Presionado por la
movilización social, el gobierno de Sebastián Piñera, a través de su ministro
del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, anunció anoche el acuerdo con
su coalición política de “iniciar el camino para avanzar hacia una nueva
Constitución” y sostuvo que “la mejor fórmula es trabajar sobre la base de un
congreso constituyente que cuente con amplia participación de la ciudadanía”.
Una fórmula para
elegir una nueva instancia de negociación político-partidista. La demanda
ciudadana expresada en las calles (y en oficinas) es una nueva Constitución vía
Asamblea Constituyente, integrada ésta necesariamente con participación directa
de la ciudadanía y candidatos de diversos sectores sociales.
Blumel anunció
también “un diálogo amplio con todos los sectores y fuerzas sociales”, lo
que recuerda los simples encuentros vecinales no vinculantes organizados por Bachelet,
coordinados por su gobierno y traducidos en un proyecto de ley redactado por el
mismo.
Esta mañana, la
presidenta de la Unión Demócrata Independiente –el partido más pinochetista-,
Jacqueline Van Rysselberghe, se mostró titubeante en una entrevista a una
radioemisora capitalina, insistiendo en que “primero hay que ver qué se quiere
cambiar”, en tanto el presidente de Renovación Nacional –el otro partido fuerte
de la derecha-, Mario Desbordes, advirtió que “todos tenemos que ceder”.
Está en trámite en
la Cámara de Diputados un proyecto de reforma constitucional presentado por la
oposición, que permitiría la convocatoria a la ciudadanía para resolver
mediante un plebiscito si desea o no una nueva Constitución y si preferiría o
no una Asamblea Constituyente. Su aprobación, según los elevados quórum de la
Constitución vigente, requiere de al menos las tres quintas partes
de los parlamentarios en ejercicio en ambas cámaras, mayoría que el actual
oficialismo históricamente no ha estado dispuesto a dar y tampoco los actuales opositores,
hasta ahora, a presionar por ella.
Julio Frank S.
