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23/8/16

Demoledora encuesta sobre nuestra “clase” política

La reciente encuesta de opinión del Centro de Estudios Públicos (CEP) arrojó desastrosos resultados sobre el desempeño político, gubernamental y legislativo de los conductores de este país, así como de su comportamiento ético.

El Centro de Estudios Públicos es un tanque de pensamiento ligado a la derecha chilena, cuyo trabajo es particularmente creíble para la “clase” política en general y esperado con ansiedad incluso por sectores de la centroizquierda.

He aquí algunas conclusiones de su Estudio Nacional de Opinión Pública de julio-agosto de 2016:

-El 85 por ciento de los consultados opina que Chile se encuentra estancado o en decadencia.

-El 68 por ciento califica la situación política general del país como mala o muy mala y el 89 por ciento cree que no cambiará o empeorará.

-El 92 por ciento califica la situación económica del país como mala o regular y el 85 por ciento cree que seguirá igual o peor.

-Sólo el 15 por ciento aprueba el desempeño de la Presidenta Michelle Bachelet; el 8 por ciento, el de su coalición, la “Nueva Mayoría”, y el 10 por ciento, el de la alianza opositora de derecha “Chile Vamos”.

-En la escala ascendente de 1 a 7, el 85 por ciento asigna notas 4 e inferiores al desempeño en general de senadores y diputados; el 31 por ciento lo califica como “pésimo”.

-El 50 por ciento opina que “casi todos” los políticos están involucrados en actos de corrupción y el 30 por ciento, que “bastantes”.

-El 59 por ciento declara estar satisfecho con su vida individual, pero sólo el 17 por ciento cree que el resto de los chilenos lo está.

-El 70 y el 62 por ciento no sabe o no responde sobre quién cree que será o quién le gustaría que fuera, respectivamente, el próximo Presidente de Chile. Entre quienes respondieron, el 20 y el 14 por ciento, respectivamente, cree que será o le gustaría que fuera Sebastián Piñera (por segunda vez) y el 5 por ciento, Ricardo Lagos (ídem). Del resto de los posibles candidatos presidenciales, algunos alcanzan a asomar la nariz.

El ex parlamentario y ex presidente de la Democracia Cristiana, Gutemberg Martínez, fue uno de los primeros en comentar: “Los resultados son pésimos, no sé cómo llegamos a esto”.

J.F.S.

Fuente: cep.cl

24/7/16

Marcha nacional por un sistema de previsión justo y solidario

 
 
Manifestación pública de este domingo 24 en Santiago por la eliminación del actual sistema de previsión social privado e individual (AFP) y su reemplazo por un sistema mixto y solidario. Marchas similares se realizaron en otras ciudades del país.

Fotos: J.F.S.

19/6/16

Senador preso por imputación de cohecho


En prisión preventiva, por constituir “un peligro para la seguridad de la sociedad”, se encuentra el senador de la República Jaime Orpis, imputado de cohecho, fraude al Fisco y delitos tributarios reiterados en el caso conocido como Corpesca, que implica a la empresa del mismo nombre y perteneciente al grupo Angelini, uno de los mayores conglomerados económicos del país.

Según las imputaciones, reafirmadas por la Corte de Apelaciones de Santiago al acceder ante la petición de la Fiscalía, el parlamentario habría recibido dinero periódicamente de la empresa indicada con el fin de favorecer los intereses de ésta en la tramitación de la actual Ley de Pesca, aprobada en 2012 y conocida como “Ley Longueira”, por el entonces ministro de Economía de Sebastián Piñera, Pablo Longueira. Dicha norma consolida de manera indefinida las grandes concesiones marinas asignadas a un puñado de empresarios privados en desmedro del patrimonio público.

Orpis militaba en la Unión Demócrata Independiente (UDI) hasta enero pasado y renunció luego que fuera desaforado por los tribunales. Otros prominentes militantes de esa colectividad son investigados por delitos tributarios en el caso Penta y el ex senador y ex presidente del partido, Jovino Novoa, fue condenado a una pena menor luego de acogerse al procedimiento abreviado.

Y Pablo Longueira -quien renunció como senador en 2011 para ser ministro de Piñera- es también querellado por presunto cohecho y será formalizado en el caso SQM en relación con el trámite de otra ley determinante para el patrimonio económico chileno: la del royalty minero.

En la otra vereda, algunos políticos del oficialismo están igualmente bajo sospecha por presunto financiamiento ilícito, aunque los organismos estatales querellantes, el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado, no han apuntado a ellos hasta el momento. Se objeta particularmente la pasada campaña electoral de la Presidenta Bachelet y la participación en ella de su posterior ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

La política chilena sufre una crisis de ética y credibilidad reconocida verbalmente por sus propios cultores, los que, mayoritariamente, sin embargo, aferrándose al sistema representativo que los convierte en una elite gobernante, sólo han atinado a insistir en la necesidad de un nuevo “acuerdo nacional” –entre cúpulas partidistas-, en la aprobación de más leyes –de cuestionada transparencia- para tratar de remendar lo que debieron haber previsto oportunamente, y en promover la “participación ciudadana” a través de más elecciones. Este domingo 19 se desarrollaron primarias de alcaldes, con un escaso interés esperado entre los votantes y una carga financiera adicional para el Estado.

Y el “proceso constituyente” de Bachelet ya da lástima. En la primera etapa participó un número no precisado de personas para dar simplemente su opinión sobre temas generales y, para colmo, por problemas informáticos sólo se pudo registrar un diez por ciento de los cabildos realizados. La oposición, por su parte, anunció una consulta propia sobre propuestas definidas en forma previa por sus partidos.

Con razón la historia tiene que cargarla una eficiente e iluminada selección de fútbol…

J.F.S.

Imagen: @TodosPescamos

23/5/16

Tohá, Asamblea Constituyente y responsabilidad política


Carolina Tohá planteó, siendo ministra de Bachelet en 2009, la necesidad de una nueva Constitución y sugirió la Asamblea Constituyente como el mecanismo indicado, pero al iniciar su carrera por la alcaldía de Santiago simplemente acalló el tema. Y cuando, con informes judiciales, le cuestionaron su probidad política reaccionó como un miembro más de esa “clase”: golpeando la mesa y asumiendo verbalmente una extraña responsabilidad, inmune.

Una figura delgada, con un traje negro cruzado por una larga banda celeste, ingresó al auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP) el lunes 24 de agosto de 2009, en Santiago, y terminó con el murmullo previo de los presentes. Era Carolina Tohá, ministra secretaria general de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet –por quien había renunciado como diputada poco antes- e invitada especial del seminario “¿Una nueva Constitución para la República?”, organizado por dicha Facultad y el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales.

Faltaba sólo tres meses para las elecciones presidenciales y la campaña era adversa a la Concertación, superada ampliamente por la candidatura del derechista Sebastián Piñera, por lo que los pronósticos acerca de su discurso eran reservados. Pese a que su ministra había planteado ya formalmente la necesidad de una nueva Constitución Política con motivo del Bicentenario de la República (2010) y ante el conservador Centro de Estudios Públicos (CEP), junto al académico de la UDP Javier Couso, la Presidenta había ignorado una carta personal del candidato de la izquierda extraparlamentaria, Jorge Arrate, en la que éste le pedía la instalación de una cuarta urna con el fin de que los votantes se pronunciaran sobre si deseaban o no una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente. El Presidente Lagos, además, había cerrado el tema en 2005 al reformar y poner su rúbrica en lo que llamó “una Constitución que ya no divide a los chilenos”, aunque ésta conservaba los pilares pinochetistas.

Contra todo eso, en una intervención de casi 20 minutos, Tohá hizo un detallado diagnóstico de la realidad política y aventuró algunas ideas de solución, que significaban una propuesta de nueva Constitución con participación de todos los estamentos de la sociedad, es decir, pese no decirlo con todas sus letras, a través de una Asamblea Constituyente.

Dijo en esa oportunidad:

Hablar de una nueva Constitución no es lo mismo que hacerle cambios o reformar la actual. Nueva Constitución tiene una carga fundacional y una ambición de integralidad.

Algunas (Constituciones) fueron más democráticas que otras en su contenido, qué duda cabe, pero en su origen todas fueron más o menos excluyentes. Nunca surgieron de un debate sereno y un acuerdo amplio, nunca de una verdadera asamblea constituyente, amplia, representativa y deliberativa.

La segunda razón por la que se justifica pensar en una nueva Constitución es que la actual está impregnada en todo su articulado de un orden político pensado para conservar y no para procesar cambios. Es un orden político que resulta bastante sofocante para la sociedad actual, que es poco amigo de la participación ciudadana y que pone barreras a las reformas que van demasiado más allá de lo conveniente.

Nuestro sistema no fue hecho, ni lejanamente, pensando en una ciudadanía como la de hoy, más exigente y cuestionadora, menos condescendiente ante la autoridad, más desinhibida, menos temerosa, con mayor apropiación de sus derechos y, digámoslo también, escasa conciencia de sus deberes.

Hay definiciones de nuestra institucionalidad que en el día de hoy, año 2009, simplemente ya no van, ya no pasan, no son asimilables con el Chile actual.

Que ideas mayoritarias dentro de la sociedad no tengan un cauce que haga viable su acogida en los canales constitucionales es una bomba de tiempo para la democracia y para su credibilidad.

Es evidente que esa sociedad necesita otro tipo de institucionalidad.

La prensa dominante no cubrió este tema hasta que Bachelet lo levantó en 2013, por lo que lo sucedido en el seminario universitario no tuvo trascendencia, al menos, pública.

Tres meses después, tras la contundente derrota del candidato presidencial concertacionista, Eduardo Frei, en la primera vuelta, Tohá, designada su “generalísima”, reiteró algunos conceptos coincidentes incluidos en el programa de gobierno respectivo. Se guardó, sin embargo, lo del procedimiento: Frei se oponía terminamente a una Asamblea Constituyente.

Piñera repitió su triunfo en la segunda vuelta, asumió el gobierno y el problema constitucional pareció pasar al archivo. No se volvió a escuchar la  voz constituyente de Carolina Tohá.

“Hay que ganar Santiago”

En 2012, la ex ministra de Bachelet se presentó como candidata a alcaldesa por Santiago, la comuna más influyente y apetecida políticamente del país. Meses antes, asistió a un encuentro cívico preparado por una organización no gubernamental, en el cual se pedía a los candidatos que se comprometieran, a través de su firma, con una serie de reivindicaciones ciudadanas de diverso carácter.

En el intermedio, me permití abordarla personalmente para saber qué había ocurrido con los estudios y planteamientos tan rotundamente expuestos por ella tres años antes. Le pregunté por qué no había seguido hablando de la Asamblea Constituyente y me respondió que sí lo había hecho, pero que sus compañeros de coalición no le “hacían caso”. Al reiterarle la trascendencia del tema, me contestó que su objetivo inmediato era “ganar Santiago”, esto es, ser elegida alcaldesa de la comuna. Ya con varios años involucrado en esta materia, volví a insistirle, ante lo cual dio por terminado el breve diálogo repitiendo “hay que ganar Santiago”.

Y ganó Santiago, brillantemente, pese a la alta abstención electoral (60%) y derrotando al supuestamente imbatible –hasta entonces- alcalde UDI Pablo Zalaquett.

Ni siquiera cuando Bachelet lo reflotó en 2013 y lo puso en primer lugar en su segundo programa de gobierno, la actual alcaldesa optó por comentar el problema constitucional que ella misma se había encargado de plantear públicamente como ministra. Sólo reapareció tímidamente dos años después, más como disciplinada militante de la “Nueva Mayoría” -ex Concertación más el Partido Comunista- que como líder política, cuando la gobernante preparaba un “proceso constituyente” que decía admitir el escenario político-social ya descrito y acoger las demandas ciudadanas, pero que, arbitrariamente, mantenía a los participantes fuera de las decisiones políticas, junto con ignorar a más de 50 diputados oficialistas e independientes, casi la mitad de la Cámara Baja, que habían presentado un proyecto de ley sobre plebiscito nacional para permitir a la ciudadanía decidir el procedimiento para una nueva Constitución.

En 2015, la alcaldesa encabezó uno de los primeros cabildos “autoconvocados”, coordinados por el gobierno, acto aplaudido en Chile por la ONU Mujeres, organismo del cual Bachelet había sido directora.

Golpe a la mesa

Hoy, sorprendentemente, dado su imagen pública de corrección y transparencia, Carolina Tohá está cuestionada, según los primeros informes judiciales, por el financiamiento recibido por su partido, el PPD (Partido Por la Democracia), de parte de la empresa Soquimich -propiedad del yerno de Pinochet y adquirida en dictadura-, cuyas gestiones se realizaron en 2011, mientras ella era presidenta de la colectividad.

Las sospechas públicas, que han puesto en cierto riesgo su repostulación a la codiciada alcaldía santiaguina, fueron rechazadas por la habitualmente mesurada y comedida Tohá, quien adoptó la misma actitud cortante e incluso intimidatoria de colegas objetados por recibir dinero empresarial y pinochetista para sus campañas. Respondió que todo lo que había hecho se ajustaba a la ley (hecha por los mismos políticos), que no había recibido dineros de Soquimich (no es la única imputación), que asumía su responsabilidad política por “errores” y que, si persistieran las dudas, estaba dispuesta a someterse a… elecciones primarias.

Sólo le faltó una mesa que golpear físicamente, porque dejó muy claro que los políticos sólo cometen “errores”, susceptibles de “reproches” y de un simple “mea culpa” –que sus correligionarios suelen celebrarse unos a otros-, y no faltas a la ética sancionables y, menos aún, delitos; que bastan reformas legales para solucionar casos relativamente complejos
–como la reciente ley de financiamiento estatal para los partidos- y si no fuera suficiente, la ciudadanía tiene el derecho a cambiarlos… eligiendo a sucesores que los mismos partidos le propongan.

Responsabilidad política

Tohá, hija del ministro del Interior de Allende, José Tohá, muerto por la dictadura, ha dicho que asume su responsabilidad política, aunque dentro de ésta parece no figurar el haber acallado sus trascendentes conclusiones político-constitucionales para acatar, en cambio, un plan oficialista que de constituyente podría tener mucho, pero de asamblea, de participación popular organizada y autónoma, nada.

La alcaldesa no se ha desligado, después de todo, de una política de casta generada a partir del ocaso del dictador, la que si bien rechaza formalmente la dictadura como régimen de gobierno, tampoco está dispuesta a permitir que el pueblo, la ciudadanía no partidaria, le diga lo que tiene que hacer, argumentando que ya hay un Estado de Derecho con reglas bien definidas. Sus ejecutores creen saberlo todo y, más decisivo aún, que el resto no sabe nada.

Ninguno, por ejemplo, parece inmutarse con el mensaje de una multitienda a través de un inserto en la prensa nacional, de ocho grandes páginas y a todo color, que se pregunta ¿Somos los chilenos felices?” y para responderse recurre a la afición al fútbol, la comida, las mascotas, la actividad física, las redes digitales y a reflexiones y sugerencias sobre la felicidad, la pareja y la educación parental de los hijos. La vida y la participación en sociedad brillan por su ausencia.

Uno de los estudios citados –Chilescopio 2015- es elocuente:

La estrategia de ser feliz en el país sigue una lógica individualista. Por lo tanto, lo que brinda felicidad a un chileno hoy son fundamentalmente los aspectos privados de su vida doméstica, hogar o familia.

Eso es parte de la responsabilidad de los políticos chilenos: no pueden negar que fueron exitosos en la desmovilización social hasta pocos años atrás y hoy siguen administrando sus frutos.

Julio Frank S.

Foto: Ministra Carolina Tohá, 2009, J.F.S.

2/5/16

Chilenos en Argentina participarán en “proceso constituyente”


Chilenos residentes en Argentina realizaron un encuentro local en Buenos Aires el fin de semana pasado y crearon la “Provincia 55”, con el fin de participar en el llamado “proceso constituyente” que lleva a cabo el gobierno de Michelle Bachelet.

Aproximadamente 30 ciudadanos, mayores de 14 años y con su respectivo documento de identificación (RUN), comentaron sus motivaciones para participar y lo que esperan de este proceso, especialmente en cuanto a valores y principios, derechos, deberes y responsabilidades, e instituciones. Posteriormente eligieron un coordinador y una secretaria de actas.

“No se puede evadir el análisis comparativo del Chile que dejamos (años atrás, por obligación, coacción o voluntario) (sic) con el Chile actual y con el país donde residimos actualmente. Esto que puede sonar a objetividad o racionalismo no pierde o excluye en ningún momento los sentimientos y afectos que conforman nuestra identidad y ciudadanía”, agrega el comunicado.

Los residentes en Argentina se quejan de la discriminación que aún les afecta, ya que las actuales normas les impiden tanto elegir parlamentarios como realizar, en este caso, cabildos provinciales y regionales.

“Consciente de estas restricciones, el Encuentro Local de Buenos Aires concluyó realizar el Cabildo Provincial ‘Ciudadanos Chilenos Residentes en Argentina’ el sábado 23 de julio, en lugar y horario a coordinar con todos aquellos Encuentros Locales que se realicen en diferentes provincias argentinas hasta el día 23 de junio, que es el plazo fijado por el Consejo Organizador”.

De este modo, prosigue la información, la denominada Provincia 55 “Chilenos Residentes en Argentina” constituirá su Cabildo Provincial en una reunión pública y abierta de ciudadanos y ciudadanas residentes, para analizar y debatir los temas constitucionales prioritarios surgidos de los respectivos Encuentros Locales y, de esa manera, intervenir en la elaboración de las llamadas “Bases Ciudadanas para una Nueva Constitución Política para Chile”.

Enfatizan finalmente que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo -la ciudadanía-, del que emanan los poderes del Estado”.

J.F.S.

Fuente: Carlos Méndez

24/4/16

Aylwin y el Grupo de los 24: “Asamblea Constituyente es una necesidad ineludible”

Políticos de ambos lados reivindicaron el “espíritu republicano” durante los funerales del primer Presidente de la transición. No recordaron, sin embargo, lo que éste pensaba durante la dictadura y dejó de pensar al llegar al gobierno. 


Políticos oficialistas y opositores rasgaron vestiduras la semana pasada defendiendo el “espíritu republicano”, supuestamente herido por el irrespeto de los dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que llevaron a cabo su marcha de protesta contra la política educacional durante y pese a los funerales de estado del ex Presidente Patricio Aylwin, el primer gobernante de la transición post Pinochet. 

Recordaron, evidentemente, el papel protagónico que cupo a Aylwin en las negociaciones de entonces, no obstante que éstas se centraran en atenuar la amenaza autogolpista tras la derrota electoral del dictador en 1988 y, una vez en el gobierno (1990-1994), en moderar la estructura institucional impuesta y destinada a evitar las expresiones políticas y sociales contrarias a ella. 

Lo ocurrido el jueves 21 de abril no hizo más que reflejar la división en que se encuentra la sociedad chilena: mientras miles de ciudadanos anónimos, coincidiendo con sus conductores, terminaban de desfilar, solemnes y apenados, ante uno de los principales gestores de cómo está hoy el país, muchos más, bulliciosos e indignados, protestaban por haber sido mantenidos al margen de las deliberaciones más trascendentes. 

La “cosa pública” -el bien común- ha sido menospreciada y reducida al mínimo por la política oligárquica para que la “cosa privada” –los intereses privados- tomara su lugar. 

¿Y la AC? 

Patricio Aylwin formó parte del comité directivo del Grupo de Estudios Constitucionales, llamado “Grupo de los 24”, integrado por políticos y juristas que se oponían a la dictadura e intentaban, en 1979, definir las bases de una verdadera democracia. Algunos fueron posteriormente ministros y parlamentarios de la Concertación. Figuraban allí también Edgardo Boeninger, Francisco Cumplido –ambos, ministros de Aylwin-, Jorge Molina, Zarko Luksic, Manuel Sanhueza –presidente de la agrupación-, Ignacio Balbontín, Jorge Mario Quinzio, Julio Subercaseaux, Eduardo Jara y Hugo Pereira. 

“Dentro de nuestro cuadro general de proposiciones –señala el “Informe del Grupo de los 24” (1979)-, destacamos la trascendencia de dos supuestos constitucionales esenciales, insustituibles e imprescindibles si se quiere conformar una institucionalidad verdaderamente democrática. El primero es la exigencia, ya expresada, de que la reforma constitucional sea expresión auténtica de la soberanía popular supuesto que toda autoridad –incluso y primordialmente la del Poder Constituyente- se apoya en la voluntad del pueblo expresada con las garantías necesarias. De ahí la necesidad ineludible de (que) una Asamblea Constituyente, generada democráticamente, sea quien debata la reforma constitucional”. 

Y sentenciaba:

El único titular del poder constituyente es el pueblo mismo.

En otro documento, titulado “El Grupo de los 24 y el reencuentro con la democracia” -publicado años más tarde por la Biblioteca del Congreso Nacional-, precisa que “el Poder Constituyente, originariamente radicado en el pueblo, puede ser derivado en representantes populares que, elegidos de manera democrática, se constituyen en Asamblea Constituyente”, reiterando que “el Poder Constituyente sólo puede ser ejercido legítimamente por el pueblo o por órganos representativos de toda la ciudadanía, sin exclusiones”. 

Para ello, continúa, “ha elaborado propuestas y contenidos institucionales que apuntan a servir de base a una futura Asamblea Constituyente u otro órgano de integración pluralista que se dará el pueblo chileno, como única forma legítima de establecer una Constitución democrática por su formación y postulados”. 

“Las elecciones de representantes –explica- deben ser hechas por sufragio (votación) (sic) universal, obligatorio, libre, informado, secreto, igual y personal”, insistiendo en que “todos los ciudadanos deben ser ampliamente informados sobre las diferentes posiciones de los candidatos”.

“Republicanismo” 

¿Cuál de los dolidos políticos “republicanos” de hoy recordó esta coincidencia del extinto Presidente Aylwin? Auque éste, probablemente, la dejó de lado, asunto comprensible cuando se gobernaba con el hálito del ex dictador encima, han transcurrido ya más de dos decenios sin amenazas golpistas, con una oposición circunscrita a la lucha electoral por el poder, con preocupaciones populares concentradas en el consumo para seguir las directrices superiores y con el resto de la ciudadanía llegando con sus problemas sólo hasta las calles. 

No se trata precisamente de mala memoria. 

Después de velar a su ex colega fallecido, la actual Presidenta, Michelle Bachelet, participó en el primer cabildo ciudadano de su “proceso constituyente”, programa coordinado por su gobierno, cuyo sentido y contenidos son escasamente difundidos por los medios de comunicación –la mayoría, propiedad de consorcios privados, nacionales y extranjeros- y que se traducirá en un proyecto de ley de nueva Constitución que será tramitado mayoritariamente por los intérpretes “oficiales” del republicanismo, que ven en éste el afán por buscar acuerdos cupulares -llamados “consenso nacional”- a vista y paciencia de la ciudadanía. 

Como una de sus “Bases Indispensables” para una verdadera democracia (imagen), el Grupo de los 24 de Aylwin establecía, en cambio, la “participación organizada del pueblo en la vida política, económica, social y cultural de la Nación”. 

Mientras el descontento social no se refleje en las urnas, como ocurrió en España, seguirán incólumes aquí los políticamente correctos “olvidos”.

Julio Frank S.

5/4/16

Primeras grietas en el “proceso constituyente” de Bachelet

Así como está, se trata sólo de un programa de participación política ciudadana y consultiva sobre contenidos constitucionales, advirtieron ONGs promotoras de los derechos humanos y civiles. Mientras, la alianza de oposición amenaza con restarse de un proceso “manipulado” y el Consejo de Observadores designado suma dos renuncias. 

La Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales “Acción”, que reúne a 55 entidades de promoción ciudadana y de derechos humanos, describió algo que pareciera evidente, pero que en este país –supuestamente ejemplo de democracia- no lo es. A través de una declaración pública, advirtió que el llamado “proceso constituyente” puesto en marcha por el gobierno de Michelle Bachelet no es tal, sino sólo un programa de participación y consulta política ciudadana acerca de contenidos constitucionales, por lo que corre el riesgo de transformarse en “un ensayo sin destino claro”. 

Poco antes, el integrante del Consejo de Observadores, el empresario José Miguel García –designado por la propia Presidenta-, renunció a su función explicando que se sentía “decorativo” y también se alejó, por motivos de salud, la periodista Cecilia Rovaretti. En tanto, la vocera de la alianza opositora, Alejandra Bravo, se manifestó partidaria de restarse de un proceso “viciado y manipulado ideológicamente”. 

Bachelet, en cumplimiento de su programa de gobierno, impulsa la elaboración de una nueva Constitución Política, que derogue la promulgada por Pinochet en 1980, pero ha desechado (hasta ahora) una Asamblea Constituyente en favor de un sistema de cabildos comunales, controlado por el gobierno a través de supervisores designados y redactores oficialistas, y cuya propuesta resultante será remitida al Parlamento.

“No es un proceso constituyente”

“Lo que se ha puesto en marcha en nuestro país no es un ‘Proceso Constituyente’ propiamente tal, sino la apertura de un momentum político de participación ciudadana bajo una dinámica consultiva sobre contenidos constitucionales”. 

Así lo afirma la declaración de las ONG de Acción, de ocho puntos. En otro acápite, precisa que “la ciudadanía no tiene certidumbres ni garantías respecto del carácter democrático y representativo de la sistematización de los contenidos que darán cuerpo al documento (de conclusiones) dado el carácter no vinculante que tendrá su participación”.

“Tampoco hay garantías –prosigue- respecto de la formulación, uso y finalidad del documento ‘Bases Ciudadanas’ que propondrá la Presidenta de la República al Parlamento una vez terminado el proceso ciudadano”. 

Respecto de la campaña comunicacional desplegada por el gobierno con el fin de “educar” al ciudadano sobre estas materias, Acción objeta que se “infantilice” a los destinatarios mediante el uso de caricaturas y frases que aluden a otro contexto, lo que despolitiza el debate nacional que se desea generar –añade-, no informa realmente acerca del proceso y desperfila un momento histórico para la vida democrática chilena. 

Para la entidad, además, resulta preocupante “que se convoque a la ciudadanía a un proceso para crear la nueva Constitución del país donde se pide priorizar cuál o cuáles derechos humanos son más importantes que otros”. 

Y concluye: “Así como está articulado, el proceso de consulta ciudadana no se inscribe en una voluntad clara por generar sintonías de mayor aliento con la ciudadanía. Este parece ser un proceso de ‘apertura y cierre’, no dispuesto a generar procesos sociales tendientes a favorecer mejores niveles de inclusión”, advirtiendo, paralelamente, sobre el riesgo de instrumentalizar la opinión de la ciudadanía y legitimar decisiones posteriores favorables al cambio de la actual Constitución, pero no de sus contenidos en forma sustantiva.

J.F.S.

Fuente principal: accionag.cl

1/3/16

Inspirador de ganadora de Oscar exige cambiar Constitución de Pinochet

Leopoldo Osorio, inspirador del cortometraje animado “Historia de un oso” (Bear Story), primera cinta chilena ganadora de un premio Oscar, rechazó el martes 1 la invitación de la Presidenta Michelle Bachelet al equipo triunfador, encabezado por el realizador Gabriel Osorio, nieto del aludido.

“Volveré a La Moneda cuando no esté la Constitución de Pinochet”, dijo en las horas previas quien fuera secretario del Presidente Salvador Allende a 1973, estuviera detenido durante dos años tras el golpe de estado y saliera al exilio a México y finalmente a Inglaterra. Hoy tiene 86 años de edad.

La actual Constitución Política de Chile fue redactada, aprobada y promulgada en plena dictadura, en 1980, y ha sido reformada sucesivamente a partir de 1989, aunque sin alterar sus pilares autoritarios. En 2007 se iniciaron diversos movimientos ciudadanos en demanda de una Asamblea Constituyente y desde 2011 algunos parlamentarios han presentado proyectos de ley en tal sentido, pero la férrea oposición de la minoritaria derecha pinochetista, sumada al desinterés de una parte de la propia Concertación por la Democracia –actual “Nueva Mayoría”, en el gobierno-, especialmente de la Democracia Cristiana, han impedido que tal iniciativa progrese.

J.F.S.

Diversas fuentes

1/2/16

La Presidenta no tiene todo perdido

Michelle Bachelet se lamentó ante el país por el escándalo judicial que afecta a su familia. No se quejó de los que sacuden a la política y la economía ni de la oposición entre sus propios aliados, pero su “proceso constituyente” podría ser útil.
  
La Presidenta Michelle Bachelet se presentó el viernes 29 ante las cámaras de televisión para manifestar su “dolor” por los hechos judiciales que involucran a miembros muy cercanos de su familia, cuyos efectos, además, le alcanzan políticamente. Su nuera soporta acusaciones de presuntos delitos tributarios y su hijo mayor, esposo de ésta, es incluso ridiculizado por un supuesto tráfico de influencias en el caso.

Pareció cerca de llorar, pero ese eventual llanto hubiera sido menos creíble aún. Su trayectoria política, especialmente la más reciente, está dotada también de dobles estándares. Tendría que haberse quejado igualmente de la actual proliferación de denuncias sobre delitos económicos en la política, el Parlamento, en grandes consorcios que rigen la economía nacional, las Fuerzas Armadas, el fútbol campeón de América y hasta en la recolección de basura.

Bachelet, sorprendiendo a la oposición pinochetista, anunció hace dos años que su segundo gobierno sería de reformas profundas al sistema político imperante en el país durante la transición post Pinochet. Una nueva Constitución, elaborada democráticamente, así como reformas a la tributación, la educación y el trabajo para hacerlos más justos fueron la base de su plataforma de campaña y arrasó en las tres elecciones en que compitió en 2013. No precisó entonces cómo impulsaría sus propuestas progresistas, dado que la institucionalidad vigente, heredada de la dictadura, no favorece precisamente las embestidas contra su hermética estructura e ideología.

El curso seguido por los tres cambios puntuales mencionados ha sido, sin embargo, un anticipo: el texto original de la reforma tributaria fue modificado sustancialmente en el Parlamento y sometido aun a otro cambio (“la reforma de la reforma”); la gratuidad universitaria para los sectores de menores ingresos salió a la luz de manera precaria y no sin antes ser alterada por un cuarto poder, el Tribunal Constitucional –designado paritariamente-; y la laboral, una vez más, no ha podido avanzar, en esta ocasión porque ni siquiera logró acuerdo dentro del oficialismo.

“Proceso constituyente”

El mayor legado que espera dejar Bachelet de su segunda administración, el llamado “proceso constituyente” para una nueva Constitución, podría haber sido el remanso entre tanta traba, descrédito, rechazo y sinsabores políticos y familiares. Pero aquí tampoco asoman buenos augurios. Ahora se sabe que, si todo resultara como ha anunciado, no habrá algo más que consultas vecinales no vinculantes y un proyecto de ley redactado por constitucionalistas designados por ella, proyecto que, como cualquier otro, deberá chocar contra un Parlamento todavía binominal, en el que la oposición de derecha posee una representación por sobre los votos conseguidos en las elecciones y que dispone, además, de altos quórum en su favor. Añadido eso a las divergencias internas en la coalición gobernante, la “nueva Constitución” bacheletista podría terminar rápidamente en los mullidos archivos del Congreso Nacional.

Si la Presidenta de Chile no halla espacios halagüeños o esperanzadores incluso mirando a futuro es porque ella ha asumido, como su generación política, que se encuentra atada de manos. Desde el comienzo de su carrera ha acatado estrictamente lo que en apariencia desea cambiar: la institucionalidad heredada de la dictadura. De ahí que no sólo su reacción ante el libertinaje público haya sido pobre, sino también su propuesta hacia una nueva Carta Magna.

Al riesgo de un liderazgo político, ha preferido el resguardo de un ejercicio burocrático, mientras su gremio obstruye sus reformas y prepara las próximas elecciones como si nada trascendente ocurriera.

Una oportunidad

La ciudadanía observa, más atónita que indiferente, cómo sus conductores se enredan con la ética y la justicia en sucesivos e interminables escándalos financieros. No tiene muchas alternativas. Lo conveniente pareciera seguir impermeable, acatando las directrices individualistas que le han relegado a sus asuntos particulares durante 25 años y revalidarlo indefinidamente, por acción u omisión, en las urnas.

Tiene, con todo, una oportunidad: reaccionar con cierta claridad y decisión en los próximos cabildos vecinales para demandar verdaderos cambios, exigiendo, para empezar, que el proceso constituyente sea auténticamente democrático y la opinión ciudadana, representada y tenida en cuenta a través de una Asamblea Constituyente.

Sería, al menos, una advertencia popular sobre el riesgo que el (mal) ejemplo de la “clase” política adquiera el grado de epidemia y la reprochable, aunque lucrativa, categoría de país corrupto quede al alcance de la mano.

Julio Frank S.

28/12/15

Asambleario para verdaderos constituyentes


El gobierno, como se informó, iniciará en 2016 lo que ha llamado un “proceso constituyente”, es decir, un camino destinado a establecer una nueva Constitución Política del Estado. En su fase preliminar, de difusión, ha publicado un “Constitucionario”, compendio en el cual define los principales conceptos de política y educación cívica, aunque con un enfoque más bien restringido, que no da a la ciudadanía su verdadero papel en un proceso tan importante. 

Pues bien, en su campaña por una Asamblea Constituyente, esto es, por el mecanismo más democrático para arribar a una nueva Constitución, la iniciativa social “Marca AC” ha creado y difunde un “Asambleario”, que intenta profundizar acerca del real sentido de una democracia moderna, basada en la participación directa y vinculante de todos los ciudadanos en las principales decisiones del país. 

Aquí, los primeros conceptos de este “Asambleario”.

A


B


C


D



E


F


G


H


T



J.F.S.

Fuente: MarcaAC

23/11/15

Audaz promoción de la Asamblea Constituyente


La Iniciativa Ciudadana por una Asamblea Constituyente Marca AC, que en las pasadas elecciones presidenciales llamó a escribir dichas iniciales en la papeleta de votación consiguiendo poco más del 10 por ciento de los sufragios, según sus registros, lanzará en los próximos días una campaña de promoción consistente en el llamado “Himno Libre”, composición musical basada en la Canción Nacional chilena y con letra original relativa a la actualidad del país. 

La producción corresponde a la agencia publicitaria La Firma y participaron en ella los directores creativos Francisco Guarello y Roberto Fuentes Angellotti, con musicalización de Tomás Vidal. Cumplió una destacada participación en el festival de la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad (Achap) en 2015, según informan sus responsables. 

El trabajo, que contó con la asesoría legal del caso por basarse en el Himno Nacional, precisaron sus autores, ya se encuentra en las redes sociales y se espera que abarque otros medios de comunicación. 

“Queremos una verdadera democracia, una verdadera Constitución”, sentencia el movimiento “Marca AC”, que promueve para ello la realización de una Asamblea Constituyente. La Presidenta Michelle Bachelet ha convocado a un “proceso constituyente” para el año entrante, pero se trata más bien de un programa gubernamental de consultas vecinales coordinado, dirigido y finalmente redactado y definido por las autoridades políticas de turno.

Julio Frank S.

2/11/15

Esto no es un proceso constituyente

La Presidenta Bachelet elude un proceso impulsado pero no dirigido por el gobierno, con delegados electos libre y especialmente, representativos de toda la sociedad y deliberantes en forma autónoma. 

La propuesta sobre el procedimiento para llegar a una nueva Constitución anunciado hace algunas semanas por la Presidenta Michelle Bachelet no es un auténtico proceso constituyente, sino sólo un plan gubernamental. 

La gobernante ha anunciado una campaña de educación cívica elaborada por el gobierno, un proceso de reuniones y consultas vecinales no vinculantes, un proyecto de reforma constitucional para ser aprobado por los dos tercios de un Congreso binominal y cuestionado, y un proyecto de nueva Constitución redactado también por el gobierno y dejado a discreción de parlamentarios designados previamente por los partidos políticos. 

Al tiempo que no se sale un centímetro del marco institucional proveniente de la dictadura y acata incluso sus reglas más duras, habla de la necesidad de incorporar derechos sociales fundamentales y de facilitar una participación ciudadana efectiva; mientras asegura un proceso lejano a las experiencias venezolana, boliviana o ecuatoriana –consistentes, por paradoja, en una asamblea constituyente- y evita aparecer como un caudillo populista, delega finalmente su compromiso político en un Parlamento pinochetistamente institucional. 

Las etapas 

El plan partirá por una campaña de educación cívica de la que se desconoce aún su formato, medios de difusión y, sobre todo, el lineamiento de su contenido. Particularmente importante es cómo se identificará y tratará preceptos democráticos esenciales, como la soberanía popular y su máxima expresión, la Asamblea Constituyente, ambos minimizados y hasta denostados incluso por ex Presidentes de la República de la alianza gubernamental. 

Acto seguido, a partir de marzo próximo, el Ministerio Secretaría General de Gobierno organizará y coordinará una serie de consultas, diálogos, debates y cabildos a nivel comunal, regional y finalmente nacional, de la que sólo se conoce hasta ahora que no será vinculante; es decir, el gobierno, probablemente a través de una comisión de expertos, se reservará el “derecho” de incorporar, modificar o rechazar discrecionalmente los aportes ciudadanos. ¿Qué ocurriría si la mayoría de los convocados coincide, vulnerando dogmas económicos imperantes, en que los recursos básicos del país, llámense cobre, agua, mar territorial u otros, deben volver a manos del Estado para que beneficien a todos los chilenos? ¿Y si exige lo mismo respecto de los fondos previsionales de los trabajadores? 

A continuación, Bachelet, acudiendo a un Congreso elegido mediante un mecanismo binominal creado en dictadura y con varios integrantes comprometidos por investigaciones judiciales sobre financiamiento ilegal de la política, enviará un proyecto de reforma constitucional para que sea aprobado por los dos tercios de los parlamentaros en ejercicio, proponiendo motu proprio el quórum más alto de los ya prohibitivos establecidos por la Constitución de Pinochet para las reformas de fondo. 

Sería este Parlamento el llamado a decidir sobre el procedimiento por el cual su sucesor –elegido esta vez mediante un sistema semiproporcional- tramitaría a partir de 2018 el proyecto bacheletista de nueva Constitución: si una comisión bicameral de senadores y diputados, una convención de parlamentarios y ciudadanos, una Asamblea Constituyente o un plebiscito que delegue tal pronunciamiento en la ciudadanía. En una “clase” política donde lo republicano se centra en ella misma y la ciudadanía sólo tiene un papel de elector, no hace falta analizar mucho para suponer cuál mecanismo constituyente le conviene más. 

El desafío 

Así y todo, en la decisión de Bachelet de llevar adelante un proceso de nueva Constitución se observa mucho de autoimposición y desafío personal. ¿Estaríamos en esta instancia si ella se hubiera limitado a prometer sólo reformas puntuales? Lamentablemente, su buena intención se diluye en medio del sistema político que ella misma ha contribuido –y poderosamente- a consolidar: una democracia elitista e indiferente a la soberanía popular, que logra el contraproducente efecto de hacer inmutable e irreversible la herencia dictatorial. 

Lo verdaderamente trascendente y novedoso de todo esto, así como se prevé, será la reacción y actitud que en definitiva adoptará la población ante esta propuesta gubernamental, la más importante, sin duda, desde el término de la dictadura en 1990. 

¿Qué esperar? En este momento, un proyecto de reforma constitucional que faculta al Presidente para llamar a plebiscito, en trámite en la Cámara de Diputados, y una propuesta de Asamblea Constituyente presentada por los presidentes de las comisiones de Constitución de ambas cámaras. 

De la magnitud de la respuesta ciudadana, positiva o negativa, dependerá que la convocatoria presidencial a un proceso destinado a promulgar una nueva Constitución Política del Estado se transforme en un verdadero proceso constituyente, impulsado pero no dirigido por el gobierno, con delegados electos libre y especialmente, representativos de toda la sociedad y deliberantes en forma autónoma; o bien, como ha sucedido últimamente con los comicios generales, que los convocados se resten mayoritariamente, dejen la propuesta constitucional a su suerte y permitan que sus conductores políticos sigan interpretando en forma unilateral cuáles son los intereses y aspiraciones de los chilenos y actuando en consecuencia.

Julio Frank S.

15/10/15

Llaman a la ciudadanía a manifestarse por la Asamblea Constituyente


Llamamos a los parlamentarios de todos los sectores, a las organizaciones sociales y a la ciudadanía a tomar partido por la AC y a redoblar esfuerzos para lograr una nueva Constitución basada en un proceso legítimo, democrático y participativo”. 

Esa es la convocatoria que formuló este jueves, en declaración pública, la Bancada Transversal por la Asamblea Constituyente (Bancada AC), luego de los anuncios de la Presidenta Michelle Bachelet sobre el proceso destinado a elaborar una nueva Constitución Política del Estado. 

Bajo los eslóganes Que el pueblo decida y Vamos por la AC”, los parlamentarios instan a los ciudadanos a empujar por una Asamblea Constituyente, involucrarse en el proceso y expresar sus demandas sobre lo que debiera ser el contenido de la nueva Carta Magna. 

Advierten que, aunque se ha dado un paso importante, “nada está asegurado”, debido principalmente a las altas mayorías parlamentarias (quórum) que impone la actual normativa, por lo que “si la ciudadanía quiere darse su propia Constitución y que no le sea impuesta, debe activarse y demandar de sus representantes actuales y futuros que se comprometan con la AC”. 

Los convocantes, entre los que se cuentan Giorgio Jackson (Revolución Democrática), Camila Vallejo y Karol Cariola (comunistas), Gaspar Rivas (independiente y ex pro Renovación Nacional), Leonardo Soto y Maya Fernández (socialistas), entre otros, valoran que “Chile se embarque en un proceso de nueva Constitución y no sólo una reforma o modificación de la Constitución actual y, más aún, que contemple la Asamblea Constituyente y el plebiscito vinculante como alternativas institucionales que ya habían sido promovidas por esta Bancada y por diversas organizaciones sociales”. 

Puntualizan que una nueva Constitución debe ser el reflejo de la diversidad propia de una sociedad democrática y no la manifestación de un proyecto político particular. 

“Es imperativo exigir que la nueva Carta Fundamental sea resultado de un proceso colectivo y de carácter participativo –insisten-, en el que, por diversas vías institucionales, participe toda la comunidad, pues se trata de una manifestación soberana y, como tal, nadie más que ella puede hacerlo”. 

J.F.S.

Diversas fuentes

Foto: @mayafernandeza

2/10/15

Esto se llama Plebiscito Ahora y Asamblea Constituyente


Artistas y profesionales de la televisión y el cine adherentes al movimiento nacional ciudadano por un plebiscito, que permita al pueblo de Chile definir el mecanismo para elaborar una Constitución Política auténticamente democrática. 


Fuente: MarcaAC