de igualdad sustantiva de género en las políticas públicas.

Vida libre de violencia de género

Derecho a una vida libre de violencia de género. El Estado garantiza y promueve el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones, tanto en el ámbito público como en el privado, sea que provenga de particulares, instituciones o agentes del Estado.

El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de violencia de género y los patrones socioculturales que la posibilitan, actuando con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar dicha violencia, así como brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas, considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad en que puedan hallarse.

El Estado tomará las medidas necesarias para prevenir la violencia y superar las desigualdades que afrontan mujeres y niñas rurales, promoviendo la implementación de políticas públicas para garantizar su acceso igualitario a los derechos que esta Constitución consagra.

Todas las personas tienen el derecho a participar de un espacio digital libre de violencia. El Estado desarrollará acciones de prevención, promoción, reparación y garantía de este derecho, otorgando especial protección a mujeres, niñas, niños, jóvenes y disidencias sexogenéricas.

El Estado garantizará la creación de viviendas de acogida en casos de violencia de género y otras formas de vulneración de derechos, según determine la ley.

Derechos sexuales y reproductivos

El Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural; así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones.

El Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria sus derechos sexuales y reproductivos. La ley regulará el ejercicio de estos derechos.

Las mujeres y personas gestantes embarazadas tendrán derecho, antes, durante y después del parto, a acceder a los servicios de salud que requieran, a la lactancia y al vínculo directo y permanente con su hijo o hija, teniendo en consideración el interés superior del niño, niña o adolescente.

Sistema penitenciario

En el caso de mujeres embarazadas y madres de lactantes, el Estado adoptará las medidas necesarias, tales como infraestructura y equipamiento, en los regímenes de control cerrado, abierto y pospenitenciario.

Educación

La educación se regirá́ por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Tendrá un carácter no sexista y se desarrollará de forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística.

Educación sexual integral. Todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad; la responsabilidad sexoafectiva; la autonomía, el autocuidado y el consentimiento; el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad; que erradique los estereotipos de género, y que prevenga la violencia de género y sexual.

El Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado. Se regirá por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación.

Derecho al cuidado

Derecho al cuidado. Todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad.

El Estado garantizará este derecho a través de un Sistema Integral de Cuidados y otras normativas y políticas públicas que incorporen el enfoque de derechos humanos, de género y la promoción de la autonomía personal. El Sistema tendrá un carácter estatal, paritario, solidario, universal, con pertinencia cultural y perspectiva de género e interseccionalidad. Su financiamiento será progresivo, suficiente y permanente.

El Estado promoverá la corresponsabilidad social y de género e implementará mecanismos para la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados.

Participación democrática

Democracia. En Chile, la democracia es inclusiva y paritaria. Se ejerce en forma directa, participativa, comunitaria y representativa.

El Congreso de Diputadas y Diputados es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional que representa al pueblo. Concurre a la formación de las leyes y ejerce las demás facultades encomendadas por la Constitución.

La Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución.

La ley determinará el número de representantes regionales a ser elegidas y elegidos por región, el que deberá ser el mismo para cada región y en ningún caso inferior a tres, asegurando que la integración final del órgano respete el principio de paridad.

El concejo municipal estará integrado por el número de personas que determine la ley, en proporción a la población de la comuna, según los criterios de inclusión, paridad de género y escaños reservados para pueblos y naciones indígenas considerando su población dentro de la jurisdicción electoral respectiva.

Para las elecciones populares, la ley creará un sistema electoral conforme a los principios de igualdad sustantiva, paridad, alternabilidad de género y los demás contemplados en esta Constitución y las leyes. Dicho sistema deberá garantizar que los órganos colegiados tengan una composición paritaria y promoverá la paridad en las candidaturas a cargos unipersonales. Asimismo, asegurará que las listas electorales sean encabezadas siempre por una mujer.

Se establecerán escaños reservados para los pueblos y naciones indígenas en los órganos colegiados de representación popular a nivel nacional, regional y local, cuando corresponda y en proporción a la población indígena dentro del territorio electoral respectivo, aplicando criterios de paridad en sus resultados.

La elección de las y los representantes por votación popular de las entidades territoriales se efectuará asegurando la paridad de género, la probidad, la representatividad territorial, la pertenencia territorial, el avecindamiento y la representación efectiva de los pueblos y naciones preexistentes al Estado.

Las organizaciones políticas reconocidas legalmente implementarán la paridad de género en sus espacios de dirección, asegurando la igualdad sustantiva en sus dimensiones organizativa y electoral y promoviendo la plena participación política de las mujeres. A su vez, deberán destinar un financiamiento electoral proporcional al número de dichas candidaturas.

El Estado y las organizaciones políticas deberán tomar las medidas necesarias para erradicar la violencia de género con el fin de asegurar que todas las personas ejerzan plenamente sus derechos políticos.

De la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente tendrá como única función la redacción de una propuesta de nueva Constitución. Estará integrada paritariamente y con equidad territorial, con participación en igualdad de condiciones entre independientes e integrantes de partidos políticos y con escaños reservados para pueblos originarios.

Función jurisdiccional

Paridad y perspectiva de género. La función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género. Todos los órganos y personas que intervienen en la función jurisdiccional deben garantizar la igualdad sustantiva.

El Estado garantiza que los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia respeten el principio de paridad en todos los órganos de la jurisdicción, incluyendo la designación de las presidencias.

Los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género.

El Sistema de Justicia deberá adoptar todas las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, disidencias y diversidades sexogenéricas, en todas sus manifestaciones y ámbitos.

Consejo de la Justicia. El Consejo de la Justicia es un órgano autónomo, técnico, paritario y plurinacional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es fortalecer la independencia judicial. Está encargado del nombramiento, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia.

En el ejercicio de sus atribuciones debe considerar el principio de no discriminación, la inclusión, la paridad de género, la equidad territorial y la plurinacionalidad.

(…)

Sus integrantes serán elegidos de acuerdo con criterios de paridad de género, plurinacionalidad y equidad territorial.

El Consejo de la Justicia deberá asegurar la formación inicial y capacitación constante de la totalidad de funcionarias y funcionarios y auxiliares de la administración de justicia, con el fin de eliminar estereotipos de género y garantizar la incorporación de la perspectiva de género, el enfoque interseccional y de derechos humanos, sin discriminación en la administración de justicia.

Principio de paridad en órganos autónomos. Todos los órganos autónomos se rigen por el principio de paridad. Se promueve la implementación de medidas de acción afirmativa, asegurando que, al menos, el cincuenta por ciento de sus integrantes sean mujeres.

Policías y fuerza armadas

La disposición, la organización y los criterios de distribución de las policías se establecerán en la Política Nacional de Seguridad Pública. La ley regulará la vigencia, los alcances y los mecanismos de elaboración y aprobación de dicha política, la que deberá comprender la perspectiva de género y de interculturalidad y el pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales.

Las policías deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones y promover la paridad en espacios de toma de decisión. Deberán actuar respetando los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, con pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales garantizados en esta Constitución.

La disposición, la organización y los criterios de distribución de las Fuerzas Armadas se establecerán en la Política de Defensa Nacional y la Política Militar. La ley regulará la vigencia, los alcances y los mecanismos de elaboración y aprobación de dichas políticas, las que deberán comprender los principios de cooperación internacional, de igualdad de género y de interculturalidad y el pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales.

Las Fuerzas Armadas deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones, promover la paridad en espacios de toma de decisión y actuar con pleno respeto al derecho internacional y a los derechos fundamentales garantizados en esta Constitución.

TEXTO DEL BORRADOR DE LA PROPUESTA CONSTITUYENTE

Julio Frank S. 

Imagen: Convencionales de izquierda e independientes celebran la aprobación de derechos de género, 15-3-2022. Comunicaciones, chileconvencion.cl

18 de junio de 2022

Una Constitución de derechos

 





Apuntes sobre la propuesta de nueva Constitución 
de la Convención Constitucional.

J.F.S.

Fuente: chileconvencion.cl

13 de junio de 2022

Por primera vez hacia la consagración de la plurinacionalidad


La Convención propone reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios mediante un estado plurinacional, mientras una oposición cerrada acepta sólo “pluricultural”.

El territorio de Chile es uno más de aquellos que han sido habitados por diversas naciones y pueblos desde mucho antes de la instauración de los estados actuales y la Convención no ha hecho más que recordarlo, interpretarlo y proponer la consagración constitucional de la plurinacionalidad, por primera vez en la historia del país. Sin embargo, la derecha tradicionalista -autora de la Constitución de la dictadura- y otros sectores conservadores han reaccionado con malestar e incluso alarma ante la posibilidad que eso se haga realidad, por considerar que sus preceptos irían mucho más allá de lo multicultural o pluricultural supuestamente aceptable, además de obedecer, agregan, a un afán “indigenista”, afectar el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley e implicar hasta un riesgo de secesión territorial. Así lo han reiterado una y otra vez, en alta voz, miembros y adherentes a través de los principales medios de comunicación y las redes sociales, pese a que respetables académicos y estudiosos del proceso constituyente han desechado tales prejuicios.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, el gobierno chileno envió tropas a la región indígena más poblada, el centro-sur conocido como la Araucanía –inicialmente con unos 100 mil mapuches, según se estima-, ocupó la zona y destinó a su población nativa a reducciones, mientras una parte de ésta se veía obligada a emigrar, incluso a la vecina Argentina. Hoy, la macrozona sur, como se le llama regularmente, o Wallmapu se ha convertido en escenario tanto de reivindicaciones étnicas como de violencia extrema, grave conflicto que autoridades de distinto signo político no han conseguido siquiera aclarar, limitándose la discusión, hasta ahora, a mantener o no allí un estado de excepción constitucional.

En Chile, poco más de dos millones 185 mil habitantes, el 12,8 por ciento de la población, se declararon pertenecientes a una etnia originaria en el censo nacional de 2017.

La Constitución de 1980 -que quedaría derogada si la opción “Apruebo” triunfa en el plebiscito de salida del 4 de septiembre próximo- no menciona a los primeros pueblos y tampoco lo hacen sus reformas posteriores, pero el gobierno de Patricio Aylwin abordó el tema mediante la Ley Indígena de 1993 y sucesivos tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el país han servido también como antecedentes e insumos para la elaboración de la propuesta constituyente en esta materia.

Muchas naciones, un solo estado

Al consagrar, primero, que “Chile es un Estado social y democrático de derecho” y enseguida que “es plurinacional, intercultural y ecológico”, el texto redactado por la Convención Constitucional parte por reconocer la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el territorio nacional, siempre “en el marco de la unidad del Estado”. Es así que, enumerados en el proyecto, se les otorga una serie de derechos y garantías para el ejercicio de sus políticas y costumbres ancestrales, comenzando por la autonomía y el autogobierno, y especialmente el derecho a sus tierras, territorios y recursos. Así también, se reconoce sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales, y el derecho a la propia cultura, a la identidad y cosmovisión, y al patrimonio y la lengua. Prohíbe, en consecuencia, la asimilación forzada o la destrucción de sus culturas.

Se crea, asimismo, las Autonomías Territoriales Indígenas, que habilitan el ejercicio de esos derechos en coordinación con las demás entidades territoriales que integran el nuevo Estado Regional.

Mediante el denominado pluralismo jurídico, en tanto, se reconoce los sistemas jurídicos indígenas, los que, en virtud del derecho a la libre determinación, coexistirán, agrega la norma, coordinados en un plano de igualdad con el nuevo Sistema Nacional de Justicia. Igualmente ocurre con la autonomía para desarrollar establecimientos e instituciones educacionales según sus costumbres y cultura, respetando los fines y principios de la educación y dentro de los marcos del Sistema Nacional de Educación establecidos por la ley.

Así también se establece que el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones –el nuevo Poder Legislativo- son instituciones plurinacionales y que las naciones y pueblos originarios dispondrán en ellas, como en la Convención, de escaños reservados, y también en los concejos municipales, y que esa población tendrá derecho además a presentar iniciativas indígenas de ley.

Presentación personal

El articulado descrito atraviesa originalmente distintos capítulos de la propuesta. La comisión final de Armonización se está encargando precisamente del ajuste general del texto, antes de que éste sea presentado al país el próximo 4 de julio. En consecuencia, por tratarse todavía de un borrador sujeto a dicho proceso -el que contempla incluso la reducción del número de artículos-, se presenta a continuación una selección y reordenamiento realizado en forma personal, con algunos subtítulos añadidos, en un intento por dar una secuencia determinada al contenido, simplemente a manera de información.

Lo señalado:

Estado plurinacional y libre determinación de los pueblos

Estado. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico.

Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Son pueblos y naciones indígenas preexistentes los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk’nam y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley.

Los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales.

En especial, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio y la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios, la protección del territorio marítimo, de la naturaleza en su dimensión material e inmaterial y al especial vínculo que mantienen con éstos, a la cooperación e integración, al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Es deber del Estado Plurinacional respetar, garantizar y promover con participación de los pueblos y naciones indígenas, el ejercicio de la libre determinación y de los derechos colectivos e individuales de que son titulares.

En cumplimiento de lo anterior, el Estado debe garantizar la efectiva participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones, así como su representación política en órganos de elección popular a nivel local, regional y nacional. Junto con ello, garantizará el diálogo intercultural en el ejercicio de las funciones públicas, creando institucionalidad y promoviendo políticas públicas que favorezcan el reconocimiento y comprensión de la diversidad étnica y cultural de los pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado.

Titularidad de los derechos. (…) Los Pueblos y Naciones Indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos.

Estado regional

Del Estado Regional. Chile es un Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado.

De la Plurinacionalidad e interculturalidad en el Estado Regional. Las entidades territoriales y sus órganos reconocen, garantizan y promueven en todo su actuar el reconocimiento político y jurídico de los pueblos y naciones preexistentes al Estado que habitan sus territorios; su supervivencia, existencia y desarrollo armónico e integral; la distribución equitativa del poder y de los espacios de participación política; el uso, reconocimiento y promoción de las lenguas indígenas que se hablan en ellas, propiciando el entendimiento intercultural, el respeto de formas diversas de ver, organizar y concebir el mundo y de relacionarse con la naturaleza; la protección y el respeto de los derechos de autodeterminación y de autonomía de los territorios indígenas, en coordinación con el resto de las entidades territoriales.

Los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución.

De las Autonomías Territoriales Indígenas. Las Autonomías Territoriales Indígenas son entidades territoriales dotadas de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía, en coordinación con las demás entidades territoriales que integran el Estado Regional de conformidad a la Constitución y la ley. Es deber del Estado reconocer, promover y garantizar las Autonomías Territoriales Indígenas, para el cumplimiento de sus propios fines.

Derecho a las tierras, territorios y recursos. El Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos.

La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución.

La restitución constituye un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública e interés general.

Otros derechos

Conforme a la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva.

La Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las aguas situadas en autonomías territoriales indígenas o territorios indígenas. Es deber del Estado garantizar su protección, integridad y abastecimiento, en conformidad a la Constitución y la ley.

El Estado garantiza el derecho de campesinas, campesinos y pueblos originarios al libre uso e intercambio de semillas tradicionales.

Salud y educación

Derecho a la salud. (…) Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales que las sustentan. El Sistema Nacional de Salud reconoce, protege e integra estas prácticas y conocimientos como también a quienes las imparten, en conformidad a esta Constitución y la ley.

Derecho a la educación. (…) La Constitución reconoce la autonomía de los pueblos originarios para desarrollar sus propios establecimientos e instituciones de conformidad a sus costumbres y cultura, respetando los fines y principios de la educación, y dentro de los marcos del Sistema Nacional de Educación establecidos por la ley.

Derecho a la consulta de los pueblos y naciones indígenas. Los pueblos y naciones indígenas tienen el derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas administrativas y legislativas que les afectasen. El Estado garantiza los medios para la efectiva participación de éstos, a través de sus instituciones representativas, de forma previa y libre, mediante procedimientos apropiados, informados y de buena fe.

Derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos. (…) El Estado reconoce el derecho de los pueblos y naciones indígenas a preservar, revitalizar, desarrollar y transmitir los conocimientos tradicionales y saberes ancestrales y debe, en conjunto con ellos, adoptar medidas eficaces para garantizar su ejercicio.

De la asimilación forzada. Se prohíbe la asimilación forzada o destrucción de las culturas de los pueblos y naciones indígenas.

Patrimonios

Rol del Estado en el patrimonio cultural indígena. El Estado, en conjunto con los pueblos y naciones indígenas preexistentes, adoptará medidas positivas para la recuperación, revitalización y fortalecimiento del patrimonio cultural indígena.

Plurilingüismo. Chile es un Estado plurilingüe, su idioma oficial es el castellano y los idiomas de los pueblos indígenas serán oficiales en sus territorios y en zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo indígena. El Estado promueve el conocimiento, revitalización, valoración y respeto de las lenguas indígenas de todos los pueblos del Estado Plurinacional.

Patrimonio Lingüístico. El Estado reconoce el carácter patrimonial constituido por las diferentes lenguas indígenas del territorio nacional, las que serán objeto de revitalización y protección, especialmente aquellas que tienen el carácter de vulnerables.

Identidad e integridad cultural. Los pueblos y naciones indígenas y sus miembros tienen derecho a la identidad e integridad cultural, y a que se reconozcan y respeten sus cosmovisiones, formas de vida e instituciones propias.

Emblemas

Son emblemas nacionales de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional.

El Estado reconoce los símbolos y emblemas de los distintos pueblos indígenas.

Pluralismo jurídico

Plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. La función jurisdiccional se define en su estructura, integración y procedimientos conforme a los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad.

Cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, tomando debidamente en consideración las costumbres, tradiciones, protocolos y los sistemas normativos de los pueblos indígenas, conforme a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Chile es parte.

Pluralismo jurídico. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los Pueblos Indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Estos deberán respetar los derechos fundamentales que establece esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. La ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales.

Elecciones

El Congreso de Diputadas y Diputados es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional que representa al pueblo. Concurre a la formación de las leyes y ejerce las demás facultades encomendadas por la Constitución.

La Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución.

Se establecerán escaños reservados para los pueblos y naciones indígenas en los órganos colegiados de representación popular a nivel nacional, regional y local, cuando corresponda y en proporción a la población indígena dentro del territorio electoral respectivo, aplicando criterios de paridad en sus resultados.

Los escaños reservados en el Congreso de Diputadas y Diputados para los pueblos y naciones indígenas serán elegidos en un distrito único nacional. Su número se definirá en forma proporcional a la población indígena en relación a la población total del país. Se deberán adicionar al número total de integrantes del Congreso.

Podrán votar por los escaños reservados para pueblos y naciones indígenas sólo los ciudadanos y ciudadanas que pertenezcan a dichos pueblos y naciones y que formen parte de un registro especial denominado Registro Electoral Indígena, que administrará el Servicio Electoral.

Dicho registro será construido por el Servicio Electoral sobre la base de los archivos que administren los órganos estatales, los que posean los pueblos y naciones indígenas sobre sus miembros y de las solicitudes de ciudadanos y ciudadanas que se autoidentifiquen como tales, en los términos que indique la ley.

Se creará un registro del pueblo tribal afrodescendiente chileno bajo las mismas reglas del presente artículo.

TEXTO DEL BORRADOR DE LA PROPUESTA CONSTITUYENTE

Julio Frank S.

Fuente principal: chileconvencion.cl

Imagen: Isabella Mamani, Elisa Loncon, Adolfo Millabur, Rosa Catrileo, Francisca Linconao, Natividad Llanquileo y Alexis Caiguan, en primera línea, y otros convencionales celebran la aprobación de derechos indígenas, 4-5-2022. Comunicaciones, chileconvencion.cl

11 de junio de 2022

Difusión de la propuesta constituyente

 

Los convencionales Manuela Royo y Daniel Stingo, el académico Hassan Akram y la concejala Alejandra Valle participaron este sábado en un encuentro con vecinos de la Villa Los Jardines de la comuna de Ñuñoa, donde revisaron algunas de las principales normas del borrador de propuesta de nueva Constitución y respondieron inquietudes de los asistentes. Se aclararon dudas acerca del nuevo sistema universal de seguridad social, el derecho a vivienda digna y el Estado empresario, y se reiteró también la importancia de otros avances, entre éstos, el derecho al cuidado, el reconocimiento del trabajo doméstico y los derechos de niños, niñas y adolescentes.

    Julio Frank S.

6 de junio de 2022

Congreso nacional de periodistas acuerda aprobar la propuesta de nueva Constitución


“Garantiza el derecho a la comunicación social, la libertad de prensa y el pluralismo”, declaró.

El XVIII Congreso Nacional “Manola Robles” del Colegio de Periodistas de Chile acordó, por unanimidad, un voto político en el sentido de aprobar la propuesta de nueva Constitución redactada por la Convención Constitucional y ya en su etapa final, debido a que aquélla recoge, indica la declaración, las demandas históricas del gremio al garantizar el derecho a la comunicación social, la libertad de prensa y el pluralismo.

En el encuentro, con el nombre de la fallecida periodista conocida especialmente por su desempeño en radio Cooperativa durante la dictadura, participaron profesionales colegiados y estudiantes de la carrera, y se realizó en Chillán el 27, 28 y 29 de mayo pasado.

Entre sus acuerdos figura también un llamado a las autoridades a avanzar en las transformaciones que permitan fortalecer la democracia, las comunicaciones y el periodismo.

“En los últimos años el Colegio de Periodistas ha trabajado incesantemente y con un alto sentido de la responsabilidad en la elaboración de normas constitucionales, las que fueron acogidas por la Convención Constitucional -configurándose un hito histórico para el sector de las comunicaciones- y que hoy forman parte del borrador de la nueva Constitución”, señala el texto gremial.

Explica también que en el proyecto constituyente “se propone garantizar el derecho a la comunicación social, la libertad de prensa y pluralismo, impedir la concentración de la propiedad de los medios, promover medios de comunicación e información públicos, el reconocimiento del uso del espectro radioeléctrico como un bien público y la restitución de los colegios profesionales como corporaciones de derecho público”.

“Es por ello que el Congreso Nacional, como instancia máxima del Colegio de Periodistas de Chile, acordó un voto político a favor de aprobar la nueva Constitución, ya que en ella se integran nuestras demandas históricas, junto con la posibilidad de transformar el desigual ecosistema de medios para el fortalecimiento del periodismo, el pluralismo y la democracia”, continúa.

La entidad expresa el compromiso de su Consejo Nacional de realizar acciones de difusión y descripción del articulado en esta materia “y así contribuir a disipar la estrategia de desinformación que hoy enfrenta el borrador de la nueva Constitución”.

Se aprobó también, agrega la declaración, avanzar en una agenda incidente en la promoción de un marco normativo para un nuevo sistema de medios, el desarrollo de medios públicos, la creación de una institucionalidad para las comunicaciones y la Ley de Protección a Periodistas y Personas Trabajadoras de las Comunicaciones.

En este sentido, el congreso emplazó al gobierno a cumplir cabalmente los compromisos de su programa presidencial en esta área. Le instó, además, a considerar esta orden profesional como un actor clave en la elaboración de políticas públicas para la promoción y defensa del derecho a la comunicación y la democratización de las comunicaciones.

Otros acuerdos se refieren a derechos laborales y salud, género y disidencias, derechos humanos, ética y protección a la prensa.

Julio Frank S.

Fuente: @ChilePeriodista

Imagen: @ChilePeriodista

28 de mayo de 2022

“Hagamos historia”, dice el gobierno

El gobierno del Presidente Gabriel Boric dio inicio este sábado 28, a través de este video, a una campaña de difusión del proceso constituyente y el próximo plebiscito de salida.

 Fuente: gob.cl

24 de mayo de 2022

La educación como deber ineludible del Estado


Propuesta de la Convención Constitucional consagra el derecho a la educación y pone fin a decenios de subsidiariedad estatal en el sistema.

La educación es un deber primordial e ineludible del Estado; sus fines son, entre otros, la construcción del bien común, el respeto a los derechos humanos, la convivencia democrática entre los pueblos y la conciencia ecológica, y se rige por los principios de inclusión, participación, no discriminación, enfoque de género y otros.

Habrá, por lo tanto, un Sistema Nacional de Educación integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior creadas o reconocidas por el Estado y un Sistema de Educación Pública laico y gratuito.

Eso contiene parte del articulado sobre derecho a la educación de la propuesta constituyente de la Convención Constitucional, que redirecciona un sistema educacional chileno basado primordialmente, según la Constitución de la dictadura, en un Estado garantista que subvenciona proyectos de iniciativa privada. El borrador está siendo revisado por la comisión de Armonización para su presentación final, a comienzos de julio próximo, mientras, paralelamente, una comisión de normas transitorias y otra de preámbulo preparan artículos adicionales.

El texto, además, garantiza la libertad de enseñanza, que comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas de elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, siempre bajo el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, y reconoce el derecho de los integrantes de cada comunidad educativa a participar en las definiciones del proyecto y las decisiones de cada establecimiento, así como en el diseño, implementación y evaluación de la política educacional local y nacional.

Reconoce también el papel fundamental de profesoras y profesores en el Sistema Nacional de Educación, al tiempo que establece la gratuidad de los estudios de educación superior conducentes a títulos y grados académicos iniciales en las instituciones públicas y aquellas privadas que determine la ley.

El articulado es el siguiente (subtítulos, del editor):

“Artículo 15.- El Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación.

Artículo 16.- Todas las personas tienen derecho a la educación. La educación es un deber primordial e ineludible del Estado.

La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. Sus fines son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico y el desarrollo integral de las personas, considerando su dimensión cognitiva, física, social y emocional.

La educación se regirá́ por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Tendrá un carácter no sexista y se desarrollará de forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística.

La educación deberá orientarse hacia la calidad, entendida como el cumplimiento de los fines y principios establecidos de la educación.

La ley establecerá la forma en que estos fines y principios deberán materializarse, en condiciones de equidad en las instituciones educativas y los procesos de enseñanza”.

Sistema Nacional de Educación

“Artículo 17.- La educación será de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media.

El Sistema Nacional de Educación estará integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado. Se articulará bajo el principio de colaboración y tendrá como centro la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. El Estado ejercerá labores de coordinación, regulación, mejoramiento y supervigilancia del Sistema. La ley establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales.

Las instituciones que lo conforman estarán sujetas al régimen común que fije la ley, serán de carácter democrático, no podrán discriminar en su acceso, se regirán por los fines y principios de este derecho, y tendrán prohibida toda forma de lucro.

Este Sistema promoverá la diversidad de saberes artísticos, ecológicos, culturales y filosóficos que conviven en el país.

El Estado deberá brindar oportunidades y apoyos adicionales a quienes están en situación de discapacidad y en riesgo de exclusión.

El Estado deberá articular, gestionar y financiar un Sistema de Educación Pública, de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. La educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación; su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado.

El Estado deberá financiar este Sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente, a través de aportes basales, a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación.

Es deber del Estado promover el derecho a la educación permanente a través de oportunidades formativas múltiples, dentro y fuera del Sistema Nacional de Educación, fomentando diversos espacios de desarrollo y aprendizaje integral para todas las personas.

Artículo 18.- La Constitución reconoce el derecho de las y los integrantes de cada comunidad educativa a participar en las definiciones del proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento, así como en el diseño, implementación y evaluación de la política educacional local y nacional para el ejercicio del derecho a la educación. La ley especificará las condiciones, órganos y procedimientos que permitan asegurar la participación vinculante de las y los integrantes de la comunidad educativa”.

Libertad de enseñanza

“Artículo 19.- La Constitución garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla.

Ésta comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes.

Las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones, en el marco de los fines y principios de la educación”.

Profesoras y profesores

“Artículo 20.- La Constitución reconoce el rol fundamental de las profesoras y profesores, como profesionales en el Sistema Nacional de Educación. Asimismo, valora y fomenta la contribución de las y los educadores y asistentes de la educación, incluyendo a las y los educadores tradicionales. Las y los trabajadores de la educación son agentes claves para la garantía del derecho a la educación.

El Estado garantiza el desarrollo del quehacer pedagógico y educativo de quienes trabajen en establecimientos que reciban fondos públicos, incluyendo su formación inicial y continua, su ejercicio reflexivo y colaborativo y la investigación pedagógica, en coherencia con los principios y fines de la educación. Para esto, otorgará estabilidad en el ejercicio de sus funciones, asegurando condiciones laborales óptimas y resguardando su autonomía profesional.

Las y los trabajadores de educación parvularia, básica y media que se desempeñen en establecimientos que reciban recursos del Estado gozarán de los mismos derechos que la ley contemple para su respectiva función.

Artículo 20 bis.- El ingreso, permanencia y promoción de quienes estudien en la educación superior se regirá por los principios de equidad e inclusión, con especial atención a los grupos históricamente excluidos, excluyendo cualquier tipo de discriminación arbitraria. Los estudios de educación superior, conducentes a títulos y grados académicos iniciales, serán gratuitos en las instituciones públicas y en aquellas privadas que determine la ley.

Artículo 20 quater.- El Sistema de Educación Superior estará conformado por las Universidades, Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica, escuelas de formación de las Fuerzas Armadas y Seguridad, además de las Academias creadas o reconocidas por el Estado. Estas instituciones se regirán por los principios de la educación y considerarán las necesidades locales, regionales y nacionales. Tendrán prohibida toda forma de lucro.

Las instituciones de educación superior tienen la misión de enseñar, producir y socializar el conocimiento. La Constitución protege la libertad de cátedra, la investigación y la libre discusión de las ideas de los académicos y las académicas de las universidades creadas o reconocidas por ley. La formación tendrá un enfoque coherente con los fines y principios de la Educación.

Las instituciones de educación superior del Estado forman parte del Sistema de Educación Pública y su financiamiento se sujetará a lo dispuesto por esta Constitución, debiendo garantizar el cumplimiento íntegro de sus funciones de docencia, investigación y colaboración con la sociedad.

El Estado velará por el acceso a la educación superior de todas las personas que cumplan los requisitos establecidos por la ley”.

Pueblos originarios

“Artículo 20 quinquies.- La Constitución reconoce la autonomía de los pueblos originarios para desarrollar sus propios establecimientos e instituciones de conformidad a sus costumbres y cultura, respetando los fines y principios de la educación, y dentro de los marcos del Sistema Nacional de Educación establecidos por la ley”.

Julio Frank S.

Fuente: chileconvencion.cl

Imagen: César Valenzuela y Janis Meneses, coordinadores de la comisión de Derechos Fundamentales, ante el Pleno de la Convención Constitucional,          19-4-2022. Comunicaciones, chileconvencion.cl

21 de mayo de 2022

Organizaciones ciudadanas llaman a defender el avance hacia una nueva Constitución

“Vamos a votar Apruebo y llamamos a otras a sumarse para defender el avance que significa esta nueva Constitución y los derechos que mejoran la vida de todas las personas”, declaran diversas organizaciones ciudadanas agrupadas para impulsar la campaña “ApruebaXChile” ante el plebiscito de salida del 4 de septiembre próximo.

Se incluyen fundaciones, corporaciones, movimientos, asociaciones y ONG, entre otras, destacando la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), Amnistía Internacional, Chile Sustentable, Ciudadanía Inteligente, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), mesa ampliada de entidades evangélicas y protestantes, y el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima) de La Ligua.

Advierten, sin embargo, que esos anhelos están amenazados “por quienes quieren retenernos en un Chile desigual, desinformando a la ciudadanía o levantando alternativas inciertas que, en la práctica, mantienen en vigencia la Constitución del 80’ y sus amarres”.

Presentación de “ApruebaXChile”:

“Llevamos muchos años trabajando por vivir mejor, a partir de diferentes demandas. Una nueva Constitución para todas y todos, hecha por y para la ciudadanía.

La oportunidad de avanzar hacia un país más justo está amenazada por quienes quieren retenernos en un Chile desigual, desinformando a la ciudadanía o levantando alternativas inciertas que, en la práctica, mantienen en vigencia la Constitución del 80’ y sus amarres.

Somos organizaciones ciudadanas que vamos a votar Apruebo y llamamos a otras a sumarse, para reencontrarnos nuevamente en nuestros anhelos, para defender el avance que significa esta nueva Constitución y los derechos que mejoran la vida de todas las personas.

Para que Avancemos, con la misma A con la que aprobamos por Chile.

ABOFEM - Asociación de Abogadas Feministas

Acciongay

Amnistía Internacional

Asociación de Consumidores Bicicultura ADC

Asociación Gremial de Abogadas y Abogados Laboralistas de Chile (AGAL)

Asociación Yo Cuido Stgo

AUCH+! Autoras Chilenas y de Pueblos Originarios

Azul Celeste María Ester Feres

Bicicultura

Centro Cultural Carman

Colectivo Nacional por la Discapacidad

Corporación Chile Ambiente

Corporación Kairós

Corporación La Caleta

Corporación La Morada

CUT - Central Unitaria de Trabajadores

Fundación Amalegría

Fundación Chile Sustentable

Fundación Ciudadanía Inteligente

Fundación Conciencia Social

Fundación Distonia

Fundación Imagina Chile

Fundación Los Ojos de Chile

Fundación Multitudes

Fundación Vegetarianos Hoy

Iniciativa Global por los Derechos Económicos Sociales y Culturales

La Matria

Lago Chapo Libre

Los Pelluhuanos de Chile

Mesa Ampliada de Entidades Evangélicas y Protestantes

Modatima La Ligua

Movimiento Movilizándonos

Movimiento Chao Pescao

Movimiento Defensa de Nuestra Salud Mental

Movimiento Furiosos Ciclistas

Movimiento Ukamau

ONG FIMA

OTD - Organizando Trans Diversidad

Pueblo del Río Puelo, Agrupación de Turismo

Sindicato Papa Johns

Trabajadoras de la Música - TRAMUS

Transciende Tome (sic)”.

Julio Frank S.

Fuente: apruebaxchile.cl

16 de mayo de 2022

Un avance de la propuesta: Más y nuevos derechos

Aunque se le llama “borrador”, se trata de la propuesta constituyente presentada por las respectivas comisiones temáticas y aprobada finalmente por el Pleno de la Convención Constitucional. Deberá necesariamente, sin embargo, ser sometida a una revisión de forma para lograr un conjunto normativo coherente y armónico antes de ser presentada a la ciudadanía, acompañada del preámbulo y las normas transitorias, el próximo 4 (ó 5) de julio próximo.

Se caracteriza en especial por un cambio político-administrativo fundamental y la incorporación y actualización de derechos de diverso tipo, lo que busca dejar atrás antiguas reglas individualistas, centralistas e incluso racistas, impuestas y centradas en lo económico, para crear una nueva oportunidad de progreso social, más democrática, plural y humanizada, ante una sociedad globalizada que entrará pronto en el segundo cuarto del siglo XXI.

Fue aprobada con el alto quórum de dos tercios (o más) de los convencionales en ejercicio, quedando al margen los preceptos más conservadores de la minoría de derecha, particularmente aquellos provenientes de la Constitución actual, redactada y promulgada en dictadura y cuyos pilares subsisten.

Un avance de la propuesta constituyente:

Estado Social y Democrático de Derecho

Estado regional, plurinacional, intercultural y ecológico

Soberanía popular

Democracia inclusiva y paritaria

Defensoría del Pueblo

Estado laico

Estado empresario

Congreso de Diputadas y Diputados

Cámara de las Regiones

Sistemas de Justicia

Corte Constitucional

Banco Central autónomo

Derecho a la vida y a la integridad física, sicosocial, sexual y afectiva

Derecho a la educación

Derecho a la salud

Derecho al trabajo decente

Derecho a vivienda digna

Derechos sindicales

Reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados

Derecho a la seguridad social

Derechos de niñas, niños y adolescentes

Derechos de las personas mayores

Derechos sexuales y reproductivos

Derechos de las personas con discapacidad

Derechos de las personas neurodivergentes

Derechos de las personas privadas de libertad

Derechos de los pueblos indígenas

Libertad de pensamiento, conciencia, religión y cosmovisión

Libertad de expresión

Libertad de emprender

Derecho de propiedad

Derecho de acceso a la justicia

Derecho a la comunicación social

Derecho de acceso a la conectividad digital

Derechos de autor y de intérpretes

Derecho a la identidad cultural

Derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia

Derecho a una vida libre de violencia de género

Derecho al deporte y la actividad física

Derecho humano al agua y al saneamiento

Derechos de la Naturaleza

Derechos de los animales

Principios de la bioética

BORRADOR NUEVA CONSTITUCION

Julio Frank S. 

Fuente: chileconvencion.cl

Imagen: @convencioncl

15 de mayo de 2022

Y ahora la armonización

Ha concluido la etapa de deliberación y votación de normas propuestas por las comisiones temáticas al Pleno de la Convención Constitucional. El borrador con los artículos aprobados para la nueva Carta Magna pasa ahora a la comisión de Armonización, antes de su entrega oficial.

Fuente: María Elisa Quinteros, @MEQChile