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6/11/17

Elecciones para los que no quieren cambios

La mayoría de los chilenos se declara feliz en su vida personal, según un estudio de mercado, y aunque cree que el país, en cambio, no avanza, no está dispuesta a arriesgarse. Sus representantes políticos, tampoco. 

El próximo 19 de noviembre, Chile vivirá un nuevo proceso eleccionario presidencial y parlamentario. Eso de “vivir” es un eufemismo, dado el escaso interés por la política ya arraigado en la población chilena y expresado últimamente en un aumento de la abstención, aunque ello no signifique necesariamente un rechazo al sistema imperante. Este parece haber dotado al país de una efectiva inmunidad no sólo ante propuestas de reformas drásticas o “revolucionarias”, sino también ante la creciente corrupción política y las periódicas protestas callejeras. 

Más aún, el reciente estudio Chilescopio 2017, realizado por la consultora en investigación de mercados Visión Humana y difundido por Emol (El Mercurio On Line), reveló que si bien el 61 por ciento de los chilenos considera que el país, como tal, no avanza, un porcentaje todavía mayor (64%) se declara “feliz” o “muy feliz” con su vida personal. Su principal temor (53%) se centra en la eventualidad de enfermarse y sólo el 31 por ciento lo atribuye a los problemas económicos. El presente es lo más importante para el 66 por ciento de ellos. 

Más allá de la capacidad de consumo y endeudamiento, otro hábito en el estilo de vida, ya extendido e incluso institucionalizado, contribuye a ilustrar ese placentero estatus. Desde el 27 de octubre, a menos de un mes de las elecciones, la fuerza laboral pudo disponer de un no muy corto y relativamente relajado período mezcla de asueto y trabajo: de los diez días que concluyeron el 5 de noviembre, seis fueron no hábiles. Como los fines de semana “largos” establecidos por un nuevo y más generoso calendario oficial de feriados –incluidos días “sandwich”-, hubo un considerable éxodo (así llamado) familiar y turístico desde la capital hacia otros puntos del territorio. La alta circulación vehicular que eso genera ocupa la primera plana noticiosa en los medios de comunicación tradicionales, aunque sea generalmente para referir accidentes, atochamientos y estadísticas. 

Si los menos aventajados quedan al margen de esas vacaciones poco formales, pero posibles, es problema de cada uno. 

Candidatos a la Presidencia 

¿Por qué los chilenos tendrían que molestarse en ir a votar cuando ya serían felices, al menos en lo personal, para elegir entre candidatos y opciones politicas que no querrían, no se atreverían o no podrían alterar tal felicidad? ¿Qué cambios sociales podrían prosperar en un país con una condición ambiental tan individualista? 

Las elecciones se han transformado así en un acto más bien reflejo o ingenuo, para algunos, y en una rutina inconducente y fastidiosa, para otros, incluidas las presidenciales. 

El ex Presidente Sebastián Piñera aparece como favorito. Es el prototipo del empresario ambicioso, exitoso, admirado, denostado, envidiado… y multimillonario. Su comportamiento ético en permanente cuestionamiento no le ha causado daño y acaba de esquivar una querella por presunta negociación incompatible con una empresa peruana mientras era Jefe de Estado. Es el verdadero candidato del continuismo, aquel del sistema institucional originalmente impuesto por Pinochet. En 2011, cruzada ya la banda presidencial, fue a Estados Unidos para asegurar al empresariado transnacional que “Chile está totalmente comprometido con la economía de libre mercado”. Todos prevén, por lo tanto, lo que haría en un posible segundo gobierno suyo y, especialmente, lo que no haría. No quiere cambiar nada (no lo necesita), sólo “mejorar” algo. 

Piñera encabeza las encuestas de opinión y se predispone a representar, una vez más, a los chilenos desde el más alto de los pedestales. 

Alejandro Guillier es periodista y actual senador, y se autodefine como continuador de la segunda -y desplomada- administración de Bachelet, caracterizada por propuestas de centroizquierda desarticuladas por procedimientos de centroderecha. Nadie, pese a eso, tiene claro qué haría una vez en La Moneda e incluso tratará de negociar su programa con algunos de sus competidores de la primera vuelta. Ha sido mucho más periodista que político, pero sus sucesivos tropiezos profesionales tampoco le ayudan. Quiere profundizar los cambios ya iniciados, pero no ha dicho cómo. 

En los sondeos, mira hacia arriba a Piñera. 

Beatriz Sánchez también es periodista, en ejercicio hasta hace menos de un año. Lidera el Frente Amplio, conformado por nuevos grupos de izquierda que quieren cambiar mucho y en forma radical, proponiendo, por ejemplo, una Asamblea Constituyente y el término de las polémicas administradoras privadas de fondos previsionales (AFP), uno de los pilares de la institucionalidad pinochetista. Los encuestados la han bajado tan rápidamente como la habían subido. 

Carolina Goic ganó la presidencia de la Democracia Cristiana con aclamación en 2016 y al año siguiente, dividiendo a la gobernante “Nueva Mayoría”, fue proclamada candidata presidencial de ese partido. No quiere cambios, sino “correcciones”. Las mediciones previas no creen en ella y tampoco un sector de sus propios camaradas

José Antonio Kast postula en forma independiente. Es ultraderechista y pinochetista (sin comentarios). 

Marco Enríquez-Ominami, otrora revelación política y hoy venido en menos, ha tenido que pedir a viva voz acuerdos inmediatos con aquellos a cuya derrota contribuyó en 2009. Sigue queriendo cambiar mucho, pero perdió credibilidad. 

Alejandro Navarro, senador, quiere también cambiar mucho, pero tampoco puede, y a Eduardo Artés, del Partido Comunista Chileno Acción Proletaria, le gustaría cambiar todo. Miran a los demás desde el fondo de esta lista. 

La prensa, a todo esto, no se altera. Tampoco simpatiza con cambios y ante la escasez de ideas o programas políticos que confrontar públicamente, los dimes y diretes han sido muy útiles. 

Ni siquiera la franja diaria y gratuita de propaganda electoral por televisión ha salvado la campaña. 

Y ante la apatía electoral, algunos candidatos proponen obligar nuevamente a la ciudadanía a votar, bajo pena de sanciones, sin importarles los motivos de ésta. El gen autoritario no desaparece.

Julio Frank S.

22/10/17

Beatriz Sánchez anuncia estrategia para una Asamblea Constituyente


El programa de gobierno de la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, destaca como primer punto la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución Política del Estado y plantea, además, un mecanismo y estrategia específicos para validar y dar inicio a ese proceso. Estos incluyen el plebiscito contemplado en el texto constitucional vigente (artículo 32 número 4) para resolver eventuales discrepancias con el Congreso en esta materia.

La candidata presentó ayer un documento de 346 páginas, en el que expone diversas propuestas clasificadas respectivamente en distintas áreas, comenzando por “Estado y democracia”.

“Proponemos la elaboración de una nueva Constitución por la vía de una convocatoria a una Asamblea Constituyente electa con sufragio popular, representativa y con mecanismos de participación activa de la ciudadanía en el proceso constituyente”, señala.

Para conseguirlo, opta por el envío al Congreso de una reforma constitucional que incorpore el plebiscito sobre cuestiones de interés general, como el cambio constitucional, y recuerda que la aprobación de una propuesta de ese tipo requiere un quórum de tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio.

“En caso de no obtenerse el quórum señalado –agrega-, exploraremos todas las formas disponibles para dar la validación institucional al proceso, como la posibilidad de convocar desde el Poder Ejecutivo a un plebiscito según lo contempla el artículo 32 N° 4 (de la Constitución vigente) para los casos de discrepancia con el Congreso en la tramitación de una reforma constitucional”. Sugiere también alternativas “que puedan interpelar a las otras fuerzas políticas e instancias del Estado y la sociedad, para dar curso al proceso constituyente de manera democrática e institucional”.

La Constitución Política de la República, explica el texto, debe ser el acuerdo base para el entendimiento social, garantizar los derechos básicos de las personas y las comunidades, permitir a todos tomar decisiones sobre el futuro nacional y ampliar el margen de lo posible. El problema de legitimidad de la Constitución de 1980, apunta, no está sólo en sus orígenes autoritarios y “tramposos”, sino también en que “no representa al país en que nos hemos transformado y, sobre todo, imposibilita el país que queremos construir”.

Para la aspirante a la Presidencia y su coalición, cómo construir la nueva Carta Magna es tan importante como su contenido, pues dicho proceso “dice tanto de nosotras y nosotros como el resultado final. Necesitamos un acuerdo democrático, participativo, en igualdad de condiciones y con diálogo abierto, sin vetos ni temores. Por esto, el camino que el Frente Amplio ha escogido es una Asamblea Constituyente”.

J.F.S.

Fuente: beatrizsanchez.cl

6/10/17

La ley no es intocable; la democracia, sí


Si la legislación, obra de políticos y juristas, ignora los derechos ciudadanos originarios está atentando contra la democracia, que es obra de todos. Aunque muchos de los afectados lo permitan de buena o mala gana, como en Chile, muchos otros se resisten, como en Cataluña.

Algunos expertos en derecho internacional, consultados sobre el reciente referendo independentista en Cataluña, han reiterado que hay sólo dos escenarios para el ejercicio de un derecho humano fundamental como la autodeterminación de los pueblos: uno, en colonias y dominios y en pueblos aborígenes o grupos étnicos; otro, en países y regiones o provincias, pactado políticamente, como el caso de Escocia, en el Reino Unido, y Quebec, en Canadá.

Según dicho precepto, los catalanes y su separatismo no tendrían cabida en ellos, menos aún mediante un procedimiento como el desarrollado el domingo 1 de octubre, esto es, una autoconvocatoria a votaciones que infringió, deliberada y flagrantemente, la Constitución y las leyes nacionales que les rigen.

Asimismo, diversos expertos constitucionalistas, coincidiendo con políticos de distintas tendencias, han reiterado que, al no estar contemplada la asamblea constituyente en la institucionalidad chilena vigente, las reivindicaciones, propuestas y gestiones en tal sentido no tendrían destino alguno en este país.

La Constitución, las leyes y el derecho nacional e internacional son obra, sin embargo, precisamente de políticos y expertos, que suelen transferir discrecionalmente el poder originario y ser particularmente inflexibles cuando sienten que alguna propuesta o acontecimiento ajenos a ellos amenazan lo obrado. Ocurrió en el caso catalán, donde incluso se trató de impedir por la fuerza la manifestación cívica popular; ocurre también en Chile, donde la demanda política y social por una nueva Constitución, que derogue la autoritaria de Pinochet, ha terminado en una mera consulta popular no vinculante, de bajo perfil y controlada por el gobierno.

Con y sin violencia

Líderes políticos y mediáticos han opinado fríamente aquí sobre el referendo de Cataluña, dudando generalmente de su efectividad, sugiriendo diálogo, callando estratégicamente o vaticinando un distante futuro para esa comunidad autonómica. Pocos han condicionado su opinión a la brutalidad gubernamental contra ciudadanos que ejercían pacíficamente un derecho o se han conmovido con el masivo ejemplo de voluntad democrática dado por éstos, como ha sido frecuente, en cambio, ante la crisis venezolana.

Líderes políticos y mediáticos analizan también fríamente el opaco presente local, denuncian un estancamiento general, sugieren más y más acuerdos cupulares y esquivan o morigeran denuncias de corrupción, aunque ninguno haya iniciado o persistido en reformas de fondo, en el cambio de las bases impuestas por la dictadura y reformadas a medias por los civiles sucesores.

Cuando ciudadanos de a pie son desmembrados por explosiones o arrollados por camiones terroristas, reciben la compasión y el aliento de sus conductores políticos; cuando intentan aportar su propia iniciativa cívica, reciben condenación y también violencia. Cuando acuden a las urnas para elegirles, son “la fiesta de democracia”; cuando proponen, subsidiando la pasividad partidista, vías concretas para sacudirse de leyes autoritarias, sufren indiferencia o desdén.

Ha tenido que ser un movimiento social el que se instalara en las calles chilenas –coincidiendo con la fecha del referendo catalán- para permitir la opinión ciudadana abierta, esta vez sobre uno de los pilares sacrosantos de la institucionalidad todavía en vigor: el sistema mercantil de seguridad social. Han tenido que ser grupos radicalizados y agresivos los que reivindiquen, con visibilidad y repercusión, los derechos ancestrales postergados de los pueblos naturales de la Araucanía.

No es la legalidad

La conclusión de las cúpulas políticas ha sido similar: ante materias de especial trascendencia, ni catalanes han actuado razonablemente ni chilenos comunes serían capaces de hacerlo.

La democracia, para esa “clase” dirigente, no nace del pueblo o la ciudadanía, como indican los manuales de educación cívica, sino de ella misma. Desde el momento en que gobernantes y legisladores son elegidos, les corresponde, según tal parecer, no sólo asumir en plenitud el papel que sus electores les han encargado representar, sino también preservar indefinidamente ese sistema, dado la intrínseca incapacidad colectiva que atribuyen a sus representados para ejercer un régimen de democracia directa. Aun así, tal prejuicio no sería descabellado si las normas legales generadas interpretaran adecuadamente a los gobernados, pero dicha aspiración se ha desvanecido rápidamente ante la valla de arrogancia, terquedad y cinismo de sus representantes, sostenida por resabios dictatoriales, principios acomodaticios, actuaciones legalistas e indolencia ante la corrupción.

No es la legalidad, en definitiva, lo que impide que lo manifestado por una mayoría catalana el domingo 1 pueda concretarse, como tampoco que pueda realizarse en Chile una asamblea constituyente. Es el legalismo, artilugio al que los conductores nacionales recurren para mantener en marcha el estricto marco político e institucional que han tenido que afinar para satisfacer los minoritarios, aunque apremiantes y decisivos intereses económicos transnacionales, que han convertido particularmente a Chile en una de sus plazas más leales. Junto con disponer dadivosos incentivos para la inversión extranjera y facilitar, además, la invasión foránea a las expresiones culturales autóctonas, se han ocupado de la marginación de ideas, sentimientos e intenciones que tengan algún carácter nacionalista o “populista”, haciendo suya una ideología economicista y globalizadora que sólo busca la estabilidad y el crecimiento de los mercados y de la cultura de consumo.

Hacia todo eso han tenido que apuntar sus leyes en las últimas décadas. Eso ha sido la democracia para ellos. De ahí su escozor ante manifestaciones populares que puedan ponerlo en aprietos, volver el poder constituyente hacia sus detentores originales e indicar un nuevo camino para la sociedad del siglo XXI. Por eso temen a votaciones populares vinculantes que no sean las que ellos convocan.

Sus llamados a la unidad nacional resultan así falaces y patéticos.

Por fortuna, no son las leyes lo intocable, sino la democracia. Y aunque haya muchos ciudadanos a quienes el ejercicio auténticamente democrático tiene sin cuidado, muchos otros todavía lo consideran parte indispensable de la vida humana plena.

Julio Frank S.

11/9/17

¿Es esto Chile lindo?


Extracto de un volante publicitario del banco del Estado de Chile alusivo al bicentenario de la República, septiembre de 2010.

J.F.S.

Periodistas transmiten personalmente publicidad durante sus espacios informativos en radioemisoras de FM de Santiago.

25/8/17

Candidata presidencial pone fin a las AFP


Un sistema de seguridad social de reparto solidario, que integra las antiguas cajas de previsión y consigna a las AFP (administradoras de fondos de pensiones privadas) sólo como una alternativa de ahorro individual voluntario, propuso la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez.

La propuesta, denominada “Pensiones dignas para Chile. Un sistema de seguridad social moderno, solidario y sostenible”, establece también una rebaja de la cotización del trabajador al nueve por ciento y un aumento de la del empleador a dicho porcentaje.

El documento fue elaborado en conjunto por la Coordinadora Nacional de Trabajadores “No más AFP” y sus equipos técnicos, la Fundación Sol y el grupo programático de la nueva coalición política de izquierda.

Junto con afirmar que “Chile no tiene seguridad social”, que el sistema de AFP vigente “multiplica la desigualdad” y que se requiere “cambios estructurales, graduales y permanentes”, Sánchez planteó lo que llama “10 pilares de pensiones dignas”.

Figuran además el reconocimiento a los trabajadores como dueños de sus ahorros previsionales y participantes en las decisiones sobre éstos, una pensión básica equivalente al ingreso mínimo (270 mil pesos), financiamiento tripartito 
-incluyendo al Estado- y compensar la desigualdad en la cotización de las mujeres.

Entre sus fundamentos, compara las ganancias por 353.180 millones de pesos obtenidas por las AFP en 2016 con el 79 por ciento de pensiones inferiores al sueldo mínimo y el 44 por ciento, bajo la línea de pobreza.

J.F.S.

Fuente inicial: elciudadano.cl

Constitución de Pinochet ni siquiera es respetable


Constitución Política de 1980 (subrayada)


latercera.com, 21-8-2017

14/7/17

Llamado a los universitarios

Sería distinto si los universitarios estuvieran no sólo preocupados de sus propios problemas, sino que también fueran ellos la voz de los que no 
tienen voz. (…) Antiguamente los universitarios salían, por ejemplo, a 
marchar en apoyo a los mineros. Hoy día sería interesante que ellos 
también se preocuparan de estos otros sectores”.

 Felipe Berríos, sacerdote jesuita.

Fuente: elmostrador.cl, 14-7-2017, citando a T13.

22/5/17

Ya hay candidatos por la Asamblea Constituyente

Beatriz Sánchez y Alberto Mayol, precandidatos presidenciales que intervendrán en las elecciones primarias del Frente Amplio el 2 de julio próximo, declararon su adhesión a una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución, según el documento respectivo publicado por el Servicio Electoral.

El precandidato Felipe Kast, que participará en las primarias de Chile Vamos, se declaró contrario, limitándose al papel del Congreso, en tanto Sebastián Piñera y Manuel José Ossandón no mencionaron dicha posibilidad.

Algunos extractos: 

Beatriz Sánchez

“Hoja de ruta. Programa de Beatriz Sánchez a las primarias del Frente Amplio, Mayo 2017.

3.3.3. Propuestas

A) Una asamblea constituyente que redefina el pacto político y social chileno, sin vetos a priori de una minoría que se opone a su discusión. Necesitamos superar la institucionalidad heredada de la dictadura, pero no de cualquier forma: necesitamos hacerlo restituyendo al pueblo chileno su soberanía, para que de una vez sienta que su destino depende del destino del país, y que el destino del país es resultado de sus propias decisiones. Proponemos una asamblea constituyente ciudadana, participativa y vinculante que dé origen a una nueva carta fundamental”.

Alberto Mayol

“Aporte de la pre-candidatura de Alberto Mayol al proceso programático del Frente Amplio. Programa de gobierno 2018-2022.

14) Fortalecimiento de la democracia

El aspecto central del fortalecimiento está en las definiciones colectivas que se logren en un proceso de construcción de una nueva Constitución Política desde una Asamblea Constituyente”.

J.F.S.

Fuente: servel.cl

9/5/17

Dos “joyitas”



¿Ustedes sabían que la Constitución vigente en Chile fue la que impuso Pinochet? Ojalá algún día el pueblo chileno tenga la suerte y fortuna del pueblo venezolano y pueda convocar a un proceso popular constituyente y quitarse de encima la Constitución dictatorial del asesino de Pinochet”.

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, 4-5-2017.




Fuente: Las Ultimas Noticias, 7-5-2017, pág. 2, www.lun.com

26/4/17

Enmudecidos (aún) ante el chileno más poderoso

Murió el magnate que, sin recibir votos ni empuñar personalmente armas, consiguió que la sociedad chilena fuera encauzada según sus particulares intereses y lo aceptara sin chistar: Agustín Edwards Eastman.

Una mudez intranquila reinaba en este alargado territorio austral, atravesando políticos de diverso estatus, empresarios concentrados o independientes, medios de comunicación convencionales y, por consecuencia, al transeúnte anónimo. Agustín Edwards Eastman, el magnate de las comunicaciones más influyente en el curso de la política y la sociedad chilenas del último medio siglo, ya no podía estar en pie a sus 89 años de edad y se encontraba en estado de coma inducido. Contrariamente a lo que ocurre con los grandes personajes, esta vez la noticia no se “viralizó” hacia a los medios tradicionales, donde no hubo siquiera alusiones, y cuando falleció –el pasado lunes 24-, sólo las insustituibles redes sociales subieron el tono. Emol.com, el hijo cibernético de El Mercurio, publicó la noticia sólo al día siguiente y deshabilitó los (habitualmente ácidos y agresivos) comentarios para los visitantes.

No se trata de un chileno cualquiera. Cuando Pinochet y sus fuerzas golpistas bombardeaban la sede de gobierno el 11 de septiembre de 1973 y anticipaban una dictadura de ferocidad desconocida en Chile, tres años antes Edwards Eastman había ido a Estados Unidos a alertar sobre el peligro de un régimen marxista en el cono sur americano. Mientras el periodismo “de trinchera”, agresivo y confrontacional, desaparecía arrasado por las balas, El Mercurio, su gran empresa periodística, era liberado de una amenaza y comenzaba a saborear el negocio aparentemente fácil de un monopolio impuesto y seguro. Y cuando, en los años finales de la dictadura, se creía que el decano de la prensa nacional, fruto de una inminente quiebra, caería en manos del Estado justamente cuando éste iba a ser administrado por los vencedores de Pinochet en el plebiscito, el propio dictador le tendió una mano no sólo para salvarlo, sino también para asegurar su prosperidad futura.

Siempre un paso delante de los demás; siempre con una carta favorable lista para ser jugada oportunistamente.

Sus políticos

La figura y la empresa de Edwards Eastman han sido reflejos tanto de los hechos que partieron en dos la historia nacional -el golpe de estado y la dictadura- como de la herencia emanada de éstos. El gobierno de la Unidad Popular enfrentó dos oposiciones: una abierta y frontal, la partidista con apoyo social, y otra encubierta, las estrategias y maquinaciones desestabilizadoras, tanto internas como foráneas, a las cuales El Mercurio contribuyó, según el informe del propio Senado estadounidense. Después, el nacionalismo con que parecieron vestirse los jefes militares terminó por sucumbir ante las presiones de sus asesores neoliberales por una economía abierta y basada en el capital privado y extranjero. Y desde 1990, los gobernantes civiles, que insistieron en el viejo sistema de democracia representativa, han acatado los cerrojos constitucionales dejados por Pinochet, destinados principalmente a impedir que una mayoría electoral pueda derogar las bases autoritarias impuestas, entre ellas, la privatización de los recursos estatales.

Los responsables de la conducción de este país y los aspirantes a serlo, cualquiera fuere su color partidario, leen con circunspección los periódicos mercuriales, reaccionan con alarma cuando sus informaciones y editoriales complican su carrera política y corren a retratarse en sus anchas páginas cuando son invitados a opinar sobre una materia que al anfitrión interesa promover (incluso sobre temas livianos, como cuáles son sus mascotas favoritas). Andrés Allamand, actual senador (de derecha), está en condiciones de señalar el autoexilio como una consecuencia política de indisponer al magnate; los periodistas autores de investigaciones sobre él, por su parte, no necesitan hablar sobre los costos profesionales de ello.

Los propios Presidentes concertacionistas, tan acérrimos opositores a Pinochet como se mostraron, ni Piñera, quien, según propia declaración, rechazó la posible continuidad del dictador en 1988, han eludido mencionar –y más aún, enjuiciar- la prolongada y decisiva influencia política y comunicacional de Edwards Eastman y El Mercurio en el derrocamiento de Allende, la dictadura cívico-militar y la postdictadura.

A cambio de un silencio de esa magnitud, la llamada “clase” política chilena goza hoy de los beneficios legales de un Estado que, debilitado y todo, es obligado, por ejemplo, a financiar las campañas de todo tipo de candidatos, así como de los favores, legales o no, de un conjunto de consorcios empresariales beneficiarios de sus leyes y decretos.

Su prensa

Durante 27 años de democracia “protegida”, la empresa El Mercurio ha enfrentado un solo competidor, Copesa, y sólo en el terreno económico, ya que la única diferencia ideológica observable entre ellos es que uno es menos liberal que el otro. Su influjo corporativo sobre los gobiernos de la ex Concertación fue suficiente para que éstos concentraran en ambos los fondos estatales en avisaje y evitaran cualquier “tentación” de promover medios nuevos o emergentes (el diario estatal La Nación, además, fue cerrado por el gobierno de Piñera). El Mercurio y Copesa conforman el llamado “duopolio de la prensa escrita”, que concentra a los únicos diarios chilenos de circulación nacional.

En la prensa en general, dicho duopolio dicta la pauta informativa diaria a través de sus artículos, crónicas, reportajes y editoriales, mientras muchos periodistas sirven a empresas privadas e instituciones públicas como asesores de prensa o consultores en comunicación, la especialidad periodística favorecida por el sistema. El reporteo de noticias libre e independiente -en el cual no tardan en aparecer grietas de la política partidista y el juego económico- queda relegado a una precariedad notable, poco trascendente y limitada a escasas radioemisoras y periódicos virtuales. Los periodistas que se “arriesgan” públicamente con su opinión personal son excepciones, aislados por una línea aparentemente “objetiva” del resto que, en la práctica, no es más que acatamiento irrestricto del marco político-económico mercadista imperante.

Un ejemplo palmario es el de los periodistas conductores de noticias radiales: presionados por las urgencias de los avisadores, deben transformarse paralelamente en locutores comerciales dentro de sus programas sin tener que dar explicación alguna al respecto. Dicha práctica carga con una antigua prohibición ética del Colegio de Periodistas, el que, sin embargo, no puede hacer mucho ante quienes no pertenecen a sus registros. Ni siquiera cuando expulsó a Agustín Edwards Eastman, hace dos años, luego de un sumario sobre el comportamiento ético de éste durante la pasada dictadura, su sanción alcanzó eco en la dirigencia política y la prensa “libre”.

En tanto, los encargados de entregar la formación académica y orientar los afanes profesionales, las universidades, tampoco pueden contrarrestar la realidad instalada, pues son empresas privadas o instituciones autónomas y cumplen con proporcionar una base teórica cuyo ejercicio dependerá del mercado.

Su país

Dada la manifestación de un poder tan unilateral y supremo, ¿qué podría esperarse de simples ciudadanos, puntualmente cuando hoy ven, algunos atónitos, otros amedrentados, cómo preparados ejecutivos financieros, políticos de alto rango, legisladores avezados, empresarios de tradición y hasta uniformados de prestigio se apropian indebidamente de millonarios dineros ajenos, públicos y privados, mientras los votantes son llamados, una y otra vez, a elegir a sus máximas autoridades como si nada de eso fuera importante?

Poco se puede exigir a millones de personas sin alternativa, que son atraídas por las facilidades de acceso al progreso material ofrecidas por este sistema, aun vía sobreendeudamiento. Chile se ha convertido en una patria marcadamente materialista e individualista, donde lo fundamental es la economía privada, no la política pública ni la vida en sociedad. De ahí tantos productores y consumidores de cualquier cosa, tanta dedicación exclusiva a sus propios asuntos y tan pocos interesados en lo que hay más allá del hogar y del trabajo.

No es extraño que el nombre de este país resuene masivamente sólo cuando juega su exitosa selección de fútbol…

Menos a él

Paradigma empresarial polémico, pero paradigma al fin, Agustín Edwards Eastman terminó disfrutando de un país de economía libre y abierta al mundo por la que él luchó personalmente. El país de los grandes consorcios multinacionales y monopolizadores que se nutren del consumismo popular; el de un “arte” de gobernar aferrado a la propiedad privada; el de la política sólo para los políticos y del derecho preferente del ciudadano a elegir y consumir, no a participar ni a cultivarse.

Uno de los jerarcas socialistas sobrevivientes a la dictadura, Carlos Altamirano, sugirió hace algunos años que en este país se puede denostar y vociferar libremente contra Augusto Pinochet, pero contra él…

Julio Frank S.

Imagen: Titular del diario La Segunda, de la Empresa El Mercurio, 9-2-1977.

3/4/17

Cansados de Chile


“Mi país cansa, especialmente a personas como yo, acostumbradas a decir lo que piensan. Es un país frustrado y peleador”, escribió una periodista que regresa a Chile después de dos años. No sólo políticos inescrupulosos y empresarios rapaces son responsables; el chileno de a pie también aporta. 

Para mostrar lo “autocrítico” que puede ser también su discurso, los políticos dirigentes, sobre todo cuando están en campaña, recurren majaderamente a lugares comunes tales como “abusos” del empresariado, “desencanto” popular de la política, “confianzas” perdidas y necesidad de “reencantamiento” de la ciudadanía. Evitan así reflejar lo que realmente perciben, pues eso les basta ante electores tan evasivos como ellos. En la otra cara, sin embargo, hay mensajes que, aparentemente apocalípticos, apuntan a los verdaderos obstáculos y tropiezos que se oponen a una mejor calidad de vida para los chilenos y dan un paso imprescindible hacia un correcto diagnóstico. 

“Cansada” de los actuales vicios, malas prácticas y limitaciones arraigadas en este largo territorio, desde gobernantes y magnates hasta el anónimo transeúnte, una periodista chilena, Pepa Valenzuela, publicó un extenso artículo en el diario electrónico El Mostrador, titulado “Me cansé de Chile”. En él vierte ácidas críticas sobre el comportamiento social en el Chile del siglo XXI y reconoce que retorna al país con inevitable inquietud, después de dos años de estudios en una nación desarrollada. 

Se queja particularmente del frecuente trato vejatorio contra la mujer –del cual refiere algunas vivencias personales-, pero también de la displicencia y amoralidad reinante en los políticos, la banalidad liderada por la televisión, los prejuicios socioeconómicos y artimañas laborales extendidos sin distinción de estrato, la depredación empresarial legalizada, la violencia tanto callejera como cibernética, la permisividad de los padres en la educación de sus hijos y el clima confrontacional entre sus compatriotas. 

En otras palabras, demasiada avidez y no precisamente intelectual. 

“Lo que asusta de Chile es la pérdida de sentido común, la poca capacidad argumentativa. Mucha gente no sabe pensar o sostener un argumento. O pedir algo sin gritar”, advierte. 

No dice nada nuevo, pero sí ocultado, disimulado o disfrazado incluso hacia nosotros mismos con la aparente imagen de ciudadanos pacíficos, democráticos y emprendedores que nos han asignado en el extranjero. Al menos, lo dice en público, aunque sin la potencia necesaria en medio de la altisonante verborrea diaria de políticos en campaña electoral, grandes empresarios defendiendo sus poco transparentes negocios y asesores defendiendo a poderosos clientes.

Corrupción política 

Valenzuela declara estar cansada de gobernantes “ridículos” y de “mala memoria”, de personajes sin moral, preparación ni vergüenza respecto de sus abusos e ilícitos; del enriquecimiento de pocos a costa de la explotación de la mayoría, de “años de robo” en la previsión privada y de jubilaciones indignas y pensiones de pobreza; de la ambición desmedida por el poder y el dinero. 

No necesita mencionar directamente, por ejemplo, los casos judiciales Penta, Soquimich, Corpesca y Caval, entre otros; tampoco las colusiones farmacéutica, avícola y papelera, entre otras, contra las cuales las blandas leyes al respecto poco pueden hacer.

Su Majestad 

La periodista no sólo desemboza la punta de la pirámide, sino también más abajo, admitiendo estar cansada del llamado “pituto”, de personas incompetentes “o de frentón tontas” en cargos de poder y prosperidad gracias a un familiar o un amigo, en desmedro de las realmente capaces y trabajadoras; de la falaz meritocracia educacional y su promesa de un título profesional prodigioso. 

También expresa reparos sobre un problema del que tampoco se ocupan los discursos políticos: los padres permisivos y consentidores con sus hijos a todo evento y criadores de “pequeños dictadores del futuro”, como Valenzuela les llama. (La sicóloga Pilar Sordo escribió, a propósito, sobre la generación “merengue”, que se derrite ante el primer escollo). 

Maldita pantalla 

La periodista declara estar agotada, asimismo, de que la televisión, especialmente sus espacios matinales, “adormezcan” a la población con una programación “inservible” y durante cinco horas al día, y de que los malls estén llenos como fiel retrato de la lucha de tantas familias por su meta final: el consumo. (La farándula fue convertida en una fuente fundamental de entretención para los canales de televisión abierta y de información para los medios escritos tradicionales; dos de los cuatro diarios chilenos de circulación nacional dependen de ella. En 2009, además, mientras los mitines político-electorales no alcanzaban las tres mil personas, una liquidación nocturna de una multitienda superó las… 50 mil). 

Chilenos versus chilenos 

La articulista no sólo se alarma por el vandalismo durante las protestas callejeras; llama la atención también sobre la agresividad en las redes sociales y plataformas virtuales de medios tradicionales -cita a Emol (El Mercurio On Line)-, donde se observa una confrontación permanente y de grueso calibre entre chilenos de distintas actividades, ideologías y pareceres. (El progresista periódico electrónico El Mostrador suprimió los comentarios de visitantes). 

Decepción… y amor 

Pepa Valenzuela explica finalmente que ama a su país y por eso no desea “hacerse la tonta” y verlo “hundirse en sus miserias”. 

Pero mientras nuestros conductores políticos usufructúen de tales miserias, considerándolas un mal menor comparadas con las de países convulsionados, seguirán proporcionándonos generosamente motivos de cansancio…

Julio Frank S.

Imagen: elmostrador.cl

26/2/17

Fantasista, pero no iluso

Me parece que hace rato que deberíamos tener otra Constitución. Porque está claro que Chile está en manos de los empresarios”.

David Pizarro, futbolista.

Fuente: The Clinic N° 659, 11-8-2016.

22/1/17

Bachelet hará bien con irse

La dos veces Presidenta de Chile y fenómeno electoral chocó contra una oposición “perfecta”: aliados divididos por sus reformas, institucionalidad contraria a los cambios profundos y todavía pinochetista, “clase” política desprestigiada y perseguida judicialmente -aunque no por eso deprimida-, un escándalo que le compromete familiarmente, electores volubles al primer tropiezo al menos en las encuestas, un proceso llamado constituyente y renuencia propia a asumir el costo personal de su propuesta.

Obviamente, está absoluta y totalmente descartado continuar en la política chilena, desde el punto de vista de cargos de representación. Ya es suficiente”, anunció semanas atrás la Presidenta Michelle Bachelet, quien hace sólo tres años se cansó de ganar elecciones y quería cambiar Chile. Si la causa es la invencible resistencia a sus reformas, el escándalo judicial de su nuera y la pérdida de apoyo en la opinión pública, probablemente la posibilidad de volver a su exitosa carrera internacional -un atractivo común a los políticos nacionales de alto rango- le devuelve el entusiasmo.

El pasado lunes 16, Bachelet recibió las llamadas “Bases ciudadanas para una nueva Constitución”, acto previo al envío de dos proyectos de ley, uno que contendrá el texto de una Carta Magna y otro que habilitará al Congreso para fijar el mecanismo de tramitación. Está consciente, sin embargo, de que este nuevo intento, el más trascendente de su programa de gobierno, podría tener peor suerte aún que los anteriores.

Ella misma partió descalificando en privado la capacidad de la ciudadanía chilena para asumir con conocimiento y determinación la complicada tarea de definir un texto constitucional, tanto en su contenido como en su forma. Ante eso, creó un procedimiento simplista, restrictivo y controlado por el gobierno. Promovió la idea del derecho popular constituyente pero no se jugó por ella; comentó públicamente su conveniencia, pero no impulsó su difusión y debate masivos, especialmente a través de los medios de comunicación. Aunque reconoció en su programa que definir el contenido de una nueva Constitución “corresponde al pueblo en su conjunto”, dejará la decisión previa más importante, el cómo será redactada, a criterio del Congreso -el actual y el próximo-, a sabiendas de que la oposición de derecha no está interesada en el tema y se marginó del proceso, y que dentro de su propia coalición, la “Nueva Mayoría”, no existe consenso al respecto.

Como sus partidarios y asesores lo saben sin decirlo, su “proceso constituyente” nunca fue tal, sino un mero plan gubernamental diseñado para obtener opiniones populares más o menos procesadas, que permitieran declarar pomposamente que “se escuchó a la ciudadanía” antes de encargarse de la redacción unilateral del texto, para luego delegar la responsabilidad en los parlamentarios.

Vergüenza

Bachelet ha eludido la democracia directa y la auténtica participación político-social, nacional, libre y autónoma, cuya principal herramienta es la Asamblea Constituyente. Ha tergiversado así sus propias ideas declaradas y fortalecido los prejuicios que asimilan a aquélla con naciones empobrecidas y sistemas políticos en conflicto y no con el mundo progresista y desarrollado.

Recordó –se supone que hablando seriamente- que en las anteriores Constituciones participaron unas cuantas personas y que en la suya lo han hecho 204 mil (en Chile hay 13 millones de electores). ¿Se lucirá contando eso en el exterior, excluyendo, claro está, a sus mirados en menos colegas no neoliberales que sí encabezaron procesos constituyentes?

Junto con el pobre concepto de los dirigentes políticos acerca de sus dirigidos, a quienes conceden sólo el derecho a elegir, no a decidir, lo más irritante y avergonzante en este caso es el hecho que decisiones tan trascendentes como una nueva Constitución queden en manos de una “clase” política denostada, cuyo principal predicamento ha sido privilegiar a una elite transnacional y cumplir con las potencias globalizadoras; que, conforme con esto, ha empujado a sus conciudadanos hacia el individualismo consumista para evitar que una eventual intervención colectiva organizada cambie las cosas y que, para colmo, tiene a la justicia sobre ella por financiamiento empresarial ilegal y sistemático. De todo ello, pese al giro de su segunda administración, la Presidenta no ha sido eximida.

La supervivencia y -en menos casos- la prosperidad económica, conseguidas dentro, al filo o fuera de la ley y la ética, siguen siendo la imagen más latente del Chile del siglo XXI.

¿Y los movimientos sociales?

¿Qué o quiénes podrían asegurar a un proyecto de nueva Carta Fundamental mejor destino que el de otros de no tanta envergadura, que han terminado abatidos o deformados por guardianes de la herencia del dictador o estrellándose contra la institución garante de ella, el Tribunal Constitucional?

Las mayores manifestaciones populares de los últimos años, las protestas por la educación y la previsión social, se concentraron en intereses sectoriales, como si ésos y otros problemas nacionales no dependieran de la todavía vigente Constitución promulgada por Pinochet en 1980. El Movimiento por la Asamblea Constituyente, que, carente de ese decisivo apoyo y con pocos recursos, logró poner este tema en la mesa de discusión pública, decayó tras el 8 por ciento conseguido por el marcado del voto en 2013 y quedó atónito en 2015 ante la “original” convocatoria constituyente presidencial. Tampoco se ha vuelto a saber de los diputados de la llamada “Bancada AC”. Sólo algunos bacheletistas hacen sentir su voz… más bien complacientemente.

Codazos preelectorales

Mientras tanto, los representantes oficiales del sentir ciudadano prefieren entregar sus energías a una carrera presidencial anticipada, personalista y sin ideas, a vista y paciencia de quienes parecen condenados a darles, por enésima vez, su voto legitimador y también de quienes se restan deliberadamente de tales discusiones, percibiendo que no son éstas lo que les genera prosperidad y patrimonio.

En todo este caos controlado, las opiniones generales de aquellos chilenos que participaron en los Encuentros Locales Autoconvocados (ELA) y los cabildos provinciales y regionales parecen un remanso de sentido, aunque estén muy lejos de pertenecer a un proceso efectivamente constituyente y aunque su autora sea una Presidenta ahora “dimisionaria” y mirando hacia el extranjero.

El año pasado se mencionó a Bachelet como una posible candidata a la secretaría general de las Naciones Unidas. Quizá eso resulte menos engorroso que representar hoy a este pequeño país.

Julio Frank S.

Foto: Michelle Bachelet, intervención oficial, 29-1-2016.

30/11/16

Conflictos de intereses presidenciales y periodísticos

¿Es lícito que un Presidente-empresario compre para sí una firma pesquera de un país con que mantiene un diferendo limítrofe marítimo e interesada potencialmente en la zona en litigio? Y a los encargados de perseguirlo informativamente, ¿es permisible hacer de voceros de quienes auspician sus programas periodísticos? La respuesta de los involucrados (y de sus adherentes y auditores) parece ser: Sí, se puede.

La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente del Ministerio Público se hizo cargo de una querella sobre negociación incompatible y uso de información privilegiada en contra del ex Presidente y millonario empresario Sebastián Piñera. El libelo fue presentado por el diputado comunista Hugo Gutiérrez luego que investigaciones periodísticas revelaran que durante la pasada administración de Piñera (2010-2014), y en plena tramitación de un litigio sobre límites marítimos con Perú en la Corte Internacional de La Haya, la empresa matriz de éste adquiriera acciones de una firma pesquera peruana con potenciales, pero directos intereses en la zona en conflicto. La ley sobre fideicomiso ciego a la que el mandatario se sometió previamente no incluía sus inversiones en el extranjero.

El proceso jurídico significó finalmente una pérdida de territorio marítimo para Chile.

Invoca el querellante los artículos 240 del Código Penal, que sanciona al empleado público que se involucrare en operaciones personales relacionadas con el desempeño de su cargo, así como el artículo 247 bis de dicha norma y la Ley de Mercado de Valores, que castigan el uso de información secreta y privilegiada, respectivamente, en beneficio propio o de un tercero. Aunque el ex gobernante y posible postulante a un segundo período aseguró que desconocía dicho negocio, se quejó de “campaña sucia” y actitudes “miserables”, y reafirmó su dedicación y compromiso en defensa de “los superiores intereses de Chile y los chilenos”, lo concreto es que la compra y la oportunidad de la misma fueron confirmadas por diversas fuentes, los administradores del adquirente son su propia familia y una reciente encuesta señaló que el 59 por ciento de los consultados no le creía que desconociera el asunto y sólo el 48 por ciento coincidió con él en cuanto a la calidad de su defensa.

Si un Presidente está plenamente imbuido de las responsabilidades de su alto cargo y defiende cabalmente los intereses de su patria, como ha reiterado, y que, paralelamente, es ya multimillonario, ¿qué necesidad tenía de obtener acciones de una empresa peruana en medio de una controversia limítrofe con un país con el que, además, existe una rivalidad histórica y una guerra en el siglo XIX?

Junto con eso, hubo otro lamentable espectáculo en esta particularmente delicada materia. El jefe del equipo chileno en la actual demanda de Bolivia por salida soberana al mar, José Miguel Insulza (PS), uno de los que objetó la combinación política-negocios piñerista, renunció para presentarse como precandidato a Presidente en 2017, después de varios meses en que su ambición electoral trascendió mucho más que la misión superior que le fue encomendada.

Periodistas-publicistas

Con mucho menos o nada de ventilación pública, pese a que sus protagonistas, paradojalmente, no pueden ser ya más públicos aunque pertenezcan al sector privado, se arrastra una controversia que involucra a quienes, entre otras funciones, deben perseguir informativamente conflictos como el aludido. En los últimos diez años, se ha consolidado la práctica simultánea del periodismo y la publicidad, en la que un profesional que conduce un programa informativo en una radioemisora de frecuencia modulada se encarga, además de leer –y, algunas veces, también comentar- los anuncios comerciales de los auspiciadores de su espacio. El Código de Etica Profesional del Colegio de Periodistas de Chile prohíbe literalmente dicha práctica, entendiendo que esa doble y paralela función es una fuente de confusión y desinformación para la audiencia.

Apoyados en que la colegiatura gremial no es legalmente obligatoria, algunos “rostros” periodísticos de la televisión, cuyo conocimiento público y credibilidad televisiva –que no es necesariamente la misma que la periodística- sedujeron a los estrategas publicitarios, comenzaron a aparecer paralelamente como íconos de grandes tiendas comerciales, para beneplácito de las finanzas mediáticas y la conveniencia comercial. La radio FM, aparentemente menos expuesta que la televisión, y sus horarios peak matinales y vespertinos fueron los preferidos. El propio ex presidente del Colegio, ex conductor de radio y televisión, y actual precandidato presidencial, Alejandro Guillier, se incorporó entonces a la corriente.

Hoy, dicho papel se ha generalizado, especialmente en las numerosas emisoras pertenecientes a grupos económicos nacionales y transnacionales. Se exceptúan estaciones universitarias estatales y radio Biobío, una empresa familiar que se declara “verdaderamente independiente”, según su eslogan principal.

Si un periodista y conductor de noticias conoce perfectamente sus deberes profesionales, entre los que la independiencia es uno de los más importantes, ¿qué obligación siente de ser vocero de las firmas comerciales auspiciadoras del programa que conduce? El caso de los “rostros” televisivos es más patético, ya que, además, acatando directrices editoriales, contribuyen a censurar ciertas noticias que afectan a algún auspiciador, especialmente protestas laborales en las grandes empresas.

El Colegio de Periodistas actúa en esto sobre la base de denuncias ante su Tribunal de Etica, pero… ¿quién, por muy consistentes que fuesen sus argumentos, osaría acusar pública y formalmente a consagrados profesionales de la información, comprometiendo también a irrefutables medios de comunicación y prósperos consorcios comerciales? En 2006, la entidad emitió un dictamen ético reiterando tajantemente la prohibición respectiva, pero la versión actualizada de su Código de Etica Profesional (2015) es menos rotunda y se limita a mantener el deber de diferenciar el mensaje periodístico del publicitario (artículo decimonoveno).

¿Y la independencia?

Así como el querellante tendrá que probar judicialmente que Piñera no actuó como debía en defensa de los intereses de Chile ante la reclamación peruana, y aunque persista la duda sobre su supuesta ignorancia respecto de negocios propios vinculados con la soberanía nacional, un riguroso auditor tendría también que probar que un periodista incumple su deber profesional al involucrarse personalmente con quienes financian su programa, aunque vale aquí que se pregunte por qué es despojado de su derecho a la independencia de quien le informa.

Debería esperarse que la ciudadanía, o la opinión pública, evaluara y juzgara con estrictez el resultado de tal proceder, pero difícilmente tendrá parámetros adecuados mientras la ética, inserta en una política individualista y desprovista de ideas y en una economía mercantil, esté convertida en un concepto dúctil y maleable. Así, Piñera, de lograr su segundo mandato, podría seguirse enriqueciendo “sin saberlo” y muchos periodistas, dando cuenta de las crisis de determinadas empresas mientras destacan las maravillas de las que “hacen posible” su tarea.

Julio Frank S.

Foto: Sebastián Piñera, Gobierno de Chile, Wikimedia.org