Informe que aborda la actuación de la institución armada y el
comportamiento de sus integrantes durante los últimos 50 años admite detenciones
masivas, torturas, ejecuciones sumarias, asesinatos, detenidos desaparecidos y una
política de eliminación de adversarios.
El documento sostiene que desde la vuelta a la democracia el Ejército ha sido visto por algunos
sectores políticos y de la sociedad como el “heredero” de lo obrado, lo que dificulta,
agrega, que la institución sea apreciada transversalmente como perteneciente a todos
los chilenos.
La próxima comparecencia
como inculpado en uno de los fraudes investigados a la institución
-por los que ya son procesados tres ex comandantes en jefe- llevó a la mayor
autoridad del Ejército, general Ricardo Martínez Menanteau, a renunciar a su
cargo en momentos en que se publicaba el informe titulado “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército
y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”, que aborda centralmente y enjuicia la participación de esa rama de la
Defensa Nacional en lo que llama “gobierno cívico-militar”.
En ocho capítulos y 120
páginas, el documento parte por la actuación durante el siglo XIX,
continúa con el período previo al golpe de estado y luego con el capítulo “1973-1998. Del gobierno cívico militar a
los cambios institucionales en doctrina, derechos humanos y justicia” (IV),
para concluir con “reflexiones,
conclusiones, lecciones y sugerencias”.
No ha habido hasta
ahora debate público acerca del informe castrense, ni desde la elite política
–parte de la cual conformó el “ala cívica” de la dictadura- ni en sus medios de
comunicación dominantes. Sólo el Presidente electo, Gabriel Boric, de la
coalición de izquierda, se ha referido al tema, considerándolo valioso y
calificándolo como “histórico”.
Aquí, una selección de
acápites de los capítulos IV y finales, particularmente aquellos que se
refieren al período de la dictadura (1973-1990). (Subtítulos del editor).
Detenciones, torturas,
ejecuciones, asesinatos
“(…) El informe de la
Comisión de Verdad y Reconciliación da cuenta de la detención de personas en
todo el país por parte de personal de las Fuerzas Armadas y policiales,
las que se ejecutaron en sus viviendas, vía pública o después de haberles
requerido en ‘bandos’ que se presentaran en cuarteles militares y que fueron
llevados a recintos castrenses y civiles”.
“Si bien, la mayoría de
las detenciones obedecían a una orden superior, es reprochable que los
detenidos hayan sido torturados, como lamentablemente ocurrió, y más aún el
hecho que algunos hayan sido ejecutados sin que existiera un debido proceso
judicial, como estaba expresamente dispuesto en el Código de Justicia Militar de
1944. Estas situaciones provocaron un grave daño al prestigio de la Institución”.
“También merecen el más
enérgico repudio las acciones en las que estuvo involucrada la
Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en la época. Los tribunales de justicia
comprobaron más tarde la participación de algunos integrantes de esta
repartición institucional en los hechos que provocaron la muerte del líder
sindical Tucapel Jiménez, ocurrida en febrero de 1982, y del químico Eugenio
Berrios en noviembre de 1992”.
Detenidos desaparecidos
“Es también inaceptable
que no se haya entregado los cuerpos a sus familias en todos los casos para que
pudieran ser sepultados según sus creencias. Este aspecto ha sido uno de los
más determinantes en las imputaciones que se le hacen al Ejército, que hasta el
día de hoy tienen los distintos organismos de derechos humanos”.
“Caravana de la Muerte”
“El general a cargo
(Sergio Arellano Stark), que lo hacía en calidad de ‘delegado del Comandante en
Jefe del Ejército (CJE)’, se mantuvo deliberadamente lejos de los lugares donde
se ejecutaron los fusilamientos, distrayendo a los comandantes de regimientos
en actividades sin ninguna importancia, mientras los miembros de su comitiva
sacaban gente de las cárceles y los fusilaban o le(s) ordenaban a integrantes de
las unidades que lo hicieran, involucrando intencionadamente a personal de los
regimientos con seudos Consejos de Guerra”.
Asesinato del general
Prats
“Aparte de los crímenes
de la denominada caravana de la muerte y otros que ocurrieron, el
asesinato del ex Comandante en Jefe, General Carlos Prats, y de su esposa, señora Sofía
Cuthbert, acaecido en Buenos Aires, del que se responsabilizó a
algunos miembros de la DINA, se ha constituido también en una gran vergüenza
institucional, a pesar que fue realizado por un organismo de seguridad que no
pertenecía al Ejército, pero quienes resultaron condenados por la justicia en su
mayoría pertenecían a la Institución”.
“Sobre esta situación
se pronunciaron (sic) años después el Comandante en Jefe del Ejército, GDE
Oscar Izurieta Ferrer, al inaugurar el Campo Militar San Bernardo del General
Carlos Prats González el 5 de junio de 2009, al expresar que ‘… el Ejército
chileno, su Comandante en Jefe y los miles de hombres y mujeres que lo componen
condenan públicamente la vileza de esta acción y repudian a los autores de tan
deleznable crimen, así como a los indiferentes que no prestaron consuelo y
apoyo a las hijas de un Comandante en Jefe asesinado…’. Agregando: ‘… de
confirmarse, en sentencia ejecutoriada, la participación de ex militares en
estos dos crímenes, se habría configurado un acto del mayor deshonor. Es más,
si ya el atentado a la vida del General Prats sería un agravio al honor
militar, la muerte de su esposa constituiría un ultraje a nuestra cultura
militar y al concepto de familia que tanto valoramos…”.
Política de eliminación
“El Ejército en su
intervención en esta instancia (Mesa de Diálogo) realizada entre agosto de 1999
y junio del 2000, en relación con la violación de los derechos humanos aseguró ‘que
la Institución jamás propició una política de Estado destinada ‘per se’ a causar
la eliminación de adversarios políticos del gobierno militar’. Sin embargo,
resultaba evidente que, durante ese periodo, especialmente en los primeros
años, se produjeron violaciones en materia de derechos humanos, las que deben
ser objeto de la más enfática reprobación, considerando que nunca un pretendido
bien común podrá justificar la violación de estos derechos”.
Consecuencias
institucionales
“Como conclusión de
este análisis es inevitable señalar que, cualquiera que fueran las normas
aplicables, incluso en distintas etapas, no se puede violar derechos
internacionalmente establecidos, que incluyen la prohibición de la tortura, la
prohibición de ejecuciones sumarias, la no discriminación y el respeto a los
detenidos”.
“Lo expresado por el
Ejército de Chile a través de los comandantes en jefe representa la posición
institucional ante situaciones tan aberrantes y que no tienen absolutamente
ninguna justificación ni contexto al que se pretenda argüir”.
“Las situaciones que se
vivieron durante el gobierno militar de violación a los derechos humanos no
pueden minimizarse ni descontextualizarse, debido a que los militares están
obligados en su actuar a respetar las normas y procedimientos legales”.
“Podemos establecer que
el ethos militar fue afectado severamente cuando se violaron los derechos
humanos en cumplimiento de las órdenes debido a que se dañó gravemente la
confianza de los ciudadanos con el Ejército y la lealtad que debe existir entre
superiores y subalternos dentro de las estructuras de la institución, ya que se
funda en que quien da las órdenes debe hacerse responsable de las consecuencias
de su cumplimiento. En ello descansa la base de la disciplina
militar, que es el factor clave e imprescindible de toda fuerza militar”.
“Los mandos que no
asumieron su responsabilidad por las consecuencias que produjeron las órdenes
que emitieron también ocasionaron un grave daño a la Institución. Se
relativizaron y desconocieron ‘órdenes verbales’ imprescindibles para la
operación de los medios militares en todo tiempo y circunstancia. Quienes así
lo hicieron comprometieron el ‘honor militar’, que es un valor fundamental que debe
ser observado de Soldado a General. No son pocos los oficiales y
suboficiales de baja graduación que, como consecuencia de haber actuado en cumplimiento
de órdenes verbales que posteriormente fueron desconocidas por sus
superiores, hoy están privados de libertad”.
Herencia
“A raíz de la
participación de algunos de sus integrantes en tareas políticas durante el gobierno
militar, desde la vuelta a la democracia en 1990 la institución ha sido vista
por algunos sectores políticos y de la sociedad como la ‘heredera’ de lo obrado
durante en ese período, condición que ciertamente ha dificultado que sea
apreciada transversalmente como un Ejército que pertenece a todos los chilenos”.
INFORME COMPLETO
Julio Frank S.
Fuente: ejercito.cl
