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30/11/16

Conflictos de intereses presidenciales y periodísticos

¿Es lícito que un Presidente-empresario compre para sí una firma pesquera de un país con que mantiene un diferendo limítrofe marítimo e interesada potencialmente en la zona en litigio? Y a los encargados de perseguirlo informativamente, ¿es permisible hacer de voceros de quienes auspician sus programas periodísticos? La respuesta de los involucrados (y de sus adherentes y auditores) parece ser: Sí, se puede.

La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente del Ministerio Público se hizo cargo de una querella sobre negociación incompatible y uso de información privilegiada en contra del ex Presidente y millonario empresario Sebastián Piñera. El libelo fue presentado por el diputado comunista Hugo Gutiérrez luego que investigaciones periodísticas revelaran que durante la pasada administración de Piñera (2010-2014), y en plena tramitación de un litigio sobre límites marítimos con Perú en la Corte Internacional de La Haya, la empresa matriz de éste adquiriera acciones de una firma pesquera peruana con potenciales, pero directos intereses en la zona en conflicto. La ley sobre fideicomiso ciego a la que el mandatario se sometió previamente no incluía sus inversiones en el extranjero.

El proceso jurídico significó finalmente una pérdida de territorio marítimo para Chile.

Invoca el querellante los artículos 240 del Código Penal, que sanciona al empleado público que se involucrare en operaciones personales relacionadas con el desempeño de su cargo, así como el artículo 247 bis de dicha norma y la Ley de Mercado de Valores, que castigan el uso de información secreta y privilegiada, respectivamente, en beneficio propio o de un tercero. Aunque el ex gobernante y posible postulante a un segundo período aseguró que desconocía dicho negocio, se quejó de “campaña sucia” y actitudes “miserables”, y reafirmó su dedicación y compromiso en defensa de “los superiores intereses de Chile y los chilenos”, lo concreto es que la compra y la oportunidad de la misma fueron confirmadas por diversas fuentes, los administradores del adquirente son su propia familia y una reciente encuesta señaló que el 59 por ciento de los consultados no le creía que desconociera el asunto y sólo el 48 por ciento coincidió con él en cuanto a la calidad de su defensa.

Si un Presidente está plenamente imbuido de las responsabilidades de su alto cargo y defiende cabalmente los intereses de su patria, como ha reiterado, y que, paralelamente, es ya multimillonario, ¿qué necesidad tenía de obtener acciones de una empresa peruana en medio de una controversia limítrofe con un país con el que, además, existe una rivalidad histórica y una guerra en el siglo XIX?

Junto con eso, hubo otro lamentable espectáculo en esta particularmente delicada materia. El jefe del equipo chileno en la actual demanda de Bolivia por salida soberana al mar, José Miguel Insulza (PS), uno de los que objetó la combinación política-negocios piñerista, renunció para presentarse como precandidato a Presidente en 2017, después de varios meses en que su ambición electoral trascendió mucho más que la misión superior que le fue encomendada.

Periodistas-publicistas

Con mucho menos o nada de ventilación pública, pese a que sus protagonistas, paradojalmente, no pueden ser ya más públicos aunque pertenezcan al sector privado, se arrastra una controversia que involucra a quienes, entre otras funciones, deben perseguir informativamente conflictos como el aludido. En los últimos diez años, se ha consolidado la práctica simultánea del periodismo y la publicidad, en la que un profesional que conduce un programa informativo en una radioemisora de frecuencia modulada se encarga, además de leer –y, algunas veces, también comentar- los anuncios comerciales de los auspiciadores de su espacio. El Código de Etica Profesional del Colegio de Periodistas de Chile prohíbe literalmente dicha práctica, entendiendo que esa doble y paralela función es una fuente de confusión y desinformación para la audiencia.

Apoyados en que la colegiatura gremial no es legalmente obligatoria, algunos “rostros” periodísticos de la televisión, cuyo conocimiento público y credibilidad televisiva –que no es necesariamente la misma que la periodística- sedujeron a los estrategas publicitarios, comenzaron a aparecer paralelamente como íconos de grandes tiendas comerciales, para beneplácito de las finanzas mediáticas y la conveniencia comercial. La radio FM, aparentemente menos expuesta que la televisión, y sus horarios peak matinales y vespertinos fueron los preferidos. El propio ex presidente del Colegio, ex conductor de radio y televisión, y actual precandidato presidencial, Alejandro Guillier, se incorporó entonces a la corriente.

Hoy, dicho papel se ha generalizado, especialmente en las numerosas emisoras pertenecientes a grupos económicos nacionales y transnacionales. Se exceptúan estaciones universitarias estatales y radio Biobío, una empresa familiar que se declara “verdaderamente independiente”, según su eslogan principal.

Si un periodista y conductor de noticias conoce perfectamente sus deberes profesionales, entre los que la independiencia es uno de los más importantes, ¿qué obligación siente de ser vocero de las firmas comerciales auspiciadoras del programa que conduce? El caso de los “rostros” televisivos es más patético, ya que, además, acatando directrices editoriales, contribuyen a censurar ciertas noticias que afectan a algún auspiciador, especialmente protestas laborales en las grandes empresas.

El Colegio de Periodistas actúa en esto sobre la base de denuncias ante su Tribunal de Etica, pero… ¿quién, por muy consistentes que fuesen sus argumentos, osaría acusar pública y formalmente a consagrados profesionales de la información, comprometiendo también a irrefutables medios de comunicación y prósperos consorcios comerciales? En 2006, la entidad emitió un dictamen ético reiterando tajantemente la prohibición respectiva, pero la versión actualizada de su Código de Etica Profesional (2015) es menos rotunda y se limita a mantener el deber de diferenciar el mensaje periodístico del publicitario (artículo decimonoveno).

¿Y la independencia?

Así como el querellante tendrá que probar judicialmente que Piñera no actuó como debía en defensa de los intereses de Chile ante la reclamación peruana, y aunque persista la duda sobre su supuesta ignorancia respecto de negocios propios vinculados con la soberanía nacional, un riguroso auditor tendría también que probar que un periodista incumple su deber profesional al involucrarse personalmente con quienes financian su programa, aunque vale aquí que se pregunte por qué es despojado de su derecho a la independencia de quien le informa.

Debería esperarse que la ciudadanía, o la opinión pública, evaluara y juzgara con estrictez el resultado de tal proceder, pero difícilmente tendrá parámetros adecuados mientras la ética, inserta en una política individualista y desprovista de ideas y en una economía mercantil, esté convertida en un concepto dúctil y maleable. Así, Piñera, de lograr su segundo mandato, podría seguirse enriqueciendo “sin saberlo” y muchos periodistas, dando cuenta de las crisis de determinadas empresas mientras destacan las maravillas de las que “hacen posible” su tarea.

Julio Frank S.

Foto: Sebastián Piñera, Gobierno de Chile, Wikimedia.org

2/11/16

Un liderazgo mundial que nadie quiere

La sociedad chilena, particularmente individualista, exclusiva y farandulizada, es ya líder en depresión, advierten expertos. Sus constructores, políticos muy cómodos con una institucionalidad todavía autoritaria, se limitan a responder: “Voten nulo”.


El domingo 23 de octubre, sólo uno de cada tres chilenos acudió a las urnas y decidió que la oposición de derecha triunfara en los comicios de alcaldes, los de mayor proyección para las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2017. La oficialista “Nueva Mayoría”, alarmada, no sólo reconoció su derrota y la alta abstención electoral, sino que exigió al gobierno una definición clara sobre el itinerario de la Presidenta para el último tramo de su mandato. Es más, su socio “díscolo”, la Democracia Cristiana, condicionó a esto último su participación en el comité político gubernamental.

Por enésima vez, además, se volvió  a escuchar pontificales voces llamando a un cambio de ministros, a una priorización legislativa, a acuerdos “nacionales” (cupulares); nada que significara asomarse siquiera un poco más allá del círculo limítrofe de la llamada “clase” política, para acceder a los reclamos manifestados por diversos sectores ciudadanos a través de marchas y protestas callejeras y, ahora, con la negación masiva de su voto.

Las reformas propuestas por Bachelet son una gran muestra. Si bien la tributaria aprobada no ha sido suficiente, la gratuidad en la educación superior enfrenta muchos tropiezos y la laboral sucumbió en su esencia, el fondo es que la derecha no está dispuesta a un aumento de impuestos a las empresas hasta el nivel de los países desarrollados o en desarrollo; a que ningún alumno universitario tenga el compromiso de pagar sus estudios y a que la sindicalización sea obligatoria y los trabajadores puedan negociar por rama productiva. Y la centroizquierda, en el gobierno, tampoco está convencida de todo eso.

Ante tal cerrazón, las posibilidades de una nueva Constitución son mínimas: mientras proyectos sobre asamblea constituyente y plebiscito nacional duermen en el Parlamento, Bachelet tercia con su proceso de consulta popular no vinculante.

El gran “secreto”

No es casualidad que en este país no haya insurgencia; tampoco terrorismo o narcotráfico desatados ni experimentos económicos estatistas o “populistas”. En general, la población refleja indiferencia por las ideologías y rechazo a la participación político-partidista, y en economía se comporta como una consumidora fiel al mercado. Y si interviene en política es para reclamar por intereses concretos o sectoriales –de ahí que no haya prendido una reivindicación nacional como una Asamblea Constituyente-, aunque parte de ella, al menos, exige una mínima coherencia y honestidad a quienes elige.

Los políticos post dictadura, que han disfrutado de más de 20 años de paz política y tranquilidad macroeconómica, pudieron haber puesto a sus conciudadanos en un estándar de bienestar y participación cívica mucho más cercano al de cualquier país de desarrollo relativamente estable. A cambio de eso, una de sus estrategias prioritarias fue desmovilizar a los grupos sociales potencialmente opositores al gobierno civil, reorientarlos y centrarlos en lo individual, lo familiar y lo económico, desmotivándolos políticamente y estimulándolos como consumidores compulsivos. Sus eternas declaraciones de buenas intenciones, proclamas solapadamente patrióticas y altruistas, y leyes sobre derechos humanos puntuales y específicos no consiguieron ocultar la burbuja sustentada por la Constitución de Pinochet y los compromisos económicos transnacionales, ni su gran principio rector: la ciudadanía no tiene poder de decisión autónomo.

Uno de los productos de tal enclaustramiento es la “nueva” moralidad política expresada transversalmente tras conocerse sucesivos casos de financiamiento ilegal de las campañas. Ella dice que sólo un tribunal de justicia está capacitado para pronunciarse sobre la probidad de un político elegido y que a la ciudadanía sólo cabe decidir en una próxima elección, pues no tiene derecho a más.

Enfermedad social

El 17,2 por ciento de los chilenos padece depresión, según la Escuesta Nacional de Salud (2015). Esa cifra supera el promedio mundial y afecta las actividades sociales, laborales y educacionales, transformándose en una de las principales causas de incapacidad laboral y provocando un aumento en las licencias médicas, señala un informe publicado por el diario electrónico El Mostrador. Santiago, además, encabeza la lista de capitales con mayor frecuencia de depresión en el mundo, indica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mariane Krause, profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica y directora del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (Midap), afirma que el modelo económico y social vigente en el país favorece esta enfermedad. “Ha habido un tránsito de lo que se llama una sociedad de características más colectivistas a una sociedad más individualista”, sostuvo.

Los episodios depresivos, en efecto, fueron el diagnóstico más frecuente en las licencias médicas otorgadas a afiliados de las instituciones privadas de salud previsional (isapres) en 2015. Un estudio de la Superintendencia de Salud reveló que el 9,3 por ciento del total de subsidios de incapacidad laboral curativos tramitados en ese período correspondió a dicha patología.

También, naturalmente, puede haber otros factores, pero la sicóloga de la Universidad Central, Carolina Pezoa, consultada por el diario La Tercera, advirtió que en la sociedad chilena “se está generando un grado de frustración muy elevado, que tiene que ver, por ejemplo, con los medios (de comunicación), la realidad social o la política, que están dando a conocer desigualdades sociales y eso decanta en trastornos mentales”.

Caso omiso

La revista Punto Final publicó, el 2 de septiembre pasado, un descriptivo y apocalíptico reportaje de Sofía Cáceres sobre crímenes y otras conductas antisociales, bajo un espeluznante título inserto en la primera página: “¿Estamos enloqueciendo los chilenos?”. Pese a ello, no consiguió motivar a una opinión pública bombardeada día a día por la temática economicista y farandulesca de medios duopólicos y transnacionales. Tampoco ayudó el origen izquierdista de la publicación, cerrada tras el golpe de estado de 1973. Entre otros datos, se recuerda que Chile casi duplica a Estados Unidos en tasas de depresión y que la de suicidios supera el promedio de los países de la OCDE, constituyendo, agrega la revista, la segunda causa de muerte entre personas de entre 20 y 40 años.

Para el académico y doctor en Etica y Democracia, Alvaro Ramis, entrevistado en el reportaje, la situación es “preocupante” y la atribuye a múltiples causas, aunque subraya las condiciones impuestas por la precariedad del sistema laboral, la ausencia de protección social, la competitividad exacerbada, la falta de espacios de contención y redes sociales de apoyo basadas en lazos de confianza.

La Organización Mundial de la Salud aporta otra alarma estadística: Chile es el país latinoamericano con mayor consumo de alcohol per cápita (2014), con 13,9 litros anuales, en el caso de los hombres.

“Recomendación”

Desde la “alta” política, la sociedad se observa de otra manera. Se ha iniciado una nueva campaña tras el poder, pese a restar más de un año a la actual administración, con dos ex Presidentes como principales precandidatos, proclamados en la práctica por los partidos más fuertes. Piñera no se ha molestado en esbozar siquiera algunas soluciones y no dudaría en retrotraer al país a su postulación de 2009, cuando no existían las multitudinarias protestas ciudadanas por una educación de calidad y una previsión justa, entre muchas otras. Y Lagos, como aquél, tampoco se muestra coartado por el corrupto sistema de financiamiento de candidatos, legisladores y partidos políticos, de gobierno y de oposición, proveniente de consorcios privados e investigado por la justicia.

Nada menos que el ministro vocero del gobierno y los presidentes en ejercicio del Senado y la Cámara de Diputados se encargaron de poner “paños fríos” a todo lo descrito días antes de las pasadas elecciones, cuando, inspirados seguramente por el “realismo sin renuncia” proclamado por la Presidenta, recomendaron:

Si no te gusta ninguno (de los candidatos), vota nulo, pero vota”.

Todos saben que el voto nulo se cuenta, pero, como su nombre indica, vale cero.

Julio Frank S.

Imagen: La Tercera, 28-9-2016, diario.latercera.com

21/10/16

Presidente de la Cámara de Diputados: “Si no te gusta niuno, pone nulo”


Un curioso, distendido y pretendidamente “amistoso” llamado a votar en las elecciones municipales de este domingo 23 hicieron el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, y el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade.

“Nos costó retanto ganar el derecho a voto, cómo lo vamos a perder ahora. Y si no te gusta niuno, pone nulo, o pone… ya se te va a ocurrir qué poner”, expresó Andrade, textualmente. “Lo importante es que vayas a votar”, acotó, a su vez, el presidente del Senado.

Ambos aseguraron que entienden las protestas ciudadanas, pero enfatizaron en la necesidad de sufragar.

Las autoridades y dirigentes politícos se muestran alarmados por la posible alta abstención electoral, sumidos en una crisis de credibilidad durante ya varios años, aunque particularmente después que comenzara a conocerse oscuros manejos para el financiamiento de sus campañas. Transversalmente, conspicuos representantes de la llamada “clase” política están siendo denunciados, investigados y formalizados -y ya condenados en un caso- por la emisión sistemática de boletas de honorarios a grandes empresas privadas por trabajos dudosos.

Algunos casos: Penta, Soquimich, Corpesca.

El gobierno de Bachelet –quien ganó tres elecciones en 2013- también ha caído en las encuestas, tanto así que se ha desatado una precampaña presidencial faltando aún casi un año y medio de mandato.

J.F.S.

Fuente: youtube.com

25/9/16

“Nos han dicho ‘los chilenos son giles’”

El dirigente del movimiento social “No más AFP”, Luis Mesina, admitió que “estamos siendo estúpidos al permitir que una casta dirigencial que está contaminada, descompuesta, que goza del más alto desprestigio en este país, siga gobernándonos de manera impune, aplicándonos las recetas más añejas que en ninguna parte del mundo se pueden aplicar sino solamente en dictadura, como se aplicaron en Chile, pero consolidadas en un sistema ‘democrático’ que ha perfeccionado este modelo”.

Así lo declaró al ser entrevistado en Radio Universidad de Chile por el periodista y director de dicha emisora, Juan Pablo Cárdenas, el viernes 23.

Al mismo tiempo, el sindicalista adelantó que durante la próxima manifestación popular callejera contra el sistema previsional privado, el 16 de octubre, anunciarán un plan de acción “al punto más extremo”.

Junto con precisar algunos fundamentos técnicos y demandas sociales, el dirigente sindical bancario recordó que diputados argentinos que contribuyeron a la eliminación de las AFJP en su país se preguntaron por qué los chilenos eran tan “giles” por entregar sus ahorros previsonales a empresarios privados durante ya 36 años para que, al final de su vida activa, tengan que acudir al Estado y sus recursos públicos por una pensión mínima.

Rechazó también la actuación de los grupos económicos y su usufructo de un modelo contrario a los derechos fundamentales. “Nos tienen presionados por todos lados: nos estafan en la farmacia, en los laboratorios, en las clínicas, en las universidades. O sea, no hay área de la sociedad donde uno no sienta que lo están estafando”, afirmó.

Reiteró que se busca avanzar hacia un sistema de seguridad social moderno, como el de la gran mayoría de los países de Europa y Norteamérica, además de Brasil, Japón y Argentina –añadió-; es decir, “un sistema que funciona sobre un principio muy sencillo: que las contribuciones de los trabajadores activos se destinan al pago de las pensiones de aquellos trabajadores que están pasivos”. 

“Vamos a anunciar el 16 de octubre una política para, finalmente, presionar al punto más extremo, y lo digo responsablemente, para que la ciudadanía sea la que, finalmente, recupere derechos esenciales”, anticipó Mesina.

Llamó a la ciudadanía a tener confianza en sí misma, porque este y el próximo año, aseguró, “no se van a poder seguir paseando impunemente quienes legislan en contra del pueblo, de la ciudadanía. No van a poder hacer el puerta a puerta pidiendo el voto, porque la gente lo ha dicho en las redes (sociales): ‘No me vengan a tocar la puerta estos sinvergüenzas, estos inmorales, estos corruptos’”.

J.F.S.

23/8/16

Demoledora encuesta sobre nuestra “clase” política

La reciente encuesta de opinión del Centro de Estudios Públicos (CEP) arrojó desastrosos resultados sobre el desempeño político, gubernamental y legislativo de los conductores de este país, así como de su comportamiento ético.

El Centro de Estudios Públicos es un tanque de pensamiento ligado a la derecha chilena, cuyo trabajo es particularmente creíble para la “clase” política en general y esperado con ansiedad incluso por sectores de la centroizquierda.

He aquí algunas conclusiones de su Estudio Nacional de Opinión Pública de julio-agosto de 2016:

-El 85 por ciento de los consultados opina que Chile se encuentra estancado o en decadencia.

-El 68 por ciento califica la situación política general del país como mala o muy mala y el 89 por ciento cree que no cambiará o empeorará.

-El 92 por ciento califica la situación económica del país como mala o regular y el 85 por ciento cree que seguirá igual o peor.

-Sólo el 15 por ciento aprueba el desempeño de la Presidenta Michelle Bachelet; el 8 por ciento, el de su coalición, la “Nueva Mayoría”, y el 10 por ciento, el de la alianza opositora de derecha “Chile Vamos”.

-En la escala ascendente de 1 a 7, el 85 por ciento asigna notas 4 e inferiores al desempeño en general de senadores y diputados; el 31 por ciento lo califica como “pésimo”.

-El 50 por ciento opina que “casi todos” los políticos están involucrados en actos de corrupción y el 30 por ciento, que “bastantes”.

-El 59 por ciento declara estar satisfecho con su vida individual, pero sólo el 17 por ciento cree que el resto de los chilenos lo está.

-El 70 y el 62 por ciento no sabe o no responde sobre quién cree que será o quién le gustaría que fuera, respectivamente, el próximo Presidente de Chile. Entre quienes respondieron, el 20 y el 14 por ciento, respectivamente, cree que será o le gustaría que fuera Sebastián Piñera (por segunda vez) y el 5 por ciento, Ricardo Lagos (ídem). Del resto de los posibles candidatos presidenciales, algunos alcanzan a asomar la nariz.

El ex parlamentario y ex presidente de la Democracia Cristiana, Gutemberg Martínez, fue uno de los primeros en comentar: “Los resultados son pésimos, no sé cómo llegamos a esto”.

J.F.S.

Fuente: cep.cl

2/11/15

Esto no es un proceso constituyente

La Presidenta Bachelet elude un proceso impulsado pero no dirigido por el gobierno, con delegados electos libre y especialmente, representativos de toda la sociedad y deliberantes en forma autónoma. 

La propuesta sobre el procedimiento para llegar a una nueva Constitución anunciado hace algunas semanas por la Presidenta Michelle Bachelet no es un auténtico proceso constituyente, sino sólo un plan gubernamental. 

La gobernante ha anunciado una campaña de educación cívica elaborada por el gobierno, un proceso de reuniones y consultas vecinales no vinculantes, un proyecto de reforma constitucional para ser aprobado por los dos tercios de un Congreso binominal y cuestionado, y un proyecto de nueva Constitución redactado también por el gobierno y dejado a discreción de parlamentarios designados previamente por los partidos políticos. 

Al tiempo que no se sale un centímetro del marco institucional proveniente de la dictadura y acata incluso sus reglas más duras, habla de la necesidad de incorporar derechos sociales fundamentales y de facilitar una participación ciudadana efectiva; mientras asegura un proceso lejano a las experiencias venezolana, boliviana o ecuatoriana –consistentes, por paradoja, en una asamblea constituyente- y evita aparecer como un caudillo populista, delega finalmente su compromiso político en un Parlamento pinochetistamente institucional. 

Las etapas 

El plan partirá por una campaña de educación cívica de la que se desconoce aún su formato, medios de difusión y, sobre todo, el lineamiento de su contenido. Particularmente importante es cómo se identificará y tratará preceptos democráticos esenciales, como la soberanía popular y su máxima expresión, la Asamblea Constituyente, ambos minimizados y hasta denostados incluso por ex Presidentes de la República de la alianza gubernamental. 

Acto seguido, a partir de marzo próximo, el Ministerio Secretaría General de Gobierno organizará y coordinará una serie de consultas, diálogos, debates y cabildos a nivel comunal, regional y finalmente nacional, de la que sólo se conoce hasta ahora que no será vinculante; es decir, el gobierno, probablemente a través de una comisión de expertos, se reservará el “derecho” de incorporar, modificar o rechazar discrecionalmente los aportes ciudadanos. ¿Qué ocurriría si la mayoría de los convocados coincide, vulnerando dogmas económicos imperantes, en que los recursos básicos del país, llámense cobre, agua, mar territorial u otros, deben volver a manos del Estado para que beneficien a todos los chilenos? ¿Y si exige lo mismo respecto de los fondos previsionales de los trabajadores? 

A continuación, Bachelet, acudiendo a un Congreso elegido mediante un mecanismo binominal creado en dictadura y con varios integrantes comprometidos por investigaciones judiciales sobre financiamiento ilegal de la política, enviará un proyecto de reforma constitucional para que sea aprobado por los dos tercios de los parlamentaros en ejercicio, proponiendo motu proprio el quórum más alto de los ya prohibitivos establecidos por la Constitución de Pinochet para las reformas de fondo. 

Sería este Parlamento el llamado a decidir sobre el procedimiento por el cual su sucesor –elegido esta vez mediante un sistema semiproporcional- tramitaría a partir de 2018 el proyecto bacheletista de nueva Constitución: si una comisión bicameral de senadores y diputados, una convención de parlamentarios y ciudadanos, una Asamblea Constituyente o un plebiscito que delegue tal pronunciamiento en la ciudadanía. En una “clase” política donde lo republicano se centra en ella misma y la ciudadanía sólo tiene un papel de elector, no hace falta analizar mucho para suponer cuál mecanismo constituyente le conviene más. 

El desafío 

Así y todo, en la decisión de Bachelet de llevar adelante un proceso de nueva Constitución se observa mucho de autoimposición y desafío personal. ¿Estaríamos en esta instancia si ella se hubiera limitado a prometer sólo reformas puntuales? Lamentablemente, su buena intención se diluye en medio del sistema político que ella misma ha contribuido –y poderosamente- a consolidar: una democracia elitista e indiferente a la soberanía popular, que logra el contraproducente efecto de hacer inmutable e irreversible la herencia dictatorial. 

Lo verdaderamente trascendente y novedoso de todo esto, así como se prevé, será la reacción y actitud que en definitiva adoptará la población ante esta propuesta gubernamental, la más importante, sin duda, desde el término de la dictadura en 1990. 

¿Qué esperar? En este momento, un proyecto de reforma constitucional que faculta al Presidente para llamar a plebiscito, en trámite en la Cámara de Diputados, y una propuesta de Asamblea Constituyente presentada por los presidentes de las comisiones de Constitución de ambas cámaras. 

De la magnitud de la respuesta ciudadana, positiva o negativa, dependerá que la convocatoria presidencial a un proceso destinado a promulgar una nueva Constitución Política del Estado se transforme en un verdadero proceso constituyente, impulsado pero no dirigido por el gobierno, con delegados electos libre y especialmente, representativos de toda la sociedad y deliberantes en forma autónoma; o bien, como ha sucedido últimamente con los comicios generales, que los convocados se resten mayoritariamente, dejen la propuesta constitucional a su suerte y permitan que sus conductores políticos sigan interpretando en forma unilateral cuáles son los intereses y aspiraciones de los chilenos y actuando en consecuencia.

Julio Frank S.

2/10/15

Esto se llama Plebiscito Ahora y Asamblea Constituyente


Artistas y profesionales de la televisión y el cine adherentes al movimiento nacional ciudadano por un plebiscito, que permita al pueblo de Chile definir el mecanismo para elaborar una Constitución Política auténticamente democrática. 


Fuente: MarcaAC

7/9/15

Educación cívica y Asamblea Constituyente para niños (y grandes)


La Constitución es la ley de leyes, la columna vertebral y la brújula de un país, e impera sobre todos nosotros, por lo que su redacción no corresponde ni a diputados, senadores, jueces, ni siquiera al Presidente de la República, sino a todas las personas que componemos la sociedad, representadas en una Asamblea Constituyente.

Así lo explica el libro de educación cívica destinado a niños –y, por qué no, a mayores- titulado “La ciudadanía también es mía”, escrito por la abogada constitucionalista Paloma Valenzuela, ilustrado por Ana Sanfelippo y publicado por la editorial Pehuén hace algunos meses.

En tres sencillos y coloridos capítulos, el texto explica de qué se trata la vida en comunidad, qué es democracia y participación social, y cuáles son los principales derechos de los ciudadanos de un país.

Concluye resumiendo en qué consiste el Poder Constituyente y qué es una Asamblea Constituyente:

Poder Constituyente

Este es, probablemente, el poder más importante de los cuatro enumerados anteriormente (*). Su importancia fundamental está en que la Constitución es como la columna vertebral de un país, es la “ley de las leyes”, y si la comunidad fuera un grupo de personas que navega en un barco, la Constitución sería su brújula.

En ella están las reglas que nosotros nos damos, la forma en que nos organizamos y los derechos que todos, pero todos, debemos respetar. Como en esta “ley de leyes” están los principios que la comunidad se entrega a sí misma, su creación no corresponde ni a los diputados ni senadores, ni a los jueces, ni al Presidente de la República, sino a todas las personas que la componen.

La forma de lograr que sea la misma comunidad la que redacte su Constitución es mediante una Asamblea Constituyente, que es un grupo de personas que representan a los distintos sectores de la comunidad y que son elegidos especialmente para ese objetivo.

En una Asamblea Constituyente, de conformarse, todos tienen que ser representados ya que la nueva Constitución imperaría sobre todos. En consecuencia, todos tienen derecho a participar en ella: nosotros, yo y por supuesto tú, ya que la ciudadanía también es tuya”.

(*) Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Constituyente

J.F.S.

Fuente: Pehuén Editores

22/7/15

Proponen “modelo chileno” de Asamblea Constituyente y plebiscito para 2016


Los presidentes de las comisiones de Constitución del Senado, Alfonso de Urresti, y de la Cámara de Diputados, Leonardo Soto, entregaron el lunes al ministro del Interior de la Presidenta Michelle Bachelet, Jorge Burgos, una propuesta de proceso constituyente conformada por un itinerario definido y el llamado “Modelo chileno de Asamblea Constituyente”. 

El documento, explicaron los parlamentarios –militantes del partido de Bachelet, el Socialista-, contribuye al reciente anuncio de la mandataria en el sentido que en septiembre próximo se iniciará un “proceso constituyente” con amplia participación popular, en cumplimiento de la principal promesa de campaña: una Constitución democrática. 

Contempla una primera etapa de difusión del proceso y de las alternativas por dirimir por la ciudadanía, y culmina con la realización de un plebiscito nacional fijado para el 23 de octubre de 2016, paralelo a las elecciones municipales, en el que se formularía dos preguntas: 

1. Si se desea o no una nueva Constitución y 
2. De ganar la respuesta afirmativa, quiénes deberían redactarla: si una comisión de expertos, una comisión parlamentaria bicameral o una Asamblea Constituyente. 

Propone, además, un mecanismo para la elección, integración y funcionamiento de una Asamblea Constituyente basado en un total de 200 asambleístas, 110 de ellos elegidos por sufragio universal, 50 decididos por sorteo entre ciudadanos inscritos, 20 parlamentarios en ejercicio elegidos por sus pares y 20 representantes de las etnias originarias elegidos de igual forma. Se sugiere, además, una cuota de género del 40 por ciento. 

En el caso que la ciudadanía optara mayoritariamente por una nueva Constitución mediante este procedimiento, la elección de los delegados por voto popular se efectuaría en enero de 2017, lo mismo que la de los delegados generados por las restantes fórmulas. 

El cuerpo colegiado sesionaría durante seis meses, entre marzo y septiembre de dicho año. En noviembre siguiente, el texto acordado sería sometido a un plebiscito de ratificación y, de ser aprobado, comenzaría a regir como nueva Constitución Política del Estado dentro de un año.

Obstáculos que superar 

Sólo un partido se opone radicalmente a cambiar la Constitución vigente, la que fuera promulgada por Pinochet en 1980 y reformada por Ricardo Lagos en 2005: la Unión Demócrata Independiente (UDI). Sin embargo, el mecanismo constituyente propiamente tal despierta más polémica, ya que otra parte de la derecha y la Democracia Cristiana –integrante ésta de la coalición de gobierno- rechazan la posibilidad de una Asamblea Constituyente. Altos dirigentes de la DC propusieron a cambio una “convención constituyente” designada por el propio Parlamento. 

Aunque el resto del espectro político –PS, PPD, PC y otros referentes- promueve una Asamblea Constituyente, bastan todavía los altos quórum remanentes en la Constitución pinochetista para detener las reformas que afectan sus fundamentos y existencia. Está en trámite un proyecto de ley que permite al Presidente convocar a plebiscito con sólo el acuerdo simple de ambas cámaras, el que fue presentado por más de 50 diputados, casi la mitad de la Cámara Baja, y que, para ser aprobado, requiere el voto favorable de las tres quintas partes de los legisladores en ejercicio, es decir, en el caso de los diputados, la mitad más doce. 

La propia Presidenta se ha limitado a invitar a “cabildos, consultas, diálogos y debates” a nivel vecinal y ha evitado pronunciarse públicamente sobre una eventual Asamblea Constituyente. 

Y hay otro problema: la “clase” política y los parlamentarios en particular atraviesan una grave crisis de credibilidad ciudadana por el presunto financiamiento ilegal de sus campañas. ¿Tendrían autoridad aún para elegir y ser elegidos para un proceso que debiera ser lo más informado y transparente posible? 

Bachelet tiene ahora, además del citado proyecto de ley en trámite, una propuesta concreta, cuyos autores, conscientes de las aprensiones hacia el chavismo, la “evomanía” y otros temores externos, la han denominado “modelo chileno”.

Julio Frank S.

Foto: Campaña “Plebiscito Ahora”, deurresti.cl

1/6/15

Este es un ejercicio constituyente

 
“Arbol constituyente” 
Maya, “constituyente” de diez años.

Decenas de personas, trabajando en diversos grupos, realizaron el sábado un ejercicio constituyente ciudadano que les permitió captar la idea central, conocer y participar en el procedimiento básico de una Asamblea Constituyente. 

La actividad, organizada por movimientos como Revolución Democrática, Marca AC y otros en Santiago Centro, en calle Santa Rosa, consistió en integrarse a una “mesa constituyente”, en la cual cada participante expuso un breve diagnóstico sobre el problema social que más le afectaba como persona y ciudadano, y luego propuso una solución concreta al mismo, lo que fue anotado e incorporado a un “árbol constituyente” y a un acta -firmada por todos- como materia de un posible artículo de la nueva Constitución. 

Se habló de la deficiente atención de salud, la injusticia en el acceso al trabajo, la educación, la previsión y a una vivienda digna, la discriminación de género (expuesta por una “constituyente de diez años de edad), la contaminación del medio ambiente y la falta de pluralidad en los medios de información masivos, entre otros temas, relacionándolos directamente con la incapacidad de la actual Carta Fundamental para hacerse cargo de los mismos, además de haber sido elaborada en forma no democrática. 

Las propuestas generales, por lo tanto, confluyeron en la necesidad de consagrar en la nueva Constitución diversos derechos, entre otros, a salud, educación, trabajo y vivienda, así como la no discriminación por edad, género, raza, situación socioeconómica y otras condiciones. 

El pueblo es el soberano para redactar la norma legal más importante que lo rige fue el principio que rondó en las distintas mesas, por lo que la Asamblea Constituyente, integrada por delegatarios elegidos de diferentes sectores sociales, resultaba el mecanismo idóneo. Y en caso de no estar contemplada en la institucionalidad vigente, como es el caso de Chile, debía consultarse a la ciudadanía a través de un plebiscito.

Texto y fotos: J.F.S.