Grupos económicos y
familias empresariales nacionales junto a consorcios mediáticos extranjeros
predominan en la propiedad de las principales cadenas de comunicación masiva
del país, por lo que su coincidente línea editorial, reacia en general a los
cambios de la institucionalidad aún vigente, se seguirá imponiendo en la
cobertura del proceso constituyente en curso.
Dicha concentración
mediática, favorecida por la política comunicacional de gobiernos de distinto
signo durante las últimas décadas, ha sido denunciada largamente por el Colegio
de Periodistas de Chile y, además, combatida desde algunas candidaturas presidenciales de izquierda.
El derecho a la
comunicación es una garantía fundamental que debe quedar consagrada en la nueva
Constitución Política de Chile -que la convención constituyente comienza a debatir
el domingo- y reafirmar que la libertad de prensa puede ser ejercida no sólo
por empresas, sino también por los demás sectores de la sociedad.
Julio Frank S.
