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11 de noviembre de 2019

Jugados aún por la Constitución de Pinochet

Más de tres semanas de estallido social, nacional e ininterrumpido, y nada se agita como debiera en la burbuja política. Todos allí se ven afirmando, por propia voluntad o no y con el respectivo enfoque, el sistema construido bajo la dictadura de Pinochet y desarrollado y corrompido en adelante por sus herederos, tanto directos como forzados.

En lo alto, el Presidente se aferra a la Constitución vigente y a su última mayoría electoral para no responsabilizarse de las protestas y la violencia callejeras y hace anuncios como si fuera inmune a todo ello, reflejando nula capacidad para afrontar la crisis.

Los dirigentes y  parlamentarios oficialistas cierran filas junto a su vapuleado líder y quieren seguir creyendo, ya con insensatez, que la Constitución poco tiene que ver con las demandas sociales, en tanto los opositores, temiendo perder posiciones ya ganadas, evitan pinchar la institucionalidad que cuestionan y sus militantes han tenido que bajar sus banderas para poder sumarse a las multitudes.

Aquellos medios de comunicación que, por su solidez empresarial y poderío comunicacional, tienen ventaja en la formación y deformación de la opinión pública, difícilmente hablarán con imparcialidad sobre un fenómeno contrario al sistema que ha favorecido generosamente sus intereses privados.

Tuvieron que ser alcaldes los que tomaran la iniciativa de recurrir adonde corresponde, la ciudadanía, aunque sea a través de una limitada consulta, mientras en las calles de las comunas miles de vecinos marchan y protestan todos los días, algunos destruyen y saquean, y las fuerzas constitucionales de orden reprimen indiscriminadamente, causando una “catástrofe sanitaria” y una querella por delitos de lesa humanidad.

Voceros e incontables carteles y rayados de los protagonistas de “las marchas más grandes de Chile” insisten en la urgencia de un nuevo acuerdo nacional, traducido en una nueva Carta Magna, redactada por una Asamblea Constituyente, que facilite el término de las desigualdades e injusticias derivadas de la Constitución de Pinochet y que habilite la participación ciudadana directa.

Las crisis sociales, en un país democrático, tienen salida política. Los conductores elegidos deben ir por ese camino y si no es así, no cabría sino esperar de esta “clase” el deseo que la presión social afloje y retorne aquel pueblo adormecido y legalmente abusado, que tanto “éxito” permitió a ella y su clientela durante 30 años.

Julio Frank S.