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29/7/18

Panorama chilensis

Algunas noticias ocurridas durante las últimas semanas en un país en imperturbable marcha.

Más de diez millones de chilenos, el 60 por ciento de la población del país, podrán recibir una compensación económica única ascendente a 7 mil pesos (10,8 dólares) durante los próximos meses, por la gigantesca y prolongada colusión empresarial cometida durante diez años en el mercado del papel higiénico 
(sin sanción penal), cuyo fraude se calcula en 7 veces al menos el total por compensar. 

Los mismos ciudadanos, como afiliados a las administradoras de sus fondos previsionales (AFP), podrán acogerse a los beneficios especiales creados por dichas empresas privadas, consistentes en descuentos por compras en diversas tiendas comerciales, mientras sus ahorros –y futura pensión- siguen cayendo junto a la Bolsa de Comercio (y a la “guerra comercial” entre Estados Unidos y China). 

El cardenal y arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, es citado a declarar como imputado en el caso por presunto encubrimiento de abusos sexuales de sacerdotes católicos contra menores de edad. 

Natalia Compagnon, nuera de la ex Presidenta Michelle Bachelet, es condenada a 541 días de presidio remitido (es decir, sin cárcel), tras ser declarada culpable de delito tributario. 

Desconocidos disparan contra un grupo de hinchas de la “U” que habían acudido al entrenamiento del plantel y hieren a tres personas. El arquero Johnny Herrera culpa a barristas rivales. 

Dos personas octogenarias que sufrían enfermedades terminales mueren a bala en Santiago; se presume que una mató a la otra y luego se suicidó. Un niño de sólo un año y medio de edad muere también y su madre queda herida, luego que ésta anunciara por Facebook su decisión de poner fin a “una vida de mierda”. 

Son apuñaladas tres participantes en una manifestación callejera de un movimiento (de protesta) feminista que exigía aborto sin causales. 

Las estimaciones sobre crecimiento económico se recuperan y empinan sobre el 3 por ciento, mientras se anuncia un proyecto de ley para que las pequeñas y medianas empresas puedan por fin cobrar a las grandes en un plazo de… 
30 días

Un feriado y fin de semana “largo” (tres días) permiten una vez más a centenares de miles de automovilistas salir a descansar fuera de la capital -como lo habían hecho sólo dos semanas antes-, aunque con frecuentes atochamientos vehiculares especialmente en autopistas concesionadas a privados. Ahora se aprestan para las Fiestas Patrias, en septiembre venidero, esta vez con un día feriado adicional (lunes 17), lo que hará posible un período de cinco días continuados de asueto masivo. 

J.F.S.

8/7/18

Comicidad en el Parlamento


El diputado del Frente Amplio y cantante popular Raúl Alarcón, conocido artísticamente como “Florcita Motuda”, presentó en la sala de la Cámara de Diputados un proyecto de ley destinado a instituir el Día del Rock Chileno el 15 de agosto, recurriendo para ello a su original estilo y estrafalario atuendo e invitando a los demás legisladores a corear su intervención. 

El proyecto, junto con reconocer “expresamente” dicho género musical -nacido y desarrollado en Estados Unidos-, busca estimular y promover a los autores y conjuntos chilenos como “forjadores del patrimonio de la música nacional”, así como preservar la “identidad cultural”. 

El artículo único, además, instruye la realización de actividades y clases alusivas en los establecimientos educacionales de todo el país, a diferencia del recientemente creado Día del Cuequero y la Cuequera -4 de julio-, en el que sólo se debe “propender” a la realización de actividades relacionadas con la cueca, la danza nacional. 

Y qué decir de la educación cívica, erradicada de las aulas chilenas hace veinte años y revivida hace sólo dos y con un énfasis sospechosamente distinto: la relación entre ciudadanos y no la de éstos con el poder político.

J.F.S.

3/6/18

¿A qué ciudadanía le hablan?

Marchas y marchas contra abusos y discriminaciones e instituciones fundamentales azotadas por crisis no parecen remecer a la sociedad chilena. La propia población, orientada al consumo, una engañosa prosperidad y ciertos derechos individuales, lo ha hecho posible, postergando sus aspiraciones comunes superiores y dejando su autoridad sobre lo bueno y lo malo al manejo de una “clase” política pragmática, compacta y tributaria de grandes potencias transnacionales.

A mí nadie me hace callar… ¡Estamos en democracia!”.

La rotunda sentencia podría revelar un acendrado sentido cívico recuperado en Chile tras la dictadura y predominante hoy en este aparentemente estable país. Lo raro fue que su anónimo autor estaba en un salón de lectura de la Biblioteca Nacional y sólo se le había sugerido bajar el alto volumen de su diálogo privado.  

En otra oportunidad, un transeúnte que leía los titulares de un periódico en un quiosco destacaba el alza del precio del petróleo, pero cuando otro le indicó uno que se refería a un escándalo político, dio rápidamente media vuelta y se alejó sin responder. 

Que en la población chilena impere hoy una sensación extraña y recelosa de democracia no era el deseo, pretensión o aspiración que la mayoría antidictadura –incluyendo políticos- manifestara 30 años atrás para restaurar lo que aún se considera el sistema ideal de gobierno. 

Ocurre que después de casi tres décadas de política cupular, organizaciones de la base social desmovilizadas por aquélla, administración estatal atada de manos especialmente en economía y cultura, insólitas granjerías a los negocios multinacionales y compromisos prioritarios con el exterior, a la ciudadanía del siglo XXI le ha quedado meridianamente claro a qué tiene que adherir, qué derechos puede ejercer y qué debe tolerar para poder sobrevivir y relativamente prosperar en un país así reconstruido. Tiene, según esto, que coincidir en que la política es exclusivamente para los políticos; que éstos deben actuar necesariamente bajo la hegemonía globalizadora de las grandes potencias y que la economía, por lo tanto, ha de tratar con privilegios a los grandes capitales foráneos; y que dentro de la variedad de derechos que una democracia auténtica asegura sólo los individuales, aquellos que no disienten o impugnan la institucionalidad y el poder ya en vigor –y que son llamados por éstos, sin embargo, “ciudadanos”- pueden ser aceptables y susceptibles al menos de estudio. 

Las tan alabadas movilizaciones sociales de los últimos años así lo confirman.

Movilizaciones a medias 

Ha habido demandas estudiantiles por una administración educacional que evite la devoción por el lucro; de jubilados y activos exigiendo su dinero en pensiones dignas a un sistema previsional que lo utiliza para enriquecer a sus administradores; de profesores por una carrera docente acorde con el sentido de la educación; de mujeres que sólo ahora reaccionan contra la discriminación y la violencia de género; de trabajadores que luchan por tener un empleo estable, sueldos decentes y no ser humillantemente despedidos; de pobladores amenazados por la contaminación ambiental proveniente de grandes negocios; de promotores de la diversidad sexual esgrimiendo derechos ya consagrados en otros países. Todas ellas, no obstante, han respirado por su propia herida y demandado soluciones puntuales, sectoriales. Y tales han sido también las respuestas y tramitaciones burocráticas recibidas. 

Una salida directa, nacional y de mayor permanencia no ha estado en sus planes. Algunos lo intentaron a través de una larga y esforzada campaña que proponía convocar a una asamblea constituyente que permitiera eliminar el origen común de las inequidades denunciadas –la Constitución pinochetista-, pero el movimiento terminó distorsionado y desechado por los conductores del país, descalificado por el gremio empresarial y apocado por sus dominantes medios de comunicación, todos, con una presunta e interesada ignorancia, adjudicando lo propuesto sólo a naciones en el caos. La soberanía popular, el primero de los derechos democráticos, no está entre lo practicado y enseñado en el país. 

Bastó, una vez más, la simple administración de las instituciones modeladas por la dictadura –Tribunal Constitucional y Congreso largamente binominal incluidos- para sofocar y desalentar las grandes manifestaciones de descontento popular, por gigantescas y persistentes que ellas fuesen, y devolver a la opinión pública a su rutinario y poco trascendente debate sobre política de elite y eslóganes, ficción farandulesca y fútbol-espectáculo, lleno de posverdades y lugares comunes, reproducido estratégicamente por los consorcios mediáticos y conducido en buena parte por periodistas anunciadores de ofertas comerciales. Las reivindicaciones y críticas de fondo han quedado para el mundo virtual de las así denominadas “redes sociales”. 

Más consumo, más temor 

La población, en general, ha observado con cierta distancia los sucesivos y escandalosos casos de corrupción detectados en los últimos años en el país, que han desprestigiado principalmente la política, empresas y grupos económicos de primera línea, la policía uniformada, el Ejército y la Iglesia Católica. En los políticos en ejercicio, a su vez, ha predominado la única respuesta para la cual parecen realmente capacitados: más leyes, más normas que subsanen las ya vulneradas y así sucesivamente (con especial atención a las que les protegen de la competencia de los independientes). 

Aun así, comparado con la magnitud de las corruptelas y calamidades desatadas en otros países, Chile podría creerse un edén si no fuera por un “terrorismo” casero, asentado y extendido que le ofrece un cable a tierra: la delincuencia común. Hace algunos días, un joven irrumpió en un hogar para robar, se encontró con una pareja mayor y su hijo enfermo, en cama, y ultimó fríamente a la mujer que se le opuso. Otro delito muy temido es el llamado “portonazo”, asalto perpetrado cuando el conductor de un vehículo se detiene y baja frente al portón de su casa. 

Presionada la ciudadanía hacia la búsqueda del sustento diario y el éxito económico cada vez más dependientes del comercio sin control y el consumismo, desconfiada respecto del ejercicio del “arte de gobernar” y con un temor cotidiano a un enemigo desconocido como la delicuencia, la “clase” dirigente chilena siente afianzado un papel casi mesiánico generado en la práctica por el voto popular. Y tal concesión no proviene solamente de la base.

Fiscalización “respetuosa” 

El Ministerio Público chileno pudo llegar hasta los principales líderes nacionales de los últimos diez años -Michelle Bachelet y el actual Presidente, Sebastián Piñera- en su investigación sobre casos de financiamiento ilegal de las campañas, pero un predicamento fiscalizador particularmente “respetuoso” hacia imputados de alto rango político les ha favorecido a priori. En su cuenta pública, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, sostuvo abiertamente que los fiscales debían estar conscientes de que sus decisiones podían “impactar” el funcionamiento de instituciones como el Congreso Nacional y alterar así los quórum de votaciones legislativas y la representación popular misma de sus miembros. 

“Mientras los parlamentarios están desaforados, las personas no están representadas y eso altera la democracia”, agregó más tarde en una entrevista radial. 

Los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena renunciaron a la institución en enero pasado luego que fueran marginados de la investigación de los casos Penta y SQM, que atraviesan de lado a lado la política local. Gajardo explicó que había “antecedentes claros” para seguir ascendiendo en las pesquisas hasta llegar a la ex Presidenta Bachelet y el actual Presidente Piñera, explicando que el jefe administrativo de la pasada campaña de Bachelet, Giorgio Martelli, ya fue condenado por tales hechos y en el caso de Piñera “su administrador electoral está formalizado por estos hechos por montos bastante semejantes, más de 300 millones de pesos (unos 407 mil euros)”, dijo. 

Sólo en diputados del nuevo Frente Amplio -de una izquierda fuera del sistema hasta algunos meses atrás- se percibió alguna reacción, aunque su anuncio sobre una posible solicitud de destitución del Fiscal Nacional sonó tímido… 

Tras el monopolio 

A salvo hasta ahora de acciones judiciales que podrían ponerla en aprietos como a algunos de sus pares sudamericanos, la “clase” política chilena, aquella unida por una coincidencia ideológica no disimulada entre los herederos de la derecha pinochetista y de la izquierda demo-izquierdista “renovada”, parece especialmente expectante ante la crisis desatada en la Iglesia Católica por los casos de pedofilia. Debilitados la autoridad y los dogmas de la mayor institución occidental en materia de espiritualidad y moralidad, tiene una promisoria oportunidad de alcanzar otra apetecida y decisiva meta: el monopolio terrenal sobre el bien y el mal. 

Dado tanto éxito y poder, no resulta imprudente para un chileno de a pie mantenerse a una distancia respetable de su dirigencia política, escucharle de soslayo y dejarle gobernar con cierta libertad, recibir de buena gana los beneficios que le concede como sujeto económico y salir a exigir sus derechos sólo cuando el apremio personal resulte insoportable. 

Es otro tipo de ciudadano, aunque sea sólo de nombre… 

Julio Frank S.

12/3/18

Una Constitución de Bachelet para Piñera

Bachelet no sólo entregó por segunda vez consecutiva el gobierno a su opositor de derecha, sino que esta vez le adjuntó un proyecto de nueva Constitución con reformas negociables y manteniendo intacto el dogma fundamental: la ciudadanía debe seguir al margen de las decisiones políticas y volcada hacia sus asuntos personales (empleo, familia, sexualidad). 

Los poderes del nuevo Presidente de esta república, Sebastián Piñera, recibidos por segunda vez consecutiva de la que, se suponía, era una contendora insuperable, Michelle Bachelet, llegaron con una “marraqueta” bajo el brazo: un proyecto de ley de reforma que establece una nueva Constitución Politica para el país. Y aunque a él nunca le ha simpatizado este tema y ha llegado dos veces a la Presidencia tratándolo en forma despectiva, ahora tiene una posibilidad de deshacerse del mismo no ignorándolo precisamente, sino más bien buscándole un acomodo en su favor mediante el ya manido “consenso (político) nacional”.

Después de todo, el llamado “proceso constituyente” de Bachelet, que dio inicio a la propuesta, no le resulta descabellado: una consulta popular perfectamente organizada y controlada por el gobierno, con opiniones no vinculantes y revisadas por éste, y una ínfima participación ciudadana, poco más de 200 mil personas, según la cifra oficial. La redacción del texto final, además, fue ajena a los partidos oficialistas y su destinatario directo siempre estuvo meridianamente claro: el Congreso Nacional y su valiosa experiencia en acuerdos político-legislativos estrictamente apegados a la institucionalidad neoliberal en vigor. Nada que se parezca a una Asamblea Constituyente. Nada que concuerde con las campañas en ese sentido realizadas por organizaciones sociales ni con los acuerdos partidarios adoptados en la propia coalición entonces en el gobierno. 

Correspondiente con eso, la mayoría ciudadana, largamente desafectada de la política -excepto cuando siente dañados intereses particulares-, recibió con esperable indiferencia una materia como la presentada, densa, multiforme y asociada interesadamente a salones políticos y jurídicos. La propia autora del nuevo proyecto admitió (en privado) el gran desconocimiento reinante en la población chilena acerca de lo que significa la Constitución de su país; no podía hacerlo públicamente, porque fue la extinta Concertación la principal promotora de tal ignorancia. 

Con tales antecedentes, la ahora ex gobernante procedió en consecuencia.

Pobre soberanía 

“La soberanía reside en la nación”, comienza advirtiendo el artículo 4 del proyecto de Bachelet. Aunque agrega enigmáticamente: “y en sus diversos pueblos indígenas”. Asimismo, y pese al antiguo discurso concertacionista y nuevomayorista contrario a los cerrojos, la propuesta mantiene, en su Capítulo XV, el quórum mínimo de tres quintos de los parlamentarios en ejercicio para aprobar una reforma constitucional. En el caso que el Congreso prefiriera un mecanismo distinto para elaborar una nueva Carta Fundamental, le otorga la posibilidad de convocar a una “Convención Constitucional”, cuya elección, integración, organización, atribuciones y funcionamiento deberán ser determinados por una ley orgánica constitucional, es decir, por los mismos congresistas… y siempre que alcancen un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. 

La soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos, preceptos tradicionales de la democracia, siguen siendo malentendidos y proclamados por nuestros conductores como sinónimo de atraso y violencia, o bien, en el mejor de los casos, como una meta inalcanzable para un pueblo limitado como el chileno. 

Restricciones a la familia y la religión 

El artículo más controversial podría ser el número 1, que si bien reitera que la familia “es el núcleo fundamental de la sociedad”, añade que aquélla tiene “diversas modalidades”. Bachelet, que ya consiguió el aborto –acotado, por el momento- y considera a la familia heterosexual un “estereotipo”, ha puesto urgencia a los proyectos de la llamada “identidad de género” y del matrimonio entre personas del mismo sexo, presión que ya ha conseguido, ayudada por una película, la moderación del rechazo original de parte de la derecha conservadora. 

En consonancia con lo anterior, el N° 14 del artículo 19 de la propuesta bacheletista mantiene en los padres “el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos”, pero lo concede también “a quienes tengan el cuidado personal (de éstos) de acuerdo a la ley”. Un padre o una madre que hubieran perdido la tuición de un hijo por una demanda estatal sobre derechos sexuales, por ejemplo, entenderán fácilmente esa disposición. 

Otro artículo polémico podría ser el 19 N° 9, que garantiza la libertad y el ejercicio de la objeción de conciencia y de todas las creencias y cultos “que no se opongan a lo dispuesto en la ley”. Serán entonces las prácticas leyes, no la deliberante conciencia individual o grupal, las que, según esto, deberán definir el límite de dicha libertad y su ejercicio, junto con someter a control los preceptos éticos y las doctrinas teológicas. Se podrá seguir creyendo en la Humanidad y alabando a Dios… solamente hasta que infrinja lo que ordena una ley. 

Monopolio político 

Nada hay hasta ahora que signifique a los políticos compartir aquella parte de su potestad que les corresponde compartir o que les implique competencia o fiscalización externas. Nada de democracia participativa, de reflexión colectiva ni de prensa capaces de reorientar la política y la economía ultraliberales vigentes, que tienen a la población chilena enfrascada –no toda a disgusto- en los negocios sin control, el consumo sin límites, la ambición individualista y la entretención farandulesca, como si no tuviera pasado ni futuro. Nada que la remeza del prolongado letargo cívico con que ha facilitado el actuar discrecional de los políticos y que muchos de éstos quisieran que fuera eterno. 

Inspiración transnacional 

Bachelet y Piñera representan nítidamente esa errática y cínica política, impuesta precursoramente por la dictadura y desarrollada exitosamente por sus sucesores. Los acuerdos políticos cupulares, la reducción del Estado, el fomento de los negocios multinacionales y el absoluto cumplimiento de una institucionalidad básicamente inalterable han sido reglas comunes a ambos. Coinciden en particular en su agrado por el modelo estadounidense. En 2009, al agradecer (en privado también) el premio de la Americas Society, la Presidenta Bachelet destacó más de una vez la estrategia de Obama. Y el Presidente Piñera, pese a no haberlo recibido (aún), contribuyó en 2011 con una sentencia para el bronce: “Chile está totalmente comprometido con la economía de libre mercado”, dijo a los ejecutivos de las empresas transnacionales que componen la organización. 

Pero ninguno de ellos es un advenedizo. Bachelet arrasó en tres elecciones en 2013 y Piñera obtuvo una amplia mayoría en 2017, autoridad formalmente suficiente para seguir cosechando lo que contribuyen a sembrar. 

La ex Presidenta asumirá un nuevo puesto internacional en la ONU, aunque aseguró que esta vez seguirá opinando sobre política interna, con miras quizá a un tercer mandato y a un reimpulso de sus nuevas ideas. La recibirán fuera, una vez más, con reconocimiento y admiración, escuchándole referir sus avances en educación, derechos femeninos, inmigración, diversidad sexual y ahora nueva Constitución no importando la coherencia ni el resultado de sus proyectos, la apática recepción de éstos por ciudadanos concentrados en sí mismos ni el hecho que el tan elogiado avance económico chileno no hubiera sido posible sin un régimen condenado universalmente: la dictadura de Pinochet.

Julio Frank S.

Foto: Traspaso del mando presidencial, 11 de marzo de 2018, gob.cl

14/12/17

Líderes del Frente Amplio votan por Guillier sin condiciones

Sin intentar negociar bases programáticas ni exigir condiciones políticas para su apoyo, y pese a manifestar públicamente objeciones personales hacia el candidato durante la campaña y adelantar que serán oposición a cualquier gobierno, los principales líderes de la alianza de izquierda Frente Amplio, encabezados por la propia ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez, anunciaron que votarán por el representante de la oficialista “Nueva Mayoría” (o “La Fuerza de la Mayoría), Alejandro Guillier, en la segunda vuelta electoral de este domingo 17. Adujeron un “antipiñerismo” que busca evitar un nuevo gobierno de derecha.

He aquí algunos recortes de prensa.


23 de octubre de 2016


10 de diciembre de 2017


28 de noviembre de 2017


5 de diciembre de 2017


13 de diciembre de 2017


J.F.S.

Fuentes: biobiochile.cl, @gabrielboric, emol.com, capital.cl, latercera.com

22/11/17

Negociar por el verdadero cambio: una AC

Si hay algo concreto y definitivo con que Beatriz Sánchez puede socorrer a la candidatura oficialista es, además de votos, su principal propuesta y el camino trazado para realizarla: Asamblea Constituyente. 


Después de haber superado imprevistamente el 20 por ciento de los votos en la carrera presidencial y perder por menos de tres puntos el derecho a pasar a la segunda vuelta, Beatriz Sánchez y el Frente Amplio tienen hoy una posición favorable si accedieran a negociar un eventual apoyo al candidato bacheletista, Alejandro Guillier. El tema central en este caso no serían reformas, por drásticas que fueren, como aumentar los impuestos a los más ricos, cambiar el sistema previsional, eliminar una injusta deuda estudiantil, recuperar los recursos naturales básicos, mejorar la atención de salud y otras propuestas programáticas, sobre lo cual se ha discutido durante más de 25 años con pobres resultados y chocando lo más trascendente contra el muro constitucional pinochetista. 

Como establece el primer capítulo del programa de gobierno frenteamplista 2018-2022, se trata de la convocatoria a una Asamblea Constituyente propiamente tal, para lo que el nuevo Presidente de la República recurriría a facultades previstas en la propia Constitución vigente, esto es, enviar un proyecto de ley para la realización de un plebiscito nacional validante de la iniciativa y, ante un posible rechazo, insistir con dicho mecanismo para dirimir la discrepancia con el Congreso Nacional. 

Alejandro Guillier también es partidario de una nueva Constitución, pero se ciñe a la restringida y no vinculante consulta popular efectuada por Bachelet para ser dejada a la decisión final del Parlamento. 

Los fundamentos para una AC ya han sido latamente descritos en los últimos diez años, pese a una escasa y prejuiciosa difusión en los medios informativos, la errática adhesión de algunos políticos y la limitada promoción de algunas organizaciones sociales. Se ha recordado el origen autoritario, la ideología impuesta y la estructura inamovible de la Carta en vigor, su parcializada consagración de los derechos ciudadanos y del fomento de la calidad de vida moderna, así como la insuficiencia de las reformas introducidas, más bien protectoras de sus pilares. 

A eso se ha opuesto el carácter eminentemente democrático de una Asamblea Constituyente, cuya generación se basa en el sufragio universal, como cualquier elección; su apertura a la participación de todos los sectores sociales, además de los políticos; su necesidad de un debate amplio, plural y sin censura en los medios de comunicación; su facultad única y exclusiva de discutir y redactar una nueva Constitución Política del Estado para someterla a un nuevo veredicto ciudadano en las urnas. Pocos son los países que no necesitan una institución así; muchos gobernantes, sin embargo, la han eludido discrecionalmente. 

Desafío 

Aunque la carga popular pedida y recibida por Beatriz Sánchez y el Frente Amplio es pesada, inhóspita y cuesta arriba, no hay alternativa si en lugar de ser un destello más desean hacer historia. Tendrán que enfrentar y al menos resistir los embates de una formidable economía neoliberal, inter y transnacional, cuyos intereses se han apropiado de la política, la educación, la salud, el trabajo, la previsión, la cultura y los hábitos domésticos, entre otros sectores de la actividad nacional, en los cuales las mejoras son posibles solamente dentro de su marco. 

Tendrán, especialmente, que convencer a sus compatriotas no sólo de que pueden vivir y progresar en una sociedad menos materialista e individualista y más humanizada, sino también de su derecho a decidir por sí mismos sobre los grandes temas de los que dependen los demás, como el tipo de economía que regirá, el sentido de la educación, las condiciones generales del trabajo y la previsión, el acceso a la salud, el usufructo de los recursos naturales y otras materias fundamentales. 

En concreto, tendrán que convencerles, con ideas y acciones, en salones y oficinas y en la calle, de que el verdadero cambio parte sólo de una Asamblea Constituyente, un proceso que ofrece herramientas útiles para sustituir la vieja, cupular y ya corrompida política de acuerdos de la transición por una auténtica, informada y masiva participación ciudadana en el destino de algo que nos identifica a todos: el país.

Julio Frank S.

Imagen: Extracto del programa de gobierno de Beatriz Sánchez. beatrizsanchez.cl

6/11/17

Elecciones para los que no quieren cambios

La mayoría de los chilenos se declara feliz en su vida personal, según un estudio de mercado, y aunque cree que el país, en cambio, no avanza, no está dispuesta a arriesgarse. Sus representantes políticos, tampoco. 

El próximo 19 de noviembre, Chile vivirá un nuevo proceso eleccionario presidencial y parlamentario. Eso de “vivir” es un eufemismo, dado el escaso interés por la política ya arraigado en la población chilena y expresado últimamente en un aumento de la abstención, aunque ello no signifique necesariamente un rechazo al sistema imperante. Este parece haber dotado al país de una efectiva inmunidad no sólo ante propuestas de reformas drásticas o “revolucionarias”, sino también ante la creciente corrupción política y las periódicas protestas callejeras. 

Más aún, el reciente estudio Chilescopio 2017, realizado por la consultora en investigación de mercados Visión Humana y difundido por Emol (El Mercurio On Line), reveló que si bien el 61 por ciento de los chilenos considera que el país, como tal, no avanza, un porcentaje todavía mayor (64%) se declara “feliz” o “muy feliz” con su vida personal. Su principal temor (53%) se centra en la eventualidad de enfermarse y sólo el 31 por ciento lo atribuye a los problemas económicos. El presente es lo más importante para el 66 por ciento de ellos. 

Más allá de la capacidad de consumo y endeudamiento, otro hábito en el estilo de vida, ya extendido e incluso institucionalizado, contribuye a ilustrar ese placentero estatus. Desde el 27 de octubre, a menos de un mes de las elecciones, la fuerza laboral pudo disponer de un no muy corto y relativamente relajado período mezcla de asueto y trabajo: de los diez días que concluyeron el 5 de noviembre, seis fueron no hábiles. Como los fines de semana “largos” establecidos por un nuevo y más generoso calendario oficial de feriados –incluidos días “sandwich”-, hubo un considerable éxodo (así llamado) familiar y turístico desde la capital hacia otros puntos del territorio. La alta circulación vehicular que eso genera ocupa la primera plana noticiosa en los medios de comunicación tradicionales, aunque sea generalmente para referir accidentes, atochamientos y estadísticas. 

Si los menos aventajados quedan al margen de esas vacaciones poco formales, pero posibles, es problema de cada uno. 

Candidatos a la Presidencia 

¿Por qué los chilenos tendrían que molestarse en ir a votar cuando ya serían felices, al menos en lo personal, para elegir entre candidatos y opciones politicas que no querrían, no se atreverían o no podrían alterar tal felicidad? ¿Qué cambios sociales podrían prosperar en un país con una condición ambiental tan individualista? 

Las elecciones se han transformado así en un acto más bien reflejo o ingenuo, para algunos, y en una rutina inconducente y fastidiosa, para otros, incluidas las presidenciales. 

El ex Presidente Sebastián Piñera aparece como favorito. Es el prototipo del empresario ambicioso, exitoso, admirado, denostado, envidiado… y multimillonario. Su comportamiento ético en permanente cuestionamiento no le ha causado daño y acaba de esquivar una querella por presunta negociación incompatible con una empresa peruana mientras era Jefe de Estado. Es el verdadero candidato del continuismo, aquel del sistema institucional originalmente impuesto por Pinochet. En 2011, cruzada ya la banda presidencial, fue a Estados Unidos para asegurar al empresariado transnacional que “Chile está totalmente comprometido con la economía de libre mercado”. Todos prevén, por lo tanto, lo que haría en un posible segundo gobierno suyo y, especialmente, lo que no haría. No quiere cambiar nada (no lo necesita), sólo “mejorar” algo. 

Piñera encabeza las encuestas de opinión y se predispone a representar, una vez más, a los chilenos desde el más alto de los pedestales. 

Alejandro Guillier es periodista y actual senador, y se autodefine como continuador de la segunda -y desplomada- administración de Bachelet, caracterizada por propuestas de centroizquierda desarticuladas por procedimientos de centroderecha. Nadie, pese a eso, tiene claro qué haría una vez en La Moneda e incluso tratará de negociar su programa con algunos de sus competidores de la primera vuelta. Ha sido mucho más periodista que político, pero sus sucesivos tropiezos profesionales tampoco le ayudan. Quiere profundizar los cambios ya iniciados, pero no ha dicho cómo. 

En los sondeos, mira hacia arriba a Piñera. 

Beatriz Sánchez también es periodista, en ejercicio hasta hace menos de un año. Lidera el Frente Amplio, conformado por nuevos grupos de izquierda que quieren cambiar mucho y en forma radical, proponiendo, por ejemplo, una Asamblea Constituyente y el término de las polémicas administradoras privadas de fondos previsionales (AFP), uno de los pilares de la institucionalidad pinochetista. Los encuestados la han bajado tan rápidamente como la habían subido. 

Carolina Goic ganó la presidencia de la Democracia Cristiana con aclamación en 2016 y al año siguiente, dividiendo a la gobernante “Nueva Mayoría”, fue proclamada candidata presidencial de ese partido. No quiere cambios, sino “correcciones”. Las mediciones previas no creen en ella y tampoco un sector de sus propios camaradas

José Antonio Kast postula en forma independiente. Es ultraderechista y pinochetista (sin comentarios). 

Marco Enríquez-Ominami, otrora revelación política y hoy venido en menos, ha tenido que pedir a viva voz acuerdos inmediatos con aquellos a cuya derrota contribuyó en 2009. Sigue queriendo cambiar mucho, pero perdió credibilidad. 

Alejandro Navarro, senador, quiere también cambiar mucho, pero tampoco puede, y a Eduardo Artés, del Partido Comunista Chileno Acción Proletaria, le gustaría cambiar todo. Miran a los demás desde el fondo de esta lista. 

La prensa, a todo esto, no se altera. Tampoco simpatiza con cambios y ante la escasez de ideas o programas políticos que confrontar públicamente, los dimes y diretes han sido muy útiles. 

Ni siquiera la franja diaria y gratuita de propaganda electoral por televisión ha salvado la campaña. 

Y ante la apatía electoral, algunos candidatos proponen obligar nuevamente a la ciudadanía a votar, bajo pena de sanciones, sin importarles los motivos de ésta. El gen autoritario no desaparece.

Julio Frank S.

22/10/17

Beatriz Sánchez anuncia estrategia para una Asamblea Constituyente


El programa de gobierno de la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, destaca como primer punto la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución Política del Estado y plantea, además, un mecanismo y estrategia específicos para validar y dar inicio a ese proceso. Estos incluyen el plebiscito contemplado en el texto constitucional vigente (artículo 32 número 4) para resolver eventuales discrepancias con el Congreso en esta materia.

La candidata presentó ayer un documento de 346 páginas, en el que expone diversas propuestas clasificadas respectivamente en distintas áreas, comenzando por “Estado y democracia”.

“Proponemos la elaboración de una nueva Constitución por la vía de una convocatoria a una Asamblea Constituyente electa con sufragio popular, representativa y con mecanismos de participación activa de la ciudadanía en el proceso constituyente”, señala.

Para conseguirlo, opta por el envío al Congreso de una reforma constitucional que incorpore el plebiscito sobre cuestiones de interés general, como el cambio constitucional, y recuerda que la aprobación de una propuesta de ese tipo requiere un quórum de tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio.

“En caso de no obtenerse el quórum señalado –agrega-, exploraremos todas las formas disponibles para dar la validación institucional al proceso, como la posibilidad de convocar desde el Poder Ejecutivo a un plebiscito según lo contempla el artículo 32 N° 4 (de la Constitución vigente) para los casos de discrepancia con el Congreso en la tramitación de una reforma constitucional”. Sugiere también alternativas “que puedan interpelar a las otras fuerzas políticas e instancias del Estado y la sociedad, para dar curso al proceso constituyente de manera democrática e institucional”.

La Constitución Política de la República, explica el texto, debe ser el acuerdo base para el entendimiento social, garantizar los derechos básicos de las personas y las comunidades, permitir a todos tomar decisiones sobre el futuro nacional y ampliar el margen de lo posible. El problema de legitimidad de la Constitución de 1980, apunta, no está sólo en sus orígenes autoritarios y “tramposos”, sino también en que “no representa al país en que nos hemos transformado y, sobre todo, imposibilita el país que queremos construir”.

Para la aspirante a la Presidencia y su coalición, cómo construir la nueva Carta Magna es tan importante como su contenido, pues dicho proceso “dice tanto de nosotras y nosotros como el resultado final. Necesitamos un acuerdo democrático, participativo, en igualdad de condiciones y con diálogo abierto, sin vetos ni temores. Por esto, el camino que el Frente Amplio ha escogido es una Asamblea Constituyente”.

J.F.S.

Fuente: beatrizsanchez.cl

6/10/17

La ley no es intocable; la democracia, sí


Si la legislación, obra de políticos y juristas, ignora los derechos ciudadanos originarios está atentando contra la democracia, que es obra de todos. Aunque muchos de los afectados lo permitan de buena o mala gana, como en Chile, muchos otros se resisten, como en Cataluña.

Algunos expertos en derecho internacional, consultados sobre el reciente referendo independentista en Cataluña, han reiterado que hay sólo dos escenarios para el ejercicio de un derecho humano fundamental como la autodeterminación de los pueblos: uno, en colonias y dominios y en pueblos aborígenes o grupos étnicos; otro, en países y regiones o provincias, pactado políticamente, como el caso de Escocia, en el Reino Unido, y Quebec, en Canadá.

Según dicho precepto, los catalanes y su separatismo no tendrían cabida en ellos, menos aún mediante un procedimiento como el desarrollado el domingo 1 de octubre, esto es, una autoconvocatoria a votaciones que infringió, deliberada y flagrantemente, la Constitución y las leyes nacionales que les rigen.

Asimismo, diversos expertos constitucionalistas, coincidiendo con políticos de distintas tendencias, han reiterado que, al no estar contemplada la asamblea constituyente en la institucionalidad chilena vigente, las reivindicaciones, propuestas y gestiones en tal sentido no tendrían destino alguno en este país.

La Constitución, las leyes y el derecho nacional e internacional son obra, sin embargo, precisamente de políticos y expertos, que suelen transferir discrecionalmente el poder originario y ser particularmente inflexibles cuando sienten que alguna propuesta o acontecimiento ajenos a ellos amenazan lo obrado. Ocurrió en el caso catalán, donde incluso se trató de impedir por la fuerza la manifestación cívica popular; ocurre también en Chile, donde la demanda política y social por una nueva Constitución, que derogue la autoritaria de Pinochet, ha terminado en una mera consulta popular no vinculante, de bajo perfil y controlada por el gobierno.

Con y sin violencia

Líderes políticos y mediáticos han opinado fríamente aquí sobre el referendo de Cataluña, dudando generalmente de su efectividad, sugiriendo diálogo, callando estratégicamente o vaticinando un distante futuro para esa comunidad autonómica. Pocos han condicionado su opinión a la brutalidad gubernamental contra ciudadanos que ejercían pacíficamente un derecho o se han conmovido con el masivo ejemplo de voluntad democrática dado por éstos, como ha sido frecuente, en cambio, ante la crisis venezolana.

Líderes políticos y mediáticos analizan también fríamente el opaco presente local, denuncian un estancamiento general, sugieren más y más acuerdos cupulares y esquivan o morigeran denuncias de corrupción, aunque ninguno haya iniciado o persistido en reformas de fondo, en el cambio de las bases impuestas por la dictadura y reformadas a medias por los civiles sucesores.

Cuando ciudadanos de a pie son desmembrados por explosiones o arrollados por camiones terroristas, reciben la compasión y el aliento de sus conductores políticos; cuando intentan aportar su propia iniciativa cívica, reciben condenación y también violencia. Cuando acuden a las urnas para elegirles, son “la fiesta de democracia”; cuando proponen, subsidiando la pasividad partidista, vías concretas para sacudirse de leyes autoritarias, sufren indiferencia o desdén.

Ha tenido que ser un movimiento social el que se instalara en las calles chilenas –coincidiendo con la fecha del referendo catalán- para permitir la opinión ciudadana abierta, esta vez sobre uno de los pilares sacrosantos de la institucionalidad todavía en vigor: el sistema mercantil de seguridad social. Han tenido que ser grupos radicalizados y agresivos los que reivindiquen, con visibilidad y repercusión, los derechos ancestrales postergados de los pueblos naturales de la Araucanía.

No es la legalidad

La conclusión de las cúpulas políticas ha sido similar: ante materias de especial trascendencia, ni catalanes han actuado razonablemente ni chilenos comunes serían capaces de hacerlo.

La democracia, para esa “clase” dirigente, no nace del pueblo o la ciudadanía, como indican los manuales de educación cívica, sino de ella misma. Desde el momento en que gobernantes y legisladores son elegidos, les corresponde, según tal parecer, no sólo asumir en plenitud el papel que sus electores les han encargado representar, sino también preservar indefinidamente ese sistema, dado la intrínseca incapacidad colectiva que atribuyen a sus representados para ejercer un régimen de democracia directa. Aun así, tal prejuicio no sería descabellado si las normas legales generadas interpretaran adecuadamente a los gobernados, pero dicha aspiración se ha desvanecido rápidamente ante la valla de arrogancia, terquedad y cinismo de sus representantes, sostenida por resabios dictatoriales, principios acomodaticios, actuaciones legalistas e indolencia ante la corrupción.

No es la legalidad, en definitiva, lo que impide que lo manifestado por una mayoría catalana el domingo 1 pueda concretarse, como tampoco que pueda realizarse en Chile una asamblea constituyente. Es el legalismo, artilugio al que los conductores nacionales recurren para mantener en marcha el estricto marco político e institucional que han tenido que afinar para satisfacer los minoritarios, aunque apremiantes y decisivos intereses económicos transnacionales, que han convertido particularmente a Chile en una de sus plazas más leales. Junto con disponer dadivosos incentivos para la inversión extranjera y facilitar, además, la invasión foránea a las expresiones culturales autóctonas, se han ocupado de la marginación de ideas, sentimientos e intenciones que tengan algún carácter nacionalista o “populista”, haciendo suya una ideología economicista y globalizadora que sólo busca la estabilidad y el crecimiento de los mercados y de la cultura de consumo.

Hacia todo eso han tenido que apuntar sus leyes en las últimas décadas. Eso ha sido la democracia para ellos. De ahí su escozor ante manifestaciones populares que puedan ponerlo en aprietos, volver el poder constituyente hacia sus detentores originales e indicar un nuevo camino para la sociedad del siglo XXI. Por eso temen a votaciones populares vinculantes que no sean las que ellos convocan.

Sus llamados a la unidad nacional resultan así falaces y patéticos.

Por fortuna, no son las leyes lo intocable, sino la democracia. Y aunque haya muchos ciudadanos a quienes el ejercicio auténticamente democrático tiene sin cuidado, muchos otros todavía lo consideran parte indispensable de la vida humana plena.

Julio Frank S.

11/9/17

¿Es esto Chile lindo?


Extracto de un volante publicitario del banco del Estado de Chile alusivo al bicentenario de la República, septiembre de 2010.

J.F.S.

Periodistas transmiten personalmente publicidad durante sus espacios informativos en radioemisoras de FM de Santiago.

25/8/17

Candidata presidencial pone fin a las AFP


Un sistema de seguridad social de reparto solidario, que integra las antiguas cajas de previsión y consigna a las AFP (administradoras de fondos de pensiones privadas) sólo como una alternativa de ahorro individual voluntario, propuso la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez.

La propuesta, denominada “Pensiones dignas para Chile. Un sistema de seguridad social moderno, solidario y sostenible”, establece también una rebaja de la cotización del trabajador al nueve por ciento y un aumento de la del empleador a dicho porcentaje.

El documento fue elaborado en conjunto por la Coordinadora Nacional de Trabajadores “No más AFP” y sus equipos técnicos, la Fundación Sol y el grupo programático de la nueva coalición política de izquierda.

Junto con afirmar que “Chile no tiene seguridad social”, que el sistema de AFP vigente “multiplica la desigualdad” y que se requiere “cambios estructurales, graduales y permanentes”, Sánchez planteó lo que llama “10 pilares de pensiones dignas”.

Figuran además el reconocimiento a los trabajadores como dueños de sus ahorros previsionales y participantes en las decisiones sobre éstos, una pensión básica equivalente al ingreso mínimo (270 mil pesos), financiamiento tripartito 
-incluyendo al Estado- y compensar la desigualdad en la cotización de las mujeres.

Entre sus fundamentos, compara las ganancias por 353.180 millones de pesos obtenidas por las AFP en 2016 con el 79 por ciento de pensiones inferiores al sueldo mínimo y el 44 por ciento, bajo la línea de pobreza.

J.F.S.

Fuente inicial: elciudadano.cl

Constitución de Pinochet ni siquiera es respetable


Constitución Política de 1980 (subrayada)


latercera.com, 21-8-2017

14/7/17

Llamado a los universitarios

Sería distinto si los universitarios estuvieran no sólo preocupados de sus propios problemas, sino que también fueran ellos la voz de los que no 
tienen voz. (…) Antiguamente los universitarios salían, por ejemplo, a 
marchar en apoyo a los mineros. Hoy día sería interesante que ellos 
también se preocuparan de estos otros sectores”.

 Felipe Berríos, sacerdote jesuita.

Fuente: elmostrador.cl, 14-7-2017, citando a T13.