Las cookies de este sitio se usan para personalizar el contenido y los anuncios, para ofrecer funciones de medios sociales y para analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de medios sociales, de publicidad y de análisis web. VER DETALLES


CONOCE O CONFIRMA A TU CANDIDATO O CANDIDATA A CONSTITUYENTE QUIENES SON CHILE ELIGE

7 de mayo de 2021

Las cédulas de votación

Más de mil serán los candidatos y candidatas a convencionales constituyentes que postularán a llenar los 155 escaños de la Convención Constitucional y que se someterán al veredicto popular el 15 y 16 de mayo. La dimensión de las cédulas o papeletas electorales, por lo tanto, ha correspondido a eso y los electores tendrán que familiarizarse con ellas. 

Seleccionamos aquí la del Distrito 10 (Región Metropolitana) y la de la etnia mapuche para la elección de quienes ocuparán los 17 escaños reservados a pueblos originarios. 

 

Distrito 10 

Comunas de Providencia, Santiago, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja.



Pueblo originario Mapuche


J.F.S.

Fuente: servel.cl

2 de mayo de 2021

Cuánto cuesta la nueva Constitución

Presentación ante la Corte Penal Internacional que pide investigar y enjuiciar a Sebastián Piñera y su gobierno por crímenes de lesa humanidad detalla la represión al estallido social generador del actual proceso constituyente; describe casos e identifica víctimas de violaciones “generalizadas o sistemáticas” de derechos humanos y cuestiona la respuesta “asimétrica” de la justicia.

(…) vienen en solicitar, a través de la presente Comunicación, a esta Ilustre Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que inicie una investigación, formule acusación y requiera el inicio de un juicio conforme al Estatuto y Reglamentos de la Corte Penal Internacional por la responsabilidad que le cabe al Presidente de la República de Chile y demás autoridades civiles, políticas y policiales que se mencionarán y por los actos que se denuncian, ejecutados en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, ocurridos simultáneamente en todo el territorio nacional de la República de Chile desde el 6 de octubre de 2019 y hasta el día de hoy, los cuales consideramos constitutivos de Crímenes de Lesa Humanidad”.

Así parte la presentación conjunta de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED) y la Asociación Americana de Juristas (AAJ) contra el Presidente Sebastián Piñera y, en su respectivo período, contra Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y Rodrigo Delgado, ministros del Interior; Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli, subsecretarios del Interior; Alberto Espina y Mario Desbordes, ministros de Defensa; Mario Rozas y Ricardo Yáñez, generales directores de Carabineros, y el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.

“El Presidente de Chile –afirma- tuvo conocimiento de los ataques a través de los distintos informes de derechos humanos, entre los que destacan el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quienes hicieron claras recomendaciones para disminuir la represión policial y, sin embargo, no se adoptaron las medidas necesarias y razonables para impedir los actos criminales o castigar consecuentemente a quienes los perpetraron, como ha quedado de manifiesto en este documento”.

En su petición a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, presentada el jueves 29 de abril, los recurrentes recuerdan cronológicamente el llamado “estallido social” de 2019 y la represión gubernamental y policial de que ha sido objeto la protesta popular desde entonces, aun bajo pandemia; detallan casos tales como homicidios, torturas, lesiones, mutilaciones, violencia sexual y detenciones arbitrarias, e individualizan a sus víctimas, incluyendo profesionales de la prensa; y describen y califican como desigual o “asimétrica” la intervención de las instituciones encargadas de investigar y hacer justicia. 

Citan los informes correspondientes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como querellas de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y argumentan con base en normas de derecho nacionales e internacionales, especialmente las disposiciones del Estatuto de Roma.

Los firmantes insisten en que los hechos ilícitos denunciados “son fraudulentamente calificados e investigados en Chile como delitos comunes, con el deliberado propósito, en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y, en segundo lugar, para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final”.

Cuestionan también el comportamiento tanto del Ministerio Público como de los tribunales de justicia, los que, prosiguen, “han tenido un comportamiento asimétrico al momento de investigar y juzgar a los violadores de los derechos humanos versus a los manifestantes que han terminado encarcelados y acusados de graves delitos, que en muchos casos han sido posteriormente absueltos al no haber pruebas suficientes o incluso acreditarse que las acusaciones estaban fundadas en falsas pruebas (montajes) (sic)”.

Esta nueva denuncia contra el Presidente de la República en ejercicio –cuya resolución podría tardar varios años- se centra en la represión de su gobierno y no enjuicia los daños de la violencia callejera extendida por el territorio nacional. Aun así, constituye una bitácora de valor histórico al interpretar, en definitiva, el fondo de una protesta social que reivindicó un principio básico que la “clase” dirigente no fue capaz de aceptar de otro modo: en democracia, la decisión política final es del pueblo.

LA PRESENTACION

Julio Frank S.

Fuente: ciperchile.cl (Mauricio Weibel Barahona)

27 de abril de 2021

TC “social”

"El punto central no es quién hace la ley. El punto central para el Tribunal Constitucional es qué debe hacerse para solucionar el problema de la gente".

 Ministro Iván Aróstica, horas antes de que el Tribunal Constitucional determinara no admitir a tramitación el requerimiento presentado por el gobierno por presunta inconstitucionalidad del proyecto sobre tercer retiro de fondos previsionales, ya aprobado por el Congreso, 27-4-2021.

J.F.S.

Fuente: @Mister_Wolf_0

23 de abril de 2021

Cámara margina a escolares del proceso constituyente


La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile votó un proyecto de ley que permitía a los alumnos de enseñanza básica y media participar activamente en el proceso constituyente a través del plan de formación ciudadana –que incluye también a párvulos- de su respectivo establecimiento educacional.

El proyecto, presentado en enero pasado e impulsado por la diputada Camila Rojas (Comunes) modificaba la ley número 20.911, habilitando a los escolares para intervenir y opinar en actividades tales como talleres, debates y cabildos, y que tales opiniones fueran comunicadas al Ministerio de Educación y ser públicas y conocidas por los futuros redactores de la nueva Constitución.

Citando la Convención de los Derechos del Niño ratificada por Chile en 1990, destacaba especialmente algunos objetivos de dicho plan de formación ciudadana, como “fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa”, “fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público” y “fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo”.

El articulado determinaba que los equipos directivos de los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberían adecuar el Plan de Formación Ciudadana al proceso constituyente en curso, a través de la incorporación de “acciones concretas”, tales como talleres, debates y cabildos, entre otras, de acuerdo con el correspondiente nivel educativo, con el fin de fomentar “la participación, reflexión, debate e información de las y los estudiantes”.

Sometida a la Sala de la Cámara Baja el jueves pasado, la iniciativa alcanzó 77 votos favorables, pero requería 88 por tratarse de materias de ley orgánica constitucional. Parlamentarios de derecha no dieron el quórum. Durante la tramitación, incluso, el gobierno y el diputado oficialista Diego Schalper habían presentado una “reserva de constitucionalidad” en contra.

La aspirante a constituyente Javiera Toro afirmó, sin embargo, que los candidatos y candidatas al órgano redactor de la nueva Carta Magna “debemos empezar a buscar los mecanismos para que niños, niñas y adolescentes puedan ser escuchados y participar activamente en el debate de la Convención”.

Julio Frank S.

Fuentes: camara.cl, elmostrador.cl

19 de abril de 2021

Nueva tarea para la Convención: los “neuroderechos”

El Senado tramita dos proyectos pioneros a nivel internacional: una reforma a la Constitución que establece por primera vez los llamados derechos neuronales y una ley para proteger la información y decisiones de nuestro cerebro ante un "uso abusivo" de las neurotecnologías. Investigadores afirman, sin embargo, que tales derechos ya están consagrados.

La comisión de Desafíos del Futuro del Senado aprobó en general, hace algunos días, el proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 19, número 1° -el más importante, sobre el derecho a la vida-, de la actual Constitución Política del Estado, en vista del avance alcanzado por las neurotecnologías y el desarrollo de la inteligencia artificial. Su objetivo es proteger la integridad y la indemnidad mental de las personas.

El texto, sancionado por unanimidad en este primer trámite, establece que “el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos y condiciones para su utilización en las personas, debiendo propender especialmente al resguardo de la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella”.

La reforma propuesta coincide con la tramitación de un proyecto de ley presentado en octubre de 2020 por los senadores Guido Girardi (PPD), Carolina Goic (DC), Francisco Chahuán (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Alfonso De Urresti (PS), que adelanta el debate legislativo acerca de este tema, con el fin de prevenir una posible falta de regulación legal que genere riesgos a las personas. Abarca, además, el desarrollo de la investigación científica y de la neurotecnología en particular, la que ya se ha adentrado en el cerebro humano con el fin de descifrar su funcionamiento.

Denominada “Ley sobre la neuroprotección y que regula el desarrollo de la investigación y el avance de las neurotecnologías”, la iniciativa sometida a discusión actualmente define los llamados “neuroderechos” desde dos ángulos: la privacidad mental, que implica que los datos del cerebro sean tratados con una confidencialidad equiparable a la de los trasplantes de órgano, y el derecho a la identidad, que preserva la individualidad de cada persona.

Cinco nuevos derechos humanos

Citando a los investigadores Rafael Yuste –inspirador de la idea, director del proyecto BRAIN y expositor en el Congreso del Futuro el año pasado- y Sara Goering, el proyecto adhiere a un marco regulatorio que reconozca cinco nuevos derechos humanos:

-Derecho a la privacidad mental (los datos cerebrales de las personas)

-Derecho a la identidad y la autonomía personales

-Derecho al libre albedrío y la autodeterminación

-Derecho al acceso equitativo a la aumentación cognitiva, para evitar la generación de inequidades, y

-Derecho a la protección de sesgos de algoritmos o procesos automatizados de toma de decisiones.

Protección de la integridad individual

En su artículo 1°, el proyecto señalado declara entre sus principales finalidades “proteger la integridad física y psíquica de las personas, a través de la protección de la privacidad de los datos neuronales, del derecho a la autonomía o libertad de decisión individual, y del acceso sin discriminaciones arbitrarias a aquellas neurotecnologías que conlleven aumento de las capacidades psíquicas”.

Enseguida, define las neurotecnologías como “el conjunto de dispositivos, métodos o instrumentos no farmacológicos que permiten una conexión directa o indirecta con el sistema nervioso”. Los neuroderechos, en tanto, serían “nuevos derechos humanos que protegen la privacidad e integridad mental y psiquica, tanto consciente como inconsciente, de las personas del uso abusivo de neurotecnologías”.

Con tal propósito, prohíbe “cualquier intromisión o forma de intervención de conexiones neuronales o intrusión o a nivel cerebral mediante el uso de neurotecnología, interfaz cerebro-computadora o cualquier otro sistema o dispositivo que no tenga el consentimiento libre, expreso e informado de la persona o usuario del dispositivo, inclusive en circunstancias médicas”. Esto, aun cuando, precisa, “la neurotecnología posea la capacidad de intervenir en ausencia de la conciencia misma de la persona”.

Proscribe también cualquier sistema o dispositivo, ya sea de neurotecnología, interfaz cerebro-computadora u otro, “cuya finalidad sea acceder o manipular la actividad neuronal, de forma invasiva o no invasiva, si puede dañar la continuidad psicológica y psíquica de la persona, es decir, su identidad individual, o si disminuye o daña la autonomía de su voluntad o capacidad de toma de decisión en libertad”.

Establece como únicas excepciones admitidas a la alteración de la continuidad síquica o autónoma de una persona la investigación o terapia clínico-médica, en cuyo caso se aplicaría el código sanitario vigente.

Los datos neuronales, continúa el proyecto de ley, constituyen una categoría especial de dato sensible de salud conforme a la ley 19.628, sobre la vida privada de las personas.

“Razones para no legislar”

Pero también hay críticas. En un artículo titulado “¿Neuroderechos? Razones para no legislar”, publicado a fines de 2020 en el portal Ciper Chile, los investigadores Alejandra Zúñiga, Luis Villavicencio y Ricardo Salas, del Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso, detectan en esta iniciativa una “pretensión de constitucionalizar” derechos fundamentales ya asegurados en la actual Constitución, la legislación nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos, como aquellos que garantizan la privacidad, la integridad síquica y la integridad física.

“El proyecto de ley que hoy (diciembre pasado) se discute en la Cámara (Alta) busca proteger persistentes amenazas a los derechos humanos de las personas por el camino equivocado de crear nuevos derechos humanos”, afirman.

Los neuroderechos, por lo tanto, serían, en su entender, “redundantes”.

Entre sus objeciones figuran la definición de estos “nuevos derechos humanos” solamente como resultado de la posibilidad de un uso abusivo de las neurotecnologías, como lesionar la privacidad, la integridad mental y la integridad síquica de las personas. “El enunciado legal establece también una distinción entre la ‘integridad mental’ y la ‘integridad psíquica’, supuestamente apoyada en conclusiones de índole científica, pero que resulta, sin embargo, jurídicamente curiosa”.

Tras un detallado análisis, se apoyan en la letra de una antigua canción popular (“El rey”) para rubricar que “el deseo tan vivo de ser pioneros en una regulación que el propio mensaje del proyecto declara ser escasa en el mundo puede olvidar lo que el cerebro ranchero de José Alfredo Jiménez aconsejaba: que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar”.

Julio Frank S.

Fuentes: senado.cl, ciperchile.cl

12 de abril de 2021

Pacto internacional describe derechos económicos, sociales y culturales

“No puede realizarse el ideal del ser humano a menos que se le permita gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales tanto como de sus derechos civiles y políticos”, advierte un acuerdo suscrito por Chile hace más de 50 años.

No puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. Así lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, suscrito por Chile en 1969 y promulgado por… Augusto Pinochet en 1989, aun después de perder el plebiscito.

Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, mediante el cual establecen libremente su condición política y proveen su desarrollo económico, social y cultural, declara el acuerdo. En este sentido, agrega, los estados partes se comprometen a asegurar a los hombres y mujeres el ejercicio de todos los derechos enunciados en el texto, esto es, principalmente, diversos derechos laborales, de salud física y mental, educación, seguridad social, protección a la niñez y la adolescencia, participación cultural y avances científicos, sin discriminación alguna.

Advierte, además, que “en ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”, por lo que “todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco”.

Lo que sigue son extractos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas promulgado en Chile, para recordarlos, transcurridas varias décadas, durante el actual proceso constituyente, que sigue adelante con una nueva fecha de elección de convencionales: 15 y 16 de mayo.

Artículo 1: Libre determinación

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

Artículo 2: No discriminación

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 7: Condiciones de trabajo

Los Estados Partes en el Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto;

b) La seguridad y la higiene en el trabajo;

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.

Artículo 8: Sindicatos

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrá imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas;

d) El derecho a huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país.

2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la administración del Estado.

3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías.

Artículo 9: Seguridad social

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.

Artículo 10: Protección a la familia

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:

1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posible, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges.

2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social.

3. Se debe adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.

Artículo 12: Salud física y mental

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho figurarán las necesarias para:

a) La reducción de la mortalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

Artículo 13: Derecho a la educación

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho:

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;

b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y, en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza; y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Artículo 15: Derecho a la cultura y la ciencia

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:

a) Participar en la vida cultural;

b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

J.F.S.

Fuentes: bcn.cl/leychile, es.wikipedia.org

Imagen: Símbolo de Derechos Humanos, www.commons.wikimedia.org


5 de abril de 2021

Derechos económicos, sociales y culturales también son derechos humanos

“Los derechos económicos, sociales y culturales son los derechos humanos relacionados con el lugar de trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la participación en la vida cultural y el acceso a la vivienda, la alimentación, el agua, la atención de la salud y la educación”.

Así lo explica un folleto informativo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR, en inglés). Y entrega una lista básica, no sin antes precisar que tales derechos pueden expresarse de manera diferente según el país de que se trate.

Y ese es justamente el caso de Chile. Una de las tareas principales de la próxima convención redactora de la nueva Constitución será exponer, debatir y resolver democráticamente sobre ellos.

Reproduzco textualmente aquí un extracto de dicho folleto, el número 33, “Preguntas frecuentes sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

“¿Qué son los derechos económicos, sociales y culturales?

• Los derechos de los trabajadores, que incluyen la prohibición del trabajo forzado, los derechos a escoger o a aceptar libremente un trabajo, a un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, al disfrute del tiempo libre y a la limitación razonable de las horas de trabajo, a la seguridad y la higiene en el trabajo, a afiliarse a sindicatos y a fundarlos y a la huelga;

• El derecho a la seguridad social y a la protección social, que incluye el derecho a la no denegación de la cobertura de la seguridad social de manera arbitraria o no razonable y el derecho a la igualdad en el disfrute de la adecuada protección en caso de desempleo, enfermedad, vejez o falta de medios de subsistencia en circunstancias que escapen al control de la persona;

• La protección de la familia y la asistencia a ésta, que incluye los derechos a contraer matrimonio mediante el libre consentimiento de los cónyuges, la protección de la maternidad y de la paternidad y la protección de los hijos de la explotación económica y social;

• El derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye los derechos a la alimentación y a la protección contra el hambre, a una vivienda adecuada, al agua y al vestido;

• El derecho a la salud, que incluye el derecho a acceder a las instalaciones, los bienes y los servicios relacionados con la salud, a condiciones laborales y ambientales saludables y a la protección contra las enfermedades epidémicas, así como los derechos pertinentes a la salud sexual y reproductiva;

• El derecho a la educación, que incluye el derecho a la enseñanza primaria gratuita y obligatoria y a la enseñanza secundaria y superior generalizada, accesible y progresivamente gratuita; y el derecho de los padres de escoger la escuela de hijos;

• Los derechos culturales, que incluyen el derecho a participar en la vida cultural y a compartir los adelantos científicos y beneficiarse de ellos y el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas”.

J.F.S.

Fuente: ohchr.org

Imagen: Símbolo de Derechos Humanos, www.commons.wikimedia.org


1 de abril de 2021

El problema es la elite

Tenemos una democracia resquebrajada y el mayor conflicto es la capacidad moral de nuestra elite para realizar los cambios que Chile necesita”.

Mauricio Weibel, periodista, en radio Futuro FM, 31-3-2021, www.futuro.cl

29 de marzo de 2021

Sólo 17% prefirió un Chile plurinacional

El Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) publicó el jueves 25 su estudio de opinión pública “Pueblos originarios y nueva Constitución”, que consideró un 76,9 por ciento de personas no indígenas y un 21,4 por ciento de indígenas o afrodescendientes, y que revela, en lo central, lo siguiente:

El 96 por ciento de los consultados cree que se debe reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios de Chile…

El 87 por ciento cree que una nueva Constitución debe reconocer las lenguas de los pueblos originarios como lenguas oficiales…

El 52 por ciento cree que la enseñanza de la lengua de los pueblos originarios en Chile debiera ser, durante la etapa escolar, optativa, y el 41 por ciento, obligatoria para todos los niños y niñas del país…

El 95 por ciento de los consultados no indígenas está de acuerdo o muy de acuerdo con que el Estado debe proteger la generación y difusión del conocimiento de los pueblos originarios y el 91 por ciento, que el Estado debe asegurar que la explotación de recursos naturales resguarde su integridad social y cultural…

El 85 por ciento cree que debe existir cupos reservados a indígenas en el futuro Congreso Nacional…

Pero…

Sólo el 17 por ciento (gráfica) está más de acuerdo con un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios que declare a Chile como Estado Plurinacional, donde diferentes naciones conviven en un mismo Estado y dentro del mismo territorio (la mayor demanda indígena). El 53 por ciento está más de acuerdo con un Estado Multicultural, donde conviven diferentes culturas, y el 28 por ciento, con un solo Estado-Nación sin hacer distinciones…

Julio Frank S.

Gráfica: “Estudio de opinión pública: Pueblos originarios y nueva Constitución”, Tercera Medición, Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), Jueves 25 de Marzo de 2021, www.ciir.cl

25 de marzo de 2021

“Si dijeron que la Constitución la haría el pueblo, demos la oportunidad al pueblo”

Listas del pacto de independientes La Lista del Pueblo por distrito para la elección de convencionales redactores de la nueva Constitución:

ZN La Lista del Pueblo (Distritos 3, 7, 8, 10, 13, 14, 17 y 20)

WJ Asamblea Constituyente Atacama (Distrito 4) (suscriptora)

WD Lista del Pueblo – Movimiento Territorial Constituyente (Distrito 5)

S Independientes Distrito 6 + Lista del Pueblo

N La Lista del Pueblo Distrito 9

XT Movimiento Social Constituyente / La Lista del Pueblo (Distrito 11)

YL La Lista del Pueblo Distrito 12

YP La Lista del Pueblo 100% Independientes (Distrito 15)

ZD La Lista del Pueblo Maule Sur (Distrito 18)

XJ Fuerza Social de Ñuble, La Lista del Pueblo (Distrito 19)

ZE Movimiento Social La Lista del Pueblo (Distrito 22)

J Elige la Lista del Pueblo (Distrito 23)

XD Lista del Pueblo – Ríos Independientes (Distrito 24)

Q Lista del Pueblo Transformando desde el Willi (Distrito 25)

XC A Pulso, por el Buen Vivir (Distrito 27) (suscriptora).

Julio Frank S.

Fuentes: youtube.com, servel.cl, lalistadelpueblo.cl

13 de marzo de 2021

“Reformular el Estado para un Chile plurinacional”

Candidata mapuche a la Convención Constitucional incluye en su propuesta sobre nueva Constitución la descentralización política y administrativa del país y representación de su etnia en el poder legislativo, ministerios, gobiernos regionales y concejos municipales.

“Queremos instalar una Constitución Plurinacional de los derechos colectivos del pueblo Mapuche como una estrategia para terminar con el racismo, la negación identitaria y el saqueo de nuestro territorio”, remarca.

Estado plurinacional, derecho a la autonomía y libre determinación, derecho a la tierra, el territorio y los bienes comunes, derechos culturales, educacionales y lingüísticos, derechos de las mujeres y protección a la niñez y la adolescencia figuran en la propuesta de Elisa Loncon Antileo sobre una nueva Constitución.

Candidata a uno de los 17 escaños reservados a pueblos originarios en la futura convención redactora de la nueva Carta Magna, Loncon nació en la comunidad mapuche de Lefweluan (“lugar donde corren los guanacos”), comuna de Traiguén, provincia de Malleco, actual Región de la Araucanía. Es profesora, académica y bilingüe mapudungun-castellano, participó en el grupo de teatro AdMapu y en diversas manifestaciones contra la dictadura, y posteriormente en el Consejo de Todas las Tierras, un proceso participativo que derivó en la creación de la Wenufoye, “nuestra hermosa bandera Mapuche que desde la revuelta social (octubre de 2019) millones de personas hemos levantado en alto en señal de protesta contra este sistema racista y colonial”, agrega.

Junto a una red conformada por distintas organizaciones y comunidades preocupadas por el tema, presentó además el proyecto de ley de Derechos Lingüísticos para los Pueblos.

“Nuestro pueblo nunca ha renunciado a sus derechos: la lucha por la tierra, el territorio, la identidad y lengua, demandas que han sido constantes a lo largo del tiempo; esta candidatura es la continuidad de esta batalla”, advierte.

Admite, asimismo, que “las luchas sociales nos ofrecieron la posibilidad de escribir una nueva Constitución en Chile” y que su candidatura pretende contribuir a crear “lo que era impensado para muchos hasta antes del estallido social: un Chile plurinacional”.

“Queremos instalar una Constitución Plurinacional de los derechos colectivos del pueblo Mapuche, como una estrategia para terminar con el racismo, la negación identitaria y el saqueo de nuestro territorio. Al disputar estos escaños, estamos luchando por el lugar que todo pueblo merece en la historia”.

Derechos para una nueva Constitución

A continuación, textualmente, su “Propuesta de derechos para una nueva Constitución”, de su documento “Una propuesta para el buen vivir”.

Kiñe ESTADO PLURINACIONAL: Proponer la reformulación del Estado, llegando a que las diversas naciones preexistentes compartan un gobierno plurinacional que ponga fin a la relación de opresión al pueblo mapuche y otros pueblos. El reconocimiento de un Estado Plurinacional debe significar concretamente la descentralización política y administrativa, como también la representación mapuche en el poder legislativo, en los ministerios, en los gobiernos regionales y en los consejos municipales.

Epu DERECHO A LA AUTONOMIA Y LIBRE DETERMINACION: Generar estatutos de gobierno diferenciados desde los territorios históricos de pueblos indígenas. Esto es, en la práctica, distribuir el poder político y el presupuesto para asegurar que los problemas locales puedan ser decididos y solucionados desde las comunidades, considerando el reconocimiento de nuestras autoridades tradicionales como interlocutores legítimos ante el Estado.

Küla DERECHO A LA TIERRA, EL TERRITORIO Y LOS BIENES COMUNES: Establecer un Nuevo Pacto con la Naturaleza reconociendo los derechos al agua, la soberanía sobre las semillas, el derecho a las montañas y la protección de los ngen (espíritus de la naturaleza). Proponemos un nuevo modelo de desarrollo y respeto de los ciclos vitales de la naturaleza, incorporando la sabiduría indígena del küme mogen (buen vivir).

Meli DERECHOS DE LAS MUJERES: Impulsar los derechos civiles y políticos de las mujeres en general y de las mujeres indígenas en particular, reivindicando la sabiduría originaria, la memoria, prácticas y contribuciones de las mujeres en la lucha de los pueblos.

Kechu DERECHOS CULTURALES Y PROPIEDAD INTELECTUAL: Valorar que existe un patrimonio propio y colectivo de los pueblos indígenas; nuestros saberes, medicina, creaciones, arte, juegos, cocina y danzas deben ser resguardados, reconocidos y autogestionados por las comunidades.

Kayu PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MAPUCHE: Proponer mecanismos que resguarden el derecho de los pichikeche (pequeños) a crecer sin violencia racial, epistémica ni policial.

Regle DERECHOS LINGÜÍSTICOS Y EDUCATIVOS: Reconocer las lenguas indígenas oficialmente exigiendo garantizar su uso público y los derechos lingüísticos de los pueblos, en particular en la educación, la justicia y en los medios de comunicación.

Pura DERECHOS COLECTIVOS: Garantizar que comunidades, organizaciones, asociaciones y territorios son sujetos de derecho colectivo. Sobre esta base, considerar nuevas y renovadas alternativas para asegurar bienestar, previsión y servicios sociales para una vida digna.

Aylla JERARQUIA NORMATIVA DE LOS TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS CONVENIO 169: Discutir y hacer valer el derecho internacional y los convenios con respecto a la Constitución. Abordar la actual situación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Chile y, en específico, la situación de criminalización de las demandas políticas y sociales de nuestro pueblo Mapuche.

Julio Frank S.

Fuente: elisaloncon.cl

8 de marzo de 2021

Los independientes en la franja de TV


En ocho minutos y 48 segundos diarios, equivalentes a ¡un segundo! por candidato, las listas y postulantes independientes a la Convención Constitucional podrán divulgar sus opiniones y propuestas durante la franja gratuita de propaganda electoral por televisión, que parte el viernes 12, a las 12.45 y 20.45 horas, y que se extenderá hasta el jueves 8 de abril.

El espacio, que cobra mayor importancia aún debido a las restricciones a la propaganda “presencial” originadas por la pandemia, fue ampliado de 30 minutos a 38 minutos y 48 segundos diarios. Los pactos y partidos políticos dispondrán de 26 minutos y seis segundos, y los postulantes de pueblos indígenas, de tres minutos y 54 segundos.

Las candidaturas independientes integrantes de una lista, informó la presidenta del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), Carolina Cuevas, deberán presentar su material audiovisual sumando los tiempos asignados a cada una de ellas y, además, podrán agruparse varias listas y presentar contenido audiovisual integrado.

Culminan así trámites legislativos de última hora, que permitieron subsanar una omisión que estaba dejando fuera de la principal vía de difusión mediática a casi el 40 por ciento de las candidaturas a convencionales constituyentes. No se ha “emparejado la cancha”, como se han ufanado algunos parlamentarios, pero al menos se la ha hecho menos dispareja.



Julio Frank S.

Fuente: cntv.cl

Imagen infográfica: J.F.S.